El juez del Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, Sebastián Gallino, resolvió este miércoles 20 de agosto “denegar la libertad condicional de HOGD” y dispuso “solicitar al condenado HOGD a abonar, en un término de diez días, 315.000 pesos, en la cuenta perteneciente a la Comisión Mixta integrada por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pudiendo proponer su pago en cuotas u otro modo alternativo…, en caso de no poder afrontar un único desembolso”.
La Ley Petri reglamentó la Ley 24.660 de Ejecución de la pena privativa de la libertad, y estableció prohibiciones para acceder a las salidas transitorias y libertades anticipadas a personas condenadas por determinados delitos. Entre las modificaciones que se aprobaron, se destacan las que limitan el acceso a beneficios como la libertad asistida en ciertos casos, especialmente para delitos graves como homicidios agravados, delitos contra la integridad sexual y otros, entre los que se encuentran los de narcotráfico. La Ley fue considerada no pocas veces como inconstitucional.
Gallino sostuvo que “este Tribunal por Sentencia del 24 de noviembre de 2023 condenó a HOGD a la pena única de ocho años de prisión”, y lo consideró “coautor penalmente responsable del delito de Comercialización de sustancias estupefacientes más su declaración de Reincidencia…”.
El juez analizó que el 5 de agosto de este año, la defensa del condenado solicitó la libertad condicional de su asistido. También abordó que aquella “fundamentó su pedido en el fallo de la Sala de Feria integrada por Ángela Ledesma y Juan Carlos Gemignani sobre el caso de CHB, condenado en 2020 a seis años de prisión por tráfico ilegal de drogas”.
La defensa, por su parte, recordó que su solicitud de libertad condicional había sido rechazada por el Tribunal Oral Federal 3 de San Martín, lo que llevó a la defensa a apelar la medida “y por mayoría, la Sala de Feria de Casación determinó que la prohibición absoluta impuesta en 2017 por la ‘Ley Petri’ vulnera la igualdad ante la ley y el principio de reinserción social, ambos protegidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales”.
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