La compleja investigación judicial y legislativa en torno a la causa del fentanilo contaminado, que se vincula con la muerte de 173 pacientes, avanza en múltiples frentes. En el ámbito de la Justicia, la pesquisa está bajo la órbita del Juez Federal de La Plata, Ernesto Kreplak. Paralelamente, en el Congreso Nacional, continúa operando la comisión especial investigadora, presidida por la diputada rosarina Mónica Fein, que tiene previsto presentar sus conclusiones el próximo 9 de diciembre.
El objetivo central de esta comisión es no solo rendir cuentas sobre el trabajo realizado, sino también aportar elementos cruciales para el debate de nuevas normativas que prevengan la repetición de una tragedia de esta magnitud.
Familias de víctimas de Santa Fe se reúnen con legisladores provinciales
El impacto de este caso resuena con particular fuerza en la provincia de Santa Fe, que registra un número significativo de víctimas. Del total de fallecidos y afectados que la Justicia federal investiga, 59 corresponden al territorio santafesino, con una abrumadora mayoría de 49 casos atendidos en la ciudad de Rosario.
En este contexto, la agenda sumó un encuentro clave programado para el miércoles próximo a las 11 horas en la Legislatura santafesina. Allí, familiares de las víctimas mantendrán una reunión con integrantes de la comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara baja provincial, visibilizando la demanda de respuestas y acciones concretas.
El rol de la comisión especial del Congreso Nacional y la participación santafesina
Los familiares de las víctimas han sido, desde el inicio, un motor esencial para el avance de la causa. Su activa participación se evidenció el pasado 3 de noviembre, cuando asistieron a una reunión de la comisión investigadora en la sede del Concejo Municipal de Rosario. En aquel encuentro también estuvieron presentes la diputada Silvana Giúdice (LLA), vicepresidenta, y la diputada Victoria Tolosa Paz (UxP), secretaria de la comisión. Este cuerpo legislativo fue creado por unanimidad en la Cámara de Diputados de la Nación durante la sesión del 17 de septiembre pasado, reflejando la transversalidad del interés en esclarecer los hechos.
Detalles de la investigación judicial a cargo del Juez Federal Ernesto Kreplak
En una reunión celebrada el 19 de noviembre, el Juez Kreplak brindó detalles sobre los pasos de la indagación judicial, que se encuentra en pleno curso. Aunque el magistrado enfatizó la necesidad de «garantizar el derecho de todas las partes» y no revelar «nada que pudiera afectar el éxito de la investigación», sí explicó cómo se inició y desarrolló el proceso desde el 13 de mayo pasado.
En esa fecha, el juez tomó el caso por sorteo, luego de la denuncia y la posterior alerta emitida por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).
Cómo se detectó el fentanilo contaminado y la actuación inicial de Anmat
Inicialmente, la alerta se refirió a «un brote por dos bacterias detectadas solamente (hasta ese momento) en el Hospital Italiano de La Plata, donde daban cuenta de 15 pacientes afectados, 13 de ellos fallecidos». Las autoridades de dicho hospital, donde se descubrió la presencia de ampollas de fentanilo contaminado o adulterado, fueron las primeras en exponer ante la comisión investigadora de Diputados.
En ese centro médico, en particular, se halló un lote de la sustancia contaminada con dos bacterias, proveniente del Laboratorio HLB Pharma Group SA de Laboratorio Ramallo. Este hospital había adquirido 10 mil ampollas, de las cuales utilizó 1.300, y ya registraba 15 víctimas, una cifra que, lamentablemente, continuó en aumento.
El desafío de rastrear un millón de ampollas de fentanilo y las deficiencias en el control estatal
Posteriormente, se supo que el lote inicial investigado contenía 154 mil ampollas. Con 1.300 ampollas que ya habían producido 15 víctimas, la potencial afectación era exponencialmente mayor, lo que planteó la urgente incógnita sobre el paradero y destino del resto de las unidades. El Juez Kreplak explicó el concepto de «campaña» en la producción de medicamentos, indicando que la campaña en la que se produjo el fentanilo en cuestión concluyó con 6 lotes de ampollas, lo que sumaba un total de un millón de unidades.
El magistrado advirtió que la «magnitud de este problema era muy seria» y señaló falencias cruciales: la Anmat «no tenía información suficiente ni oportuna de lo que estaba ocurriendo con el medicamento producido. No sabía dónde estaban las ampollas de fentanilo». Si bien el organismo había dictado la prohibición de uso del fentanilo HLB y de toda la medicación de esa firma en general, dependía del propio laboratorio para recuperar esas sustancias. En la inspección de la Anmat se lograron recuperar muestras del lote que salió a la venta, confirmando la contaminación, pero el juez remarcó que «dependió de que los laboratorios conservaran esa información; el Estado no la tenía». No obstante, el magistrado destacó la labor del Instituto Malbrán en las pesquisas.
El complejo rastreo de los lotes de fentanilo y el relevamiento de casos afectados
Más tarde, el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA) comenzó a sumar casos de víctimas en Rosario, Santa Fe, Buenos Aires y CABA, aunque este sistema tampoco «permitía saber dónde estaban el resto de las ampollas». El juez precisó que se trataba de 7 lotes, incluyendo uno con fecha de vencimiento en octubre de 2024 (el 31200). A través de la Policía Federal Argentina, se oficiaron 187 establecimientos sanitarios en 13 jurisdicciones para establecer el stock de ampollas, y el juzgado se constituyó en depositario para asegurar que no se continuaran utilizando, a pesar de la alerta de la Anmat.
De los 7 lotes peritados, 5 fueron descartados y 2 confirmados como contaminados. De uno de ellos (el lote 7) se encontraron la totalidad de las ampollas. En el caso del lote 31202, con 154.530 ampollas, algunas de las cuales se aplicaron en el Hospital Italiano de La Plata, se determinó que 86 mil unidades fueron libradas al mercado (centros de salud). De estas, 85.848 fueron ubicadas en 51 centros de salud y dos droguerías. Respecto a las restantes, la interpretación fue que «si las habían adquirido y estaban en stock, habían sido administradas».
Inconsistencias en los informes de centros de salud y los próximos pasos de la Justicia
La otra gran incógnita a despejar es la cifra de casos no detectados por el SISA. El juzgado exigió a todos los centros de salud que informaran a quiénes se les había suministrado ampollas y cuál era la situación de esas personas. Las respuestas fueron «dispares: en algunos casos resultó completa y exhaustiva y en otros no», según Kreplak. Se recibieron declaraciones testimoniales de 41 directores médicos de centros de salud, de los cuales en 9 casos «las explicaciones no fueron satisfactorias».
Ante esta situación, se solicitaron las historias clínicas de la totalidad de los pacientes internados en el período de investigación para identificar a quiénes se les administró la droga. A la fecha, el juzgado se encuentra analizando «cientos de historias clínicas con decenas de páginas de 5 centros de salud». De 40 historias evaluadas hasta el momento, en 38 se confirmó que el uso del anestésico adulterado incrementó el riesgo de muerte. El Juzgado tiene la intención de analizar las historias clínicas durante los próximos meses, incluyendo la feria judicial, para reunir toda la información dispersa y, posteriormente, elevar los casos de víctimas fatales y no fatales, con el objetivo de «aproximarnos a un número final». El Juez Kreplak destacó que «hay una cantidad importante de sobrevivientes de la contaminación bacteriológica que también son víctimas de este suceso» y expresó su confianza en elevar la causa a juicio a mediados del próximo año.
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