El Gobierno Nacional ha anunciado su intención de enviar al Congreso un proyecto de un nuevo Código Penal. Esta iniciativa, que busca endurecer penas, ampliar el listado de delitos imprescriptibles y tipificar nuevas figuras vinculadas al crimen organizado, la violencia urbana y los delitos tecnológicos, marca un paso significativo en la agenda de seguridad.
La confirmación provino del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien este martes por la noche informó a través de redes sociales sobre una reunión de trabajo con el presidente Javier Milei. En el encuentro, según el ministro, se decidió «avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal a la altura de los desafíos actuales».
Mahiques detalló que, durante la transición hacia la implementación del nuevo Código Penal, se trabajará junto al Congreso de la Nación en el endurecimiento y la armonización de las penas, así como en la incorporación de nuevos delitos.
Entre las figuras mencionadas se incluyen: delitos migratorios, estafas piramidales, «viuda negra», «salideras» y «entraderas» (robos domiciliarios y en vía pública), «motochorro», daño animal, armas en las cárceles, picadas ilegales y una centralidad sobre los derechos de las víctimas. Es pertinente recordar que, si bien se había previsto que el nuevo Código fuera tratado en el período de sesiones extraordinarias, el texto nunca llegó a las cámaras legislativas.
Primer anuncio y pilares fundamentales
El proyecto de reforma del Código Penal había sido inicialmente anunciado a principios de octubre por el propio presidente Javier Milei, acompañado por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El evento tuvo lugar en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza, en el marco de la presentación del «Plan de Tolerancia Cero con el Crimen».
Durante aquella ocasión, Milei afirmó que su administración pondría fin a «años de garantismo que se encargaron de atarle jurídicamente las manos a las fuerzas de seguridad, a jueces y fiscales que querían combatir el crimen». El presidente prometió que, de aprobarse las reformas, «quienes delinquen la van a pagar en serio», buscando que «los argentinos de bien puedan volver a vivir en libertad».
Por su parte, Patricia Bullrich detalló que el nuevo Código se asentaría sobre tres pilares esenciales: el agravamiento de las penas, la imprescriptibilidad de delitos considerados aberrantes y el cumplimiento efectivo de las condenas. «La Argentina tiene condenas bajas, ahora se termina la impunidad», sentenció la exministra.
Desde aquel primer anuncio, ya se adelantaba que la reforma propondría que delitos de gran envergadura, como homicidios, trata de personas, delitos contra la integridad sexual, narcotráfico, crímenes de lesa humanidad, terrorismo y su financiamiento, no prescribieran. Asimismo, se contemplaba un endurecimiento de las penas para delitos cotidianos, entre ellos hurtos, robos de celulares, entraderas, estafas piramidales, salideras bancarias, delitos viales, usurpación, falso testimonio y amenazas.
Alcances de la reforma y temas excluidos
Según trascendió, el nuevo Código Penal que el Gobierno Nacional tiene previsto enviar al Congreso no modificaría el delito de femicidio como agravante del homicidio. Tampoco se avanzaría con la regulación del aborto, una decisión estratégica para evitar generar reacciones adversas en el ámbito legislativo que pudieran obstaculizar la aprobación del texto.
La reforma del Código Penal se perfila como una de las prioridades que el Ejecutivo remitirá al Congreso durante la primera etapa de sesiones ordinarias. Esta decisión fue consensuada por la mesa política del oficialismo, buscando establecer la estrategia legislativa para los próximos meses y recuperar la iniciativa en temas de interés público.
La agenda legislativa incluye, además de las reformas a la Ley de Glaciares –que ya comenzaron a discutirse en audiencias públicas–, modificaciones a las leyes de Expropiaciones, Tierras, Manejo del Fuego y de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana.
También se contempla un nuevo esquema de financiamiento universitario, que deberá ser compatibilizado con el equilibrio fiscal, y la denominada Ley Hojarasca, impulsada por Federico Sturzenegger, cuyo objetivo es suprimir legislación y «liberar» la economía.
Proceso de elaboración y consultas
En relación con el Código Penal, el ministro Juan Bautista Mahiques se encuentra abocado a la redacción de una nueva propuesta, tomando como base el proyecto elaborado por su antecesor, Mariano Cúneo Libarona. Sobre esta iniciativa, ya se elevó una consulta a la Corte Suprema, y una comisión encabezada por el juez Mariano Borinsky también está trabajando en su revisión.
Revisión integral y enfoque del nuevo Código
Mahiques ha ordenado una revisión integral del borrador del Código Penal, con el objetivo de simplificar su estructura, reducir su extensión y dotarlo de mayor precisión técnica antes de su tratamiento legislativo.
El nuevo esquema buscará preservar la esencia del proyecto original, pero incorporará modificaciones sustanciales en su diseño. La intención del Ejecutivo es disponer de una normativa más clara y operativa, que se alinee con los principios del actual Gobierno Nacional y se adapte a los desafíos contemporáneos en materia penal.
Los cambios en análisis apuntan, en este sentido, al endurecimiento de penas para delitos económicos, narcotráfico, terrorismo y ciberdelitos. Asimismo, se incorporarán nuevas figuras vinculadas a problemáticas emergentes y se prevé una actualización en delitos informáticos, abarcando «hackeos», accesos ilegítimos y ataques a sistemas críticos.
El proyecto también contempla adecuaciones relacionadas con compromisos internacionales, especialmente en propiedad intelectual e industrial, y la inclusión de herramientas más estrictas para el combate del crimen organizado. En paralelo, se mantendrían figuras orientadas a sancionar conductas de funcionarios que afecten la estabilidad fiscal y monetaria.
De acuerdo con la información disponible, la redacción final del texto reduciría la cantidad de artículos, pasando de los 912 actuales a aproximadamente medio millar. Además de introducir nuevas figuras y aplicar un criterio de endurecimiento en el volumen de las penas, se ampliará la cantidad de delitos que no prescribirían.
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