El Gobierno Nacional autorizó esta semana un incremento en el límite técnico para la incorporación de bioetanol en las naftas, eliminando una objeción recurrente de las petroleras para usar hasta un 15% de este biocombustible. Esta medida se percibe como una señal positiva para morigerar precios y fomentar las energías verdes en el país. No obstante, la decisión no aborda la situación del biodiesel en el diésel, una prioridad para Santa Fe que aún espera definiciones políticas para recuperar su participación en el corte obligatorio.
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El Rol Estratégico del Biodiésel: Un Debate Económico y Político
Desde la sanción de la Ley 27.640 en agosto de 2021, impulsada por el Kirchnerismo que entonces detentaba la mayoría en el Congreso, el sector de pequeñas y medianas empresas (pymes) productoras de biodiésel en la Provincia de Santa Fe ha visto reducido su cupo en el corte obligatorio para el diésel a un escaso 7,5%. No obstante, el actual repunte internacional del precio del petróleo revitaliza el argumento económico para que estas empresas recuperen el 12% que les fuera asignado en 2006, por una ley impulsada por la misma fuerza política.
Durante el ciclo económico precedente, caracterizado por un dólar fuerte y restricciones a las importaciones, el biodiésel ofrecía una alternativa más económica al diésel, cuya producción nacional es insuficiente para cubrir la demanda interna de Argentina. Sin embargo, esta ventaja fue desaprovechada debido a una decisión política nacional que ha afectado negativamente a Santa Fe por cuatro años y medio. Actualmente, con un peso apreciado, un dólar contenido y el barril de petróleo en alza a raíz de la guerra en Medio Oriente, la opción de los biocombustibles recupera el interés oficial.
Una Señal desde el Gobierno Nacional
Esta semana, el Gobierno nacional autorizó un aumento en la cantidad de bioetanol permitida en las naftas. El límite técnico para su incorporación, un reclamo histórico del sector vinculado a los cultivos de caña de azúcar y maíz, fue elevado.
Esta medida fue particularmente bien recibida en provincias como Córdoba y Tucumán, principales productoras de bioetanol. Sin embargo, Santa Fe, cuya fortaleza radica en la producción de biodiésel para el diésel, no se beneficia directamente.
La Resolución 79/2026 busca mitigar la presión sobre los precios en las refinerías de petróleo, tradicionalmente reticentes a modificar el límite técnico que regula la presencia de oxígeno en las naftas. Concretamente, se habilita (no se obliga) a utilizar hasta un 15% de bioetanol en las naftas, superando el máximo anterior del 12%. Como referencia, los argentinos que viajaron a Brasil este año cargaron, sin advertirlo, nafta con hasta un 30% de biocombustible, dado que la «alconafta» del gigante sudamericano ha avanzado significativamente más que en Argentina. Ambos países iniciaron su desarrollo en esta área en la década de 1970; de hecho, Brasil prevé alcanzar un 40% de alcohol en las naftas en los próximos cuatro años.
No Más Excusas para la Casa Rosada
Hasta el momento, la Casa Rosada ha actuado conforme a sus principios de libertad de mercado, concediendo a las productoras de combustibles en Argentina la posibilidad de incorporar una mayor proporción de biocombustibles en las naftas. Sin embargo, no ha impuesto su uso obligatorio, ni ha exigido que los ahorros derivados de las ventajas productivas argentinas se trasladen a los precios de los surtidores.
La pregunta sobre si existen las condiciones en el país para que los productores de combustibles compitan en precios finales queda abierta para el consumidor. En Santa Fe, por ejemplo, el litro de nafta súper no se consigue hoy por menos de 2.005 pesos. A excepción de la Patagonia, que cuenta con un subsidio especial, los precios son más bajos en el AMBA y considerablemente más altos en las regiones del NOA y el NEA. Esto nos lleva a otra pregunta retórica: ¿pueden los biocombustibles contribuir a morigerar los precios en las estaciones de servicio?
Es claro que el ajuste del límite para el alcohol en las naftas argentinas responde a razones económicas (el precio del petróleo) más que técnicas. Es fundamental que, en el futuro, no se presenten excusas para revertir esta medida. Durante más de 20 años, las petroleras se ampararon en el supuesto límite técnico para preservar una mayor porción de un mercado interno con costos nacionales y precios fluctuantes según los vaivenes internacionales.
Millonarias Importaciones de Diésel
El diésel, a diferencia de las naftas, presenta una particularidad crucial: Argentina es importadora neta. Actualmente, el país podría ahorrar U$ S 1.500 millones en importaciones de diésel si incrementara el uso de biodiésel. Este potencial ahorro, sumado a la aceptación técnica en las regulaciones argentinas de que el diésel puede contener hasta un 20% de biodiésel, ofrece una nueva perspectiva.
Mientras que en naftas Argentina no depende de la importación, en diésel sí. Si décadas atrás un dólar caro justificaba aumentar el corte obligatorio de biodiésel, hoy es su mayor competitividad frente al petróleo importado el principal argumento a favor. La incertidumbre persiste: ¿se concretará este cambio?
Los empresarios pyme santafesinos del sector aguardan que las refinerías, bajo una lógica estrictamente económica, incrementen el uso de biodiésel. Resta por ver si esto sucede, dado que la política del Gobierno nacional es permitir, no obligar.
En cuanto al cupo de biodiésel a añadir al diésel, la perjudicial ley de 2021 impuso a las pymes santafesinas un mínimo del 5% (posteriormente elevado al 7,5% ante la evidencia de los costos). Técnicamente, las regulaciones aceptan hasta un 20% de bio en el diésel, y Santa Fe incluso demostró en 2018 que colectivos pueden funcionar con un 100% de biodiésel.
El Caso de Santa Fe y las Evidencias Técnicas
Históricamente, las autoridades provinciales y el sector han gestionado ante la Nación para modificar la ley que perjudica a Santa Fe. En el escenario actual, y por razones económicas contundentes que se suman a los probados beneficios ambientales de las energías verdes, las circunstancias juegan momentáneamente a su favor. Las conversaciones continúan y se esperan novedades en el corto plazo.
En 2018, Santa Fe respaldó con pruebas técnicas los beneficios del biocombustible, hallazgos que la Nación lamentablemente desechó en 2021. El Proyecto BioBus del Estado Provincial evaluó el rendimiento de dos ómnibus en Rosario que funcionaban exclusivamente con biodiésel (combustible B100, biodiésel al 100%). Otras unidades utilizaron una mezcla al 25%.
Este fue un trabajo integral de la Secretaría de Estado de la Energía de Santa Fe, el Municipio rosarino, la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), la Cámara de Empresarios Regionales Elaboradoras de Biodiésel (Cepreb), y la Consultora ALG.
Contexto Histórico y Legislativo
En 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner impulsó la Ley 26.093 de biocombustibles, que también procuraba el reconocimiento de esfuerzos ambientales argentinos para el pago de la deuda externa. Esta ley, que estableció un corte obligatorio del 10% para el biodiésel, perdió su vigencia y fue reemplazada por la actual Ley 27.640. La ley vigente, que inicialmente redujo el corte al 5% y luego lo subió al 7,5%, contradice acuerdos ambientales internacionales suscriptos por el país. Fue rechazada por las demás fuerzas políticas en el Congreso y aprobada únicamente por el oficialismo de aquel momento.
