La Justicia Federal de Santa Fe dictó este martes la prisión preventiva para el productor frutillero Franco Poccia, de 25 años y oriundo de Arroyo Leyes, imputado por someter a servidumbre a 45 personas, entre ellas dos menores de edad, provenientes de Santa Fe y Chaco.
La medida fue dispuesta por el juez de Garantías de Rosario, Eduardo Rodríguez Da Cruz, en el marco de una audiencia cautelar que se llevó a cabo tras un cuarto intermedio solicitado por la defensa.
Poccia permanece privado de su libertad desde el pasado miércoles 1 de octubre, fecha en que fue detenido durante un importante procedimiento que incluyó a fuerzas policiales, el Poder Judicial y agencias estatales de control abocadas a la asistencia de víctimas. El sábado siguiente a su aprehensión, el productor había sido imputado por los fiscales federales de Santa Fe Walter Rodríguez y Milagros Traverso.
La acusación de la Fiscalía Federal
Durante la audiencia de medidas cautelares, el juez Rodríguez Da Cruz consideró acreditados los argumentos de la fiscalía. Los fiscales Rodríguez y Traverso le atribuyeron provisoriamente a Poccia el delito de «trata de personas con fines de sometimiento a la servidumbre, agravado por cuestiones de vulnerabilidad de las víctimas, menores de edad en dos casos y la cantidad de víctimas que ascienden a 45». La defensa, a cargo del abogado particular Pedro Busico, había solicitado un plazo de 72 horas para estudiar el caso, y en la jornada de este martes, planteó al magistrado que «se trata de una cuestión de irregularidad ante la Ley de Contrato de Trabajo y no de un delito», adelantando que apelará la medida privativa de la libertad, luego de que el juez rechazara un planteo de prisión domiciliaria.
El megaoperativo en Arroyo Leyes
El operativo que derivó en la detención de Poccia fue ordenado por la Justicia Federal y realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe la semana pasada. Tuvo lugar en un predio rural ubicado a la altura del kilómetro 17,5 de la Ruta Provincial Uno, en jurisdicción de Arroyo Leyes. La labor, que estuvo supervisada in situ por el fiscal Walter Rodríguez, contó con la colaboración de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Criminalística de la provincia, así como de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) y la Coordinación de Rescate Nacional. En dicha oportunidad, se produjo la detención de Poccia, sindicado como el principal responsable de la maniobra investigada.
Las voces oficiales y la complejidad del delito
A propósito del hecho, las autoridades brindaron una conferencia de prensa en el Ministerio de Seguridad de Santa Fe el pasado viernes. En la ocasión, los fiscales Traverso y Rodríguez, junto con el Director Provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, ofrecieron un contexto de lo ocurrido. El Dr. Rodríguez explicó que la Unidad Fiscal Santa Fe interviene en este caso, encuadrado en el delito de trata de personas por explotación laboral, desde mediados de septiembre a raíz de la denuncia de tres personas.
Desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación reconocieron que, si bien «puede ocurrir que esta situación esté naturalizada» en la zona, apuntaron que «quien crea que está en condiciones de dar a conocer un delito de esta clase tiene, por supuesto, la posibilidad de hacer una denuncia». En este sentido, el Dr. Galfrascoli sostuvo que «estamos hablando de un tipo de delito al cual lamentablemente estamos acostumbrados desde hace mucho tiempo. No nos sorprenden condiciones como estas que se están dando», ya que «la vulnerabilidad social y el aprovechamiento por parte de personas que se granjean beneficios económicos por la situación lamentablemente se ve a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe».
La postura de la defensa
Consultado por este medio, el Dr. Busico, a cargo de la defensa de Poccia, explicó que las víctimas referidas por la fiscalía «en realidad es gente que viene a Santa Fe por necesidad de trabajar, que vive en el campo porque elige vivir en el campo y que trabaja las horas que quiere pero no está obligada por el empleador». El letrado reconoció que «se los trae para hacer recolección de cosecha -en este caso de frutillas- y si quieren ganar más dinero escogen trabajar doble turno», asegurando que «se les paga aparte por hora, incluso más de lo que dice el convenio colectivo de la Uatre».
El abogado fue contundente al afirmar que «las personas que estaban en el campo pidieron quedarse ahí, a pesar de la presencia de la Uatre, Renatre y un organismo de protección de víctimas de trata». Según Busico, los trabajadores «quieren quedarse hasta diciembre, que es lo que acordaron con Poccia, porque ganan 300 mil pesos por semana y trabajan entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía o de madrugada hasta 9 am si hace mucho calor».
En cuanto a las condiciones habitacionales del predio, el abogado respondió que «hay dos campos, uno de una persona de nacionalidad boliviana de apellido Girón donde hay un rancho y viven hacinados. Mientras que en el campo de Poccia hay una construcción con 4 habitaciones con baño donde viven 4 personas por pieza».
Además, apuntó que «otros prefieren alquilar en la zona; también hay trabajadores de la zona que no viven en el campo; y otros a los que se les alquilaban habitaciones linderas al campo». Respecto a su cliente, Busico destacó que tiene una explotación donde produce frutillas, zapallitos y berenjenas según la etapa del año, y que para ello «hace cursos en el INTA, de lo que acompañé un informe de agrimensor donde consta que cumple con las ordenanzas».
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