Vouchers de capacitación: el gobierno nacional reemplaza el plan Volver al Trabajo desde abril

El programa Volver al Trabajo, que alcanzaba a unas 900 mil personas y había reemplazado al Potenciar Trabajo, será sustituido desde abril por un esquema de vouchers para capacitación laboral en oficios, según informó el Ministerio de Capital Humano.

A partir de abril, el Gobierno Nacional implementará el cierre definitivo del Programa Volver al Trabajo. Este plan, que otorgaba una asistencia de $ 78 mil mensuales, será reemplazado por un sistema de vouchers de capacitación laboral, dirigido a un universo cercano a las 900 mil personas.

La medida fue comunicada este martes por el Ministerio de Capital Humano, cartera que conduce Sandra Pettovello. Esta decisión se alinea con la hoja de ruta definida por la Gestión Libertaria desde su inicio, enfocada en desarticular la lógica de intermediación, revisar programas sociales y condicionar la ayuda estatal a resultados verificables.

Más allá del cambio metodológico, esta determinación representa una clara definición política de la Administración Libertaria, que considera finalizada la etapa de transición para sostener esquemas heredados. La apuesta es reemplazar la transferencia directa por una herramienta vinculada a la formación profesional. «No es ajuste, es eficiencia», había declarado Pettovello semanas atrás.

Cronología del Programa

El punto final que ahora se oficializa se inserta en una cronología de políticas sociales. El Programa Potenciar Trabajo fue lanzado en marzo de 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, como respuesta a la pandemia y la crisis económica. Unificó planes previos con el objetivo de promover la inserción laboral formal, la capacitación y la mejora de ingresos para trabajadores en situación de vulnerabilidad. Originalmente, este programa abonaba la mitad de un Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Con el cambio de gobierno, dicho esquema comenzó a ser desmontado. En 2024, el Programa Volver al Trabajo surgió como reemplazo del Potenciar, con la premisa de corregir deficiencias estructurales, mejorar la transparencia y eliminar el control de las organizaciones sociales sobre los planes. La meta principal era establecer una relación directa entre el Estado y el beneficiario, sin la intervención de gestores o intermediarios.

En la actualidad, este programa transitorio dejará de abonarse para ser sustituido por un nuevo sistema de vouchers de capacitación, con el objetivo de facilitar la inserción laboral. En la práctica, el Gobierno da por concluida la última versión de una política de asistencia social que se extendió por más de seis años y que, en su momento, llegó a congregar a más de 1,3 millones de beneficiarios, impulsada por el deterioro económico y el crecimiento de los movimientos sociales involucrados en su administración.

Cambios

El cambio será palpable a partir de abril. El Programa Volver al Trabajo se abonará por última vez, y a partir de entonces, quienes formaban parte de este universo podrán optar por inscribirse en el nuevo sistema de formación. Los beneficiarios ya están recibiendo notificaciones a través de la aplicación Mi Argentina y por correo electrónico, informándoles sobre la finalización del plan y la posibilidad de anotarse en el nuevo esquema.

Según la información oficial, el segmento alcanzado por esta medida comprende a unas 900 mil personas. Este tramo del programa estaba concebido como una transición hacia el empleo, y la mayoría de sus inscriptos eran mujeres. En paralelo, otro grupo estimado en 300 mil personas quedará excluido de esta baja, ya que se encuentran encuadradas en un esquema de asistencia más permanente, orientado a quienes enfrentan mayores dificultades para insertarse laboralmente.

La reconversión, por lo tanto, no será homogénea para la totalidad del universo que alguna vez formó parte del Potenciar Trabajo. El Gobierno ha vuelto a segmentar a sus beneficiarios: un grupo egresa del esquema de transferencia mensual para ingresar a uno condicionado por capacitación, mientras que otro permanece, por el momento, en la red asistencial.

Semanas atrás, Sandra Pettovello había adelantado el marco conceptual con el que el oficialismo presenta el rediseño de la asistencia estatal. En un video difundido el pasado viernes 6 de marzo por redes sociales, afirmó que «técnicamente, los planes sociales no existen», sentando las bases para diferenciar entre prestaciones de la seguridad social y programas sociales.

Por un lado, ubicó a la Asignación Universal por Hijo (AUH), las jubilaciones y las pensiones como «derechos establecidos por ley», que no dependen de cupos, intermediarios ni discrecionalidad. Por otro, a los programas sociales, definidos como herramientas focalizadas, con objetivos concretos, reglas de acceso, condicionalidades y evaluación de resultados. «Si no funcionan, se modifican o se cierran», sentenció. Este es el principio que, sin rodeos, se aplica ahora sobre el Programa Volver al Trabajo.

Pettovello enfatizó que la gestión no ha reducido el número de personas asistidas, sino que ha ordenado las estructuras. Detalló que, al asumir, se encontraron con 125 programas sociales —»muchos superpuestos, duplicados, sin evaluación y con intermediación en la asignación de recursos»—, los cuales fueron unificados en 49 con «reglas claras y trazabilidad». Resumió esta política con la frase: «Eso no es ajuste, es eficiencia».

Del subsidio a la capacitación

En la práctica, el Programa Volver al Trabajo implicará que el Estado dejará de otorgar una transferencia mensual generalizada para transitar hacia un esquema vinculado a la formación. Los vouchers serán asignados directamente a los beneficiarios, quienes deberán inscribirse previamente y manifestar su voluntad de participar. Solo entonces podrán elegir cursos dentro de una red de centros de capacitación que se encuentra en proceso de conformación en todo el país.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Capital Humano en las últimas semanas, se está conformando una red federal de instituciones con propuestas adaptadas a las necesidades productivas de cada provincia. En este esquema, el Estado aporta la infraestructura, mientras que las empresas privadas se encargan de los contenidos, los capacitadores y los materiales. La premisa oficial es que el retorno al empleo se concrete a través de capacitaciones en oficios, certificaciones gubernamentales y convenios con firmas privadas.

Las condiciones de permanencia también sufrirán modificaciones. Quienes accedan al nuevo sistema deberán cumplir con estrictos requisitos de asistencia y continuidad en los cursos. En caso de abandono, perderían el beneficio sin posibilidad de reingreso. El mensaje subyacente de la Administración Libertaria es que el gasto público debe estar intrínsecamente asociado a resultados concretos en materia de formación.

Uno de los ejes fundamentales impulsados por el Gobierno desde el inicio de su gestión es la erradicación de la intermediación de las organizaciones sociales en la política asistencial. La reconversión del Programa Volver al Trabajo refuerza esta directriz. El vínculo se establecerá de manera directa entre el beneficiario y el Estado, eliminando gestores, mediadores y la estructura política que, durante años, articuló el acceso a los planes.

Hasta el momento, el monto específico de los vouchers no ha sido informado, y su valor podría depender tanto del número de inscriptos como del costo de las capacitaciones disponibles. En otras palabras, a pesar de su anuncio, el nuevo esquema aún presenta algunos aspectos por definir.

Dentro del propio Gobierno se reconoce que no todos los actuales titulares del Programa Volver al Trabajo se inscribirán en el nuevo sistema. Esta admisión es significativa. Se anticipa que una parte de los beneficiarios optará por capacitarse, mientras que otro segmento podría no hacerlo, ya sea por desinterés o porque actualmente realiza tareas en la informalidad, dado que la asistencia de $ 78 mil no constituía un ingreso suficiente.

Bajo esta perspectiva, la reconversión no implicaría la remoción de personas del mercado laboral, sino una modificación en la forma en que el Estado interviene en este universo. En sintonía con el rediseño de la política social del gobierno de Javier Milei, se destaca el fortalecimiento de la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, lo que mejoró la cobertura alimentaria básica y contribuyó a amortiguar los meses más severos del ajuste. No obstante, esta estrategia también ha planteado un desafío en cuanto a los incentivos para la formalización laboral en los segmentos de menor calificación. De ahí la relevancia del mensaje de Pettovello respecto a la diferenciación entre «seguridad social» y «programas sociales».


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