El Gobierno de Santa Fe ha solicitado formalmente el apartamiento de cuatro ministros de la Corte Suprema Provincial en las causas vinculadas a la reforma jubilatoria. La medida se fundamenta en la presunción de que existen circunstancias que podrían comprometer la imparcialidad del tribunal en el tratamiento de los amparos presentados contra la normativa.
El planteo del Ejecutivo provincial se enmarca en la judicialización de diversos aspectos de la reforma previsional sancionada por la Legislatura. Dicha reforma introdujo cambios en el sistema jubilatorio de la Provincia con el objetivo de reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones y asegurar la sustentabilidad del régimen. Entre las medidas adoptadas por la nueva ley se destacan el establecimiento de un tope equivalente a 20 jubilaciones mínimas para los haberes más altos del sistema, así como la creación de un aporte solidario para beneficios que superen determinados niveles.
La judicialización y los casos emblemáticos
A raíz de estas modificaciones, jubilados y pensionados presentaron acciones de amparo para cuestionar la aplicación de la normativa. Un ejemplo claro del impacto de estas acciones es que, sobre un total de 117 personas que recurrieron a la Justicia para evitar la aplicación del tope de 20 jubilaciones mínimas, 36 obtuvieron fallos favorables en instancias inferiores. Estos 36 beneficiarios no fueron alcanzados por el tope y actualmente perciben haberes que oscilan entre los 10 y los 15 millones de pesos. De este grupo, 33 son jubilados provenientes del Poder Judicial.
Los jueces bajo la lupa: argumentos del Ejecutivo
En este contexto, la Provincia solicitó el apartamiento de cuatro integrantes del máximo tribunal santafesino al momento de resolver estas causas: Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler y Rubén Weder.
El argumento central del planteo oficial es que estos magistrados se encuentran alcanzados –ya sea de manera actual o inminente– por el régimen previsional que está bajo análisis judicial, lo que podría implicar un interés directo o indirecto en el resultado de las causas. Según la presentación judicial realizada por Fiscalía de Estado, uno de los ministros, Rubén Weder, ya reviste la condición de jubilado del sistema previsional provincial –con el beneficio suspendido mientras ejerce el cargo–, mientras que otro, Eduardo Spuler, presentó su renuncia para acogerse al retiro, decisión que fue aceptada por el Poder Ejecutivo. En tanto, los otros dos magistrados, Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez, manifestaron públicamente su intención de jubilarse en el corto plazo.
El planteo se fundamenta en el principio jurídico que establece que nadie puede ser juez en su propia causa, un pilar fundamental del debido proceso y de la garantía de imparcialidad judicial reconocida tanto por la Constitución Nacional como por los tratados internacionales de derechos humanos.
Recurso federal tras el rechazo provincial
La Corte Suprema de Santa Fe rechazó inicialmente el planteo de recusación al considerar que la presentación era improcedente. Tras esa decisión, el Ejecutivo provincial interpuso un recurso extraordinario federal para que la cuestión sea revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La defensa de la imparcialidad según el Gobierno
El Secretario de Seguridad Social de la Provincia, Jorge Boasso, explicó que el cuestionamiento busca preservar la imparcialidad del tribunal que deberá resolver los amparos contra la reforma previsional. «Lo primero que dijimos es que aquí está en juego el principio y la garantía de la imparcialidad. Estos jueces tienen un interés directo, actual e inminente en el resultado de la causa», afirmó el funcionario.
En ese sentido, agregó que «si ellos van a ser beneficiarios del mismo régimen previsional que está siendo discutido, terminan siendo jueces de su propia causa». Y señaló que, desde la perspectiva del Ejecutivo, esa situación «compromete la imparcialidad que debe garantizar el tribunal».
Impacto de la reforma y defensa del sistema
Boasso también defendió la reforma impulsada por el Gobierno provincial y remarcó que permitió evitar un mayor deterioro del sistema jubilatorio santafesino. «Gracias a esa reforma se salvó el sistema previsional de la provincia de Santa Fe, que además tiene de las mejores jubilaciones del país. La alternativa era transferir la Caja a la Nación o sostener el sistema provincial. La decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro fue mantenerlo», sostuvo.
El funcionario indicó además que los cambios introducidos permitieron reducir significativamente el déficit previsional. «En 2025 el déficit fue de 311 mil millones de pesos. Sin la reforma habría superado los 650 mil millones. Es decir, la reforma permitió reducir prácticamente a la mitad el desequilibrio del sistema», explicó. Por último, Boasso señaló que el diseño de la reforma buscó distribuir el esfuerzo fiscal dentro del sistema. «El aporte solidario se aplicó únicamente a quienes perciben jubilaciones más altas. Fue una medida redistributiva que pidió un esfuerzo mayor a quienes más ganan dentro del régimen», concluyó.
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