Fuentes judiciales precisaron que el exsecretario de Trabajo durante una de las gestiones del exgobernador Sergio Urribarri, Guillermo Smaldone, solicitó “la suspensión de la audiencia de apelación a realizarse el 2 de julio en atención al acuerdo de juicio abreviado presentado con la Unidad Fiscal de Investigación (UFI)”. Las fuentes añadieron que se trató de un acuerdo por una pena de prisión condicional y el pago de una suma en concepto de reparación del daño.
Smaldone fue imputado junto al exgobernador Urribarri y otros ex funcionarios de esa gestión, por sus presuntas responsabilidades en hechos sucedidos cuando Urribarri, primero como ministro de Gobierno, y luego como gobernador de Entre Ríos, desde enero de 2007 aproximadamente, con el fin de generar un lucro ilícito para sí mismo y para Diego Armando Cardona Herreros, accionista y presidente de la firma Relevamientos Catastrales SA, se interesó en favorecer a esta última propiciando su contratación a fin de desarrollar e implementar software para la Administración Pública de Entre Ríos.
Según la acusación, en el presunto hecho habría participado, como vínculos con Cardona Herreros, los funcionarios Carlos Haidar, director de Informática; Miguel Ángel Ulrich, director General de Ajustes y Liquidaciones; José Gervasio Laporte, secretario Legal y Técnico, fallecido; Luis Alfonso Erbes, subsecretario de Presupuesto y Finanzas de la Provincia; y Humberto Flores, secretario de Hacienda de la Provincia, y Sergio Smaldone, quien estaba al frente de la cartera de Trabajo.
Además, a Urribarri y Haidar se les endilgó una “adenda” consistente en “la falsificación de las fechas en los actos administrativos mencionados permitió que la prórroga de ocho meses, se compute a partir de diciembre de 2009, cuando en realidad la prórroga de la contratación se había comenzado a gestionar en enero 2010; logrando así la empresa y los funcionarios intervinientes, percibir ganancias por meses que no implicaron contraprestación alguna”.
Smaldone ejerció en su condición de abogado, su propia defensa. Había presentado un recurso de queja contra la decisión del juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, que dispuso rechazar los recursos que Smaldone presentó solicitando la suspensión de la audiencia de remisión y su sobreseimiento fundado en su inocencia.
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