Mediante el decreto 420/2025, publicado recientemente en el Boletín Oficial, la Municipalidad de Concordia ratificó en todos sus términos el Convenio Interjurisdiccional para la Gestión Integral y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos”, suscripto por una parte, por la Provincia de Entre Ríos, representada por su Secretaría de Ambiente, y las localidades de Concordia, Puerto Yeruá, La Criolla, Los Charrúas, Colonia Ayuí, Estancia Grande y Colonia Roca. Es decir, la zona denominada “Concordia y Área Metropolitana”.
Todas esas ciudades, allá por el año 2016, constituyeron el Consorcio Intermunicipal Concordia (CIC), “con la finalidad de diseñar e implementar programas y acciones comprendidas en la Ley 10.311 en materia de Gestión Integral de Residuos”.
El reciente convenio, suscripto en abril de 2025 y publicado esta semana en el Boletín Oficial de Concordia, apunta a “lograr la reducción de la generación de residuos sólidos urbanos (RSU), disminuir los riesgos para la salud pública y el ambiente, promover la separación en origen, la recuperación y el reciclaje de materiales y reducir la cantidad de desechos que se trasladan a disposición final. Asimismo, se busca promover la toma de conciencia en la población y en los actores institucionales, públicos y privados respecto de las diversas responsabilidades y obligaciones que les caben como generadores de distintos tipos de residuos en espacios urbanos y rurales”.
El punto neurálgico sin dudas es el Abasto. La cláusula octava del convenio explica que las municipalidades “procederán a realizar la disposición final de los RSU (residuos sólidos urbanos) por el método de relleno sanitario o controlado en el Nodo Ambiental Regional Parque Abasto o en el lugar que lo reemplace en un futuro, siempre en base a lo acordado en el marco del CIC”. A renglón seguido, prohíbe “ingresar residuos industriales líquidos, semi líquidos, volátiles, inflamables, reactivos, corrosivos, tóxicos, irritantes, patógenos, infecciosos, capaces de producir cambios genéticos, radiactivos, contaminantes, explosivos, o que resulten peligrosos para la operación del sitio de disposición final. Los mismos deberán recibir el tratamiento y disposición final en su localidad o contratando a una empresa autorizada por autoridad competente según la normativa nacional y provincial vigente (Ley Nac. 20.051 y Ley Prov. 8888)”.
Las tres R
El convenio pivotea sobre tres principios: “reducción, reutilización y reciclado”. En la medida en que se cumpla con esas premisas, se conseguirá “la minimización de la producción de residuos en origen a través de medidas organizativas y operativas, la clasificación y/o segregación de las distintas corrientes de residuos, buscando su reaprovechamiento posterior y la reducción progresiva y sostenida en el tiempo de las cantidades que se trasladan a disposición final, para su eliminación y/o enterramiento posterior”.
Mientras el Estado provincial, a través de la Secretaría de Ambiente, se compromete a “brindar asistencia técnica, capacitación permanente e instancias tendientes al fortalecimiento institucional”, por su parte los «Gobiernos Locales» –o sea, las municipalidades- asumen a su cargo la obligación de gestionar en forma íntegra la totalidad de las etapas que conforman el sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU): promoción de la separación domiciliaria, la recolección diferenciada, la recuperación de las distintas corrientes o fracciones, con especial hincapié en los residuos orgánicos que puedan utilizarse para producir compost y/o generar bioenergía”
Objetivos precisos con plazos de cumplimiento
Tal vez lo más llamativo del convenio aparezca en su cláusula sexta, donde los objetivos están cuantificados, a la vez que se establecen plazos concretos para su cumplimiento.
“Los gobiernos locales –se lee en ese artículo- se obligan a implementar medidas, con plazos y metas concretas, tendientes a disminuir la producción de residuos domiciliarios, institucionales, industriales y de los grandes generadores y a reducir la cantidad de residuos enviados a disposición final para su enterramiento y/o eliminación. Realizando un especial énfasis en el tratamiento de los residuos orgánicos domiciliarios, industriales, residuos de aserraderos y forestales”.
“Las metas a fijarse –agrega- deberán observar los siguientes compromisos:
- Reducción del 10% del total de residuos enviados a disposición final al 31 de diciembre de 2025
- Reducción del 40% del total de residuos enviados a disposición final al 31 de diciembre de 2030
Y en la cláusula séptima, las municipalidades se comprometen a “implementar medidas, con plazos y metas concretas, y de forma articulada con la Provincia, tendientes a erradicar definitivamente los basurales a cielo abierto para el 31 de diciembre de 2030”.
Los municipios también se obligan a conformar una “Mesa GIRSU de Gobernanza, debiendo convocar a una amplia y diversa cantidad de actores, incluyendo universidades, sindicatos, organizaciones y movimientos sociales de recicladores y cartoneros, organizaciones no gubernamentales de perfil ambiental, centros educativos, escuelas y colegios públicos y privados entre otros. Dicha Mesa GIRSU contará con la asistencia técnica y operativa de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos”.
Por último, el convenio ratificado por el intendente Francisco Azcué incluye otro compromiso: “impulsar y constituir programas de Sellos verdes o similares en los grandes generadores (industrias, comedores, comercios, otros), con posibilidad de disminuir ingresos brutos o tasas impositivas a los locales y grandes generadores”.
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