Tras la asunción de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia, el Gobierno nacional impulsó un marcado giro en su política judicial, con la designación de Sebastián Amerio como nuevo procurador del Tesoro y la solicitud de renuncia a varios funcionarios clave. La medida busca consolidar el control sobre la cartera y asegurar el apoyo del Senado para avanzar en futuras designaciones.
Reorganización en la Cartera de Justicia
El ex viceministro de Justicia Sebastián Amerio asumirá como nuevo procurador del Tesoro, reemplazando a Santiago Castro Videla. Esta designación se enmarca en una serie de movimientos impulsados por el flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien ha iniciado una profunda reestructuración dentro de las dependencias bajo su órbita.
Fuentes oficiales confirmaron que Mahiques solicitó la renuncia a varios funcionarios clave. Entre ellos se encuentran Daniel Vítolo, titular de la Inspección General de Justicia (IGJ); Ana Belén Mármora, al frente del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH); Alejandro Melik, de la Oficina Anticorrupción; Juan Cruz Montero, de la Oficina de Bienes Recuperados, y Ernesto Gaspari, de la Unidad de Información Financiera (UIF).
En declaraciones a la señal A24, Mahiques explicitó su postura: «Llegué y pedí la renuncia de los funcionarios políticos». El ministro también subrayó la importancia de contar con «fiscales y jueces capacitados» en su gestión. El principal objetivo de Mahiques es consolidar el control sobre la cartera y sus jurisdicciones anexas, nombrando a colaboradores de su confianza.
Estrategia para el Poder Judicial
Con la llegada de Mahiques, el Gobierno ha vuelto a priorizar la cobertura de las más de 300 vacantes existentes en el Poder Judicial. Sin embargo, la administración busca actuar con cautela y evitar decisiones precipitadas. La estrategia inicial consiste en asegurar una mayoría sólida en el Senado que garantice la aprobación de los candidatos propuestos, evitando posibles vetos por parte de los legisladores que conforman la Cámara Alta.
En lo que respecta a la designación de jueces federales, proceso que exige una mayoría absoluta de 37 votos en el Senado, se contempla la posibilidad de avanzar con mayor celeridad una vez asegurado el respaldo político necesario, según informan fuentes cercanas a Balcarce 50.
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