La Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo reanudó este miércoles en el Senado de la Nación el proceso para designar al Defensor del Pueblo de la Nación y al Procurador Penitenciario. El encuentro, celebrado en el Salón Illia de la Cámara alta, fue presidido por el senador nacional Daniel Kroneberger (UCR) y contó con la diputada nacional Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) como secretaria. La sesión marcó un paso clave al definir las próximas etapas, que incluyen audiencias públicas para evaluar a los postulantes.
Candidatos confirmados y el cronograma de audiencias públicas
Para el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación, quedaron en carrera un total de 38 postulaciones, mientras que para la Procuraduría Penitenciaria se confirmaron siete candidatos. Los aspirantes deberán presentar un plan de trabajo detallado en un plazo de 48 horas. Posteriormente, las audiencias públicas, un paso fundamental para la evaluación de idoneidad, tienen previsto su inicio el 29 de octubre.
Consenso legislativo sobre la importancia institucional del cargo
Desde el oficialismo y sectores de la oposición, se destacaron los avances en el proceso. El senador Kroneberger subrayó que la apertura de estas vacantes representa «una respuesta a los argentinos» y salda «una deuda de la política». El legislador pampeano enfatizó la transparencia y el cumplimiento de los plazos en un procedimiento que inicialmente recibió 76 postulaciones para la Defensoría del Pueblo y 17 para la Procuraduría Penitenciaria.
En la misma línea, la senadora Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria) resaltó el significado institucional de poner fin a 16 años de vacancia en un cargo tan relevante como la Defensoría del Pueblo. La legisladora mendocina valoró la decisión de televisar las audiencias públicas, garantizando así «publicidad, transparencia y acceso ciudadano al proceso». Por su parte, la diputada Stolbizer defendió la legitimidad del procedimiento, señalando que ha sido «celebrado por numerosas organizaciones de la sociedad civil que reclamaban su apertura desde hace años» y que se buscará garantizar «la máxima calidad posible» en la terna final, priorizando la idoneidad y la trayectoria en derechos humanos de los candidatos.
La objeción de Lilia Lemoine y la propuesta de impugnación
Sin embargo, el proceso no estuvo exento de críticas. La diputada libertaria Lilia Lemoine (La Libertad Avanza) cuestionó duramente la metodología, argumentando que se estaba «bufonizando» el procedimiento para acelerar la designación del Defensor del Pueblo. La legisladora afirmó que el oficialismo carece del tercio necesario de votos en ambas Cámaras para una designación legítima.
Lemoine criticó la presencia de candidatos con vínculos políticos y judiciales, y sostuvo que el proceso «está mal» por no respetar la Constitución Nacional, el federalismo ni el derecho democrático. En su intervención, preguntó cómo era posible que hubiera candidatos legisladores, ex legisladores, miembros de grupos políticos o un juez destituido por abuso de poder. Reiteró que «no se está respetando el derecho democrático» y que el proceso se aceleró luego de que La Libertad Avanza perdiera el tercio de apoyo en el Congreso.
La diputada Lemoine llegó a proponer la impugnación del proceso, sugiriendo que «solo fueron notificados los que están conectados con la política» y que los 39 finalistas fueron seleccionados «a dedo». Este momento y la posterior réplica de la senadora Fernández Sagasti generaron repercusión en redes sociales, con la diputada nacional Marcela Pagano (también de La Libertad Avanza, aunque enfrentada a Lemoine) ironizando sobre la «lecto-comprensión» necesaria para entender el proceso.
Respuestas a las críticas y defensa de la transparencia
En respuesta a las objeciones de Lemoine, la diputada Stolbizer rebatió los argumentos, mientras que la senadora Fernández Sagasti fue categórica al recordar que «es una responsabilidad de los legisladores que no haya Defensor hace quince años». La legisladora de Unión por la Patria denunció que «el gobierno intentó frenar el proceso por motivos políticos e institucionales» y reivindicó el compromiso de su bloque para seleccionar a los candidatos que representen «la mejor expresión de la institucionalidad argentina».
Sobre las «incompatibilidades» mencionadas por la diputada Lemoine, la senadora Fernández Sagasti aclaró que la ley se refiere a incompatibilidades «en ejercicio» de la Defensoría de la Nación, lo que significa que no se puede tener otro cargo, ni siquiera partidario, mientras se ocupa la titularidad del organismo. Las autoridades de la Bicameral, Daniel Kroneberger y Margarita Stolbizer, manifestaron sorpresa ante la moción de impugnación. Fernández Sagasti concluyó que le «extraña que se falte a la verdad para intentar ensuciar un proceso que la Constitución nos manda a los legisladores». La senadora detalló que para ambos procesos de selección se exigió la entrega de certificados de antecedentes penales, de deudores alimenticios y un plan de trabajo, elevando «la vara de lo que establece la Constitución Nacional y la ley».
La vacancia histórica de la Defensoría del Pueblo y el rol de la Corte Suprema
El Congreso de la Nación ha puesto en marcha este proceso para designar al Defensor del Pueblo de la Nación tras 16 años de vacancia en el cargo. Desde la renuncia de Eduardo Mondino en 2009, la ausencia de acuerdos políticos impidió su cobertura, situación que llevó a reiteradas exhortaciones por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En una sentencia dictada en el mes de agosto, el Máximo Tribunal volvió a reclamar una ley que regule los procesos colectivos, un fallo en el que los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz remarcaron cómo la falta de un «ombudsman» condicionaba el trámite de expedientes clave.
La Constitución Nacional establece que el Defensor del Pueblo «actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad» y que su misión es la «defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas». El cargo tiene una duración de 5 años y requiere el «voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las Cámaras», una mayoría especial que no se había logrado en más de tres lustros. La decisión de iniciar este proceso se tomó en una reunión de la oposición, sin el aval de La Libertad Avanza, luego de la última exhortación de la Corte.
Próximos pasos y plazos definidos para la Bicameral
Una vez confirmados los preseleccionados, los candidatos asistirán a audiencia pública ante la comisión el 29 de octubre. Finalmente, el 5 de noviembre, la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo deberá confeccionar una terna de postulantes y elaborar el proyecto de resolución correspondiente, el cual será elevado a ambas cámaras para su tratamiento y votación. Los mismos plazos y fechas regirán para el concurso destinado a la designación del Procurador Penitenciario.
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