Un senador radical denuncia «estafa a la buena fe» de sectores productivos
El legislador comparó esta operatoria especulativa con la regulación aplicada durante la gestión de Raúl Alfonsín, destacando la impotencia de los productores que reclaman una baja impositiva genuina desde 2008.

Desde la Cámara de Senadores de la Legislatura santafesina, el senador provincial Esteban Motta, representante del departamento San Martín, expresó su profunda decepción por el anuncio de «Retenciones Cero» formulado por el Gobierno nacional, presidido por Javier Milei.

El legislador, de extracción radical, calificó la medida como «una de las estafas más grandes para el sector productivo en los últimos años, en términos políticos y de políticas públicas».

Motta enfatizó que la supuesta eliminación de retenciones representó «una estafa en términos económicos a los productores, al Estado y, por supuesto, en términos de confianza». Aclaró que, si bien la noticia inicial generó un optimismo cauteloso en parte del sector, el trasfondo de la medida respondía, sin dudas, a una necesidad financiera del Gobierno nacional para la obtención de divisas. La promesa de un mes con retenciones cero, después de veinte años, escondía una «trampa» que pronto se hizo evidente para los operadores del sector agropecuario.

Los detalles de la medida

El anuncio de «Retenciones Cero» fue publicado en el Boletín Oficial, pero su alcance no era ilimitado. La norma establecía un cupo máximo de hasta 7.000 millones de dólares para «declarar ventas» sin la aplicación de este tributo. El senador Esteban Motta señaló que esta restricción fue el punto crucial de la «trampa», ya que las grandes cerealeras agotaron este cupo en tan solo tres días.

La crítica del legislador santafesino se centró en la celeridad con la que las compañías exportadoras cubrieron la cuota, dejando a la mayoría de los productores sin la posibilidad real de beneficiarse de la supuesta eliminación de retenciones. La medida, en lugar de ser un estímulo genuino para el sector, se convirtió en una herramienta para que las grandes empresas movilizaran sus operaciones bajo un esquema fiscal excepcionalmente favorable por un período muy acotado.

La controversia entre ventas declaradas y ventas efectivas: impacto económico

El senador Motta ahondó en la distinción entre «declarar ventas» y «efectivizar ventas», un matiz crucial que, a su juicio, desvirtuó el espíritu de la medida. Mientras que la primera se refiere a la presentación de papeles, la segunda implica la comercialización real de granos. El legislador recordó que, en tiempos del expresidente Raúl Alfonsín en la década del ’80, se regulaban las ventas de los exportadores que no contaban con existencias físicas. Sin embargo, en la actualidad, se les otorgaría tiempo a las cerealeras para adquirir los granos y oleaginosas, aprovechando el beneficio de las retenciones cero.

Para el senador Esteban Motta, esta operatoria no fue más que «un crédito muy caro de los exportadores al erario nacional». Graficó el impacto fiscal de la medida, estimando que su costo para el país equivale a la construcción de 1.500 kilómetros de rutas nuevas o a la edificación de 30.000 viviendas sociales, lo que subraya la magnitud de la pérdida para las arcas estatales.

Hacia un nuevo modelo agrario

Frente a este escenario, el senador Esteban Motta reafirmó la necesidad de fortalecer el federalismo de concertación, tal como lo establece la Constitución Nacional. Propuso una alianza estratégica con las demás provincias para garantizar la previsibilidad que requieren los sectores productivos. Según el legislador, cualquier reducción de retenciones debe ser previsible, anunciarse antes de la siembra de una nueva campaña y estar acompañada de pautas fiscales y comerciales claras, condiciones que, a su entender, se han perdido en la Argentina.

Finalmente, el senador Motta instó a adoptar políticas internas similares a las de países desarrollados, como los Estados Unidos, en lugar de depender de «limosnas». Sugirió la implementación de una ley agrícola integral que regule, por un plazo mínimo de cinco años, las condiciones de producción agropecuaria en materia ambiental, fiscal y comercial, buscando brindar la estabilidad y el marco normativo que el campo argentino necesita para su desarrollo sostenible.


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