El ex secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, advirtió sobre la necesidad de implementar políticas preventivas para menores y analizó los debates pendientes tras la reciente reforma constitucional provincial. En ese contexto, consideró apresurada la decisión del Poder Ejecutivo de enviar a la Legislatura los pliegos para cubrir las vacantes en la Corte Suprema provincial.
Gabriel Somaglia, exsecretario de Justicia de la Provincia de Santa Fe en dos ocasiones, docente universitario y con activa participación en el Colegio de la Abogacía, dialogó con El Litoral para analizar la relación entre los poderes del Estado santafesino, los desafíos legislativos tras la reforma de la Constitución Provincial, y el debate sobre la imputabilidad de los menores.
La relación entre poderes
Al evaluar la relación entre los Poderes del Estado durante el último año, especialmente en lo referente a la actividad judicial, Somaglia señaló que «institucionalmente, el 2025 tuvo un punto de inflexión con la reforma de la Constitución«. Destacó que el proceso se caracterizó por «diálogos entre los tres poderes, donde cada uno defendió sus intereses naturales». Aunque hubo coincidencias, también se generaron «asimetrías», como la que afecta al inicio del conteo del plazo para la reelección entre el titular del Poder Ejecutivo y los legisladores.
Somaglia valoró positivamente que la Corte Suprema de Justicia deba tener un número impar de integrantes y una edad tope para sus miembros. Asimismo, celebró que los Ministerios Públicos posean mayor autonomía, aunque consideró que su independencia total aún merece un análisis crítico. Frente a algunos reparos, el jurista destacó como razonable que el Consejo de la Magistratura continúe en la órbita del Poder Ejecutivo como un órgano de integración mixta. En cuanto a otros órganos autónomos, como la Defensoría del Pueblo o el Tribunal de Cuentas, indicó que la nueva Constitución «dejaría su nexo con el Poder Legislativo pasando al Ejecutivo«, lo cual podría «acarrear a futuro algunas diferencias gremiales, como la uniformidad salarial».
A partir de este año, la Legislatura de Santa Fe tendrá el «desafío de reglamentar normativamente» estos ítems, lo que implicará una tarea compleja y de gran impacto institucional.
Tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial
Sobre la relación entre el gobierno de Maximiliano Pullaro y el Poder Judicial, Somaglia admitió que «es normal que así haya sucedido». Explicó que «encarar un recambio en la cabeza de un poder genera dificultades y tensiones, más todavía si parte de esa transformación se agita de manera pública». Criticó que parte de la estrategia incluyó «críticas ad hominem sobre algunos miembros del máximo tribunal, sin analizar que esa Corte nunca generó obstáculos a la gestión del Ejecutivo y a la estabilidad institucional, más allá de cualquier color político que aquel fuera».
El exsecretario lamentó la «falta de mayor volumen de diálogo para evitar que se abrieran grietas». A esto se sumó la «mora en cobertura de vacantes no solo de magistrados sino también de empleados», así como la «dilación en transferencia de recursos», lo que «sin dudas resiente el diálogo institucional y el vínculo con el sindicato de empleados».
Somaglia contextualizó esta situación en un panorama más amplio: «la vida democrática está transitando un clima hostil, en el cual la intolerancia va ganando espacio». Alertó que «las redes sociales y los algoritmos van moldeando parte de nuestra cotidianidad», conspirando contra el debate de ideas. Las diferencias, según su análisis, «se vuelcan en las cuentas de X«, profundizando prejuicios y críticas ad hominem sin contexto, lo que genera un «cierto agotamiento social hacia la política por falta de resultados y de transformaciones que nunca llegan».
La cobertura de vacantes en la Corte Suprema
Respecto a la propuesta del gobernador Pullaro para cubrir vacantes en la Corte Suprema, Somaglia consideró que «se ha apresurado un poco». Si bien los doctores Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco han manifestado en medios de prensa su intención de alejarse del Tribunal este año, «no es menos cierto que tampoco han presentado sus renuncias, motivo por el cual las vacantes aún no existen realmente». Según Somaglia, esta decisión «no ayuda a fortalecer los lazos entre esos poderes», pues se actuó «por impulso y no con la mesura que el contexto reclama».
No obstante, reconoció que los candidatos propuestos «cuentan con antecedentes para asumir el desafío con el que se los pretende honrar». Ahora, «la decisión sobre ellos recaerá en la Legislatura y sus acciones futuras lo definirán».
El Consejo de la Magistratura y los Ministerios Públicos
Somaglia defendió que el Consejo de la Magistratura permanezca en la órbita del Poder Ejecutivo. Argumentó que, tomando como referencia el «ineficiente, burocrático, caro y con una planta de personal excesiva» órgano a nivel nacional, «no es necesaria una superestructura». Propuso «reglamentar la labor de los examinadores con plazos perentorios, de manera ágil y eficaz», para que las conclusiones permitan elaborar una «terna vinculante» entre los tres mejores candidatos para que el gobernador pueda elegir. Actualmente, el gobernador recibe una lista alfabética de aprobados, lo que, a su juicio, «hace más inmotivada la elección que se hace».
Sobre el rol de los Ministerios Públicos a partir de la nueva Constitución, Somaglia calificó como un «logro» que la Acusación y la Defensa hayan alcanzado su «plena independencia como órganos extrapoder». Esto «satisface al sistema de división de poderes», aunque su «verdadero alcance e independencia real se irá viendo con el tiempo». Advirtió que, en esta «transición», el contrapeso será «perfeccionar mecanismos de rendición de cuentas para que esa libertad no se convierta en discrecionalidad». La tarea será ardua, ya que deberán «pelear sus presupuestos» y «debatir los procederes en los ascensos y cambios de funciones del propio personal y del perteneciente al Poder Judicial que hoy se entrecruzan». La Legislatura tendrá una «parada difícil de resolver con la futura ley en cuanto a los intereses disímiles».
Finalmente, Somaglia hizo hincapié en la necesidad de no olvidar el derecho a la defensa. Si bien se presta mucha atención a la Acusación debido al clima social, el servicio de Defensa, especialmente para los más vulnerables, debe ser atendido «en modo integral» e incorporado a la agenda pública.
En relación con su trabajo en el Código de Procedimiento Penal Juvenil, Somaglia afirmó que la baja de la edad de imputabilidad es un «debate que se viene postergando desde hace tiempo en Argentina» y que «sería un avance concretarlo». Señaló que «el tiempo corre y los menores de hoy no son los mismos de antes», en un contexto de deterioro social marcado por el «incremento de la pobreza, drogadicción y crecimiento de sectores vulnerables». Esta realidad lleva a «más menores a la deriva, sin educación, trabajo o control familiar», lo que «conlleva potencialidad delictiva» e interpela a la sociedad y al Estado.
Sin embargo, Somaglia expresó dudas sobre la eficacia de bajar la edad para que «menores de 16 años reciban una pena», preguntándose si «la cárcel posibilitará que el menor tenga una infancia o adolescencia constructiva». Dudó que se reduzca la violencia en esa generación, ya que «bajando la edad imputativa se atacarán las consecuencias tal como hoy lo reclama la sociedad, pero no las causas que hacen a la prevención». Insistió en que la prevención es una responsabilidad del Estado a través de «una política de seguridad, educación y salud hacia niños, niñas y adolescentes, donde la protección no sea luego del acto delictivo, sino anterior, preventivo».
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