El juez Federal de Reconquista, Aldo Mario Alurralde, abordó una agenda clave para la provincia de Santa Fe, incluyendo el narcomenudeo, el narcotráfico, la reforma constitucional, el nuevo Código Penal, las cárceles y las políticas criminales. En diálogo con El Litoral desde su despacho, el magistrado detalló que actualmente ostenta la subrogancia de tres juzgados federales: el de Reconquista y los federales 1 y 2 de Santa Fe capital, una situación que, aunque no es la óptima, refleja la severa crisis de magistrados que padece la jurisdicción.
Según Alurralde, la provincia cuenta con «cuatro jueces titulares para once juzgados federales», lo que implica que «todos los jueces de la jurisdicción están subrogando como mínimo dos juzgados».
El análisis sobre la asunción provincial del narcomenudeo
Consultado sobre la decisión de la provincia de Santa Fe de hacerse cargo del narcomenudeo, a casi dos años de su implementación, el juez Alurralde expresó un análisis «favorable». Destacó la multiplicación de actores en la lucha contra este flagelo, considerándolo siempre «positivo». Calificó la postura provincial de «muy valiente», ya que «podría haber dicho que era un problema de la Nación, pero decidió involucrarse».
Para el magistrado, la intervención de diversos estamentos y escalas permite «controles cruzados», fundamental en un contexto donde el narcotráfico «no distingue entre jurisdicciones, provincias o fronteras», haciendo indispensable el trabajo conjunto de todas las instancias del Estado.
la estrategia de control sobre la hidrovía y el punto débil del narcotráfico
En relación con el reciente anuncio del Gobierno nacional sobre el Plan Paraná, destinado a reforzar los controles en la hidrovía, el juez Alurralde reiteró una postura sostenida en el tiempo: «los controles al transporte de droga son los más efectivos que existen». Argumentó que la droga «hay que trasladarla; no se puede mandar por WhatsApp ni por correo electrónico», identificando el traslado como el «punto débil» de la cadena criminal. Subrayó que un procedimiento en ruta puede interceptar «kilos y kilos de estupefacientes» que, una vez en las ciudades, se fraccionan y dispersan en «múltiples kioscos», volviendo mucho más compleja su erradicación. Por ello, celebró «bienvenidas todas las medidas de control terrestre, aéreo y marítimo», ya que «si cerramos el grifo por el que ingresa la droga, vamos a tener mejores resultados».
Construcción de la confianza pública
Abordando la problemática de la corrupción, el juez Alurralde enfatizó la importancia de diferenciar «instituciones con personas». Sostuvo que la corrupción es un delito que «hace a la persona, no a las instituciones», y que la sociedad debe ser capaz de discernir esta distinción. «Yo administro justicia, pero no soy la justicia», afirmó, caracterizando la justicia como «un servicio que debe perfeccionarse todos los días». A diferencia de un acto de fe, la confianza en la justicia «se construye» mediante acciones y resultados concretos.
Reforma del Código Penal y el clamor por una «mano justa»
Respecto a la inminente reforma del Código Penal, el magistrado anticipó una normativa «más acorde a las necesidades de una sociedad cansada de que los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra». Hizo hincapié en que «la víctima también tiene derechos», y que en el caso del narcotráfico, «la víctima es la sociedad en su conjunto». Rechazó la noción de una «mano dura» y propuso una «mano justa», argumentando que las decisiones judiciales trascienden las «cuatro paredes» de un despacho y afectan directamente a la ciudadanía. Para Alurralde, la sociedad percibe la ineficacia estatal y demanda, «simple: justicia».
La situación carcelaria y el equilibrio en la política criminal
En cuanto a las críticas de organismos internacionales sobre la situación carcelaria, el juez Alurralde instó a evitar «los extremismos». Recordó que la Constitución Nacional exige que las cárceles sean «sanas y limpias», pero también garantiza el «derecho al acceso a una vivienda digna», que muchas personas no poseen a pesar de no haber cometido delitos. Argumentó que el Estado debe atender «ambos frentes» y evitar una «mirada unidireccional». Advirtió que oscilar «del garantismo extremo al punitivismo extremo» conlleva la pérdida del «equilibrio necesario en política criminal».
El impacto de las resoluciones judiciales en la ruta nacional 11
El magistrado, quien transita habitualmente la Ruta Nacional 11, relató su experiencia como «un ciudadano más» al dictar resoluciones que obligaron a Vialidad Nacional a mejorar el estado de dicha vía. En Reconquista, la sentencia «está firme y se está cumpliendo». Destacó que Vialidad reconoció «cinco años de atraso», no imputables únicamente al último gobierno, y que se contrató una obra con finalización prevista para fin de año, sobre la cual la entidad entrega «informes mensuales».
Alurralde enfatizó su deseo de que estas decisiones «no queden como un número de resolución más», sino que se cumplan. Aclaró que no lo interpreta como un «contenido político», pues no dictamina «cómo administrar», pero sí exige que «un bien público no puede abandonarse». Subrayó la coherencia de exigir controles a los conductores si las rutas no están en condiciones adecuadas.
Las implicancias de la Reforma de la Constitución en el servicio de justicia
Finalmente, el juez Alurralde valoró positivamente la reforma de la Constitución provincial, describiéndola como «muy buena» y «muy participativa», un «acierto» en su conjunto. En materia de justicia, consideró un «avance» la autarquía de los Ministerios Públicos y el límite de edad para los jueces de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Además, resaltó su impacto positivo en las autonomías municipales y el sistema tributario.
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