El sistema de transporte público de pasajeros por colectivos en Santa Fe, esencial para miles de vecinos, enfrenta un escenario de incertidumbre. El reciente aumento del precio del gasoil, impulsado por el conflicto bélico en Medio Oriente, ha generado un significativo daño colateral que golpea directamente el bolsillo de las familias y la sostenibilidad de un servicio fundamental para la vida diaria en nuestra ciudad.
Desde fines de febrero de 2026, la escalada del precio internacional del petróleo provocó un aumento consecuente del gasoil en el país. Relevamientos privados indicaron que esta suba alcanzó el 27% a finales de marzo. En las estaciones de servicio de Santa Fe, el diésel ya supera los 2.100 pesos por litro en algunos surtidores. Este incremento se da en un contexto de volatilidad del mercado internacional del crudo y ajustes impositivos que impactan en el valor final del combustible, según publicó El Litoral.
Los expendedores de combustibles explicaron que la situación geopolítica global influye directamente en los valores locales. Llenar el tanque de un vehículo pesado (80 litros) con gasoil ya supera los 180.000 pesos.
El boleto urbano y el bolsillo del vecino
Este panorama genera interrogantes sobre la continuidad y el costo del servicio de colectivos, tanto urbanos como interurbanos. En nuestra ciudad, el último aumento del boleto urbano fue autorizado por la Municipalidad de Santa Fe, bajo la gestión del intendente Juan Pablo Poletti, a principios de marzo.
La tarifa plena pasó de 1.580 pesos a 1.720 pesos, lo que representó un incremento del 8,86%. Cabe recordar que no se actualizaba desde hacía seis meses, siendo el último aumento a fines de agosto de 2025.
Actualmente, el boleto frecuente (sin atributos sociales ni subsidios) es abonado por el 25% del total de usuarios del sistema, según datos municipales. El 75% restante de los pasajeros cuenta con algún tipo de descuento, como el boleto educativo, franquicias por discapacidad y acompañantes, u otras.
Para dimensionar el impacto, la tarifa plana (no subsidiada) que en enero de 2024 costaba 220 pesos, hoy asciende a 1.720 pesos. Esto implica un aumento porcentual del 681,82% en un período de dos años y un mes, como informó oportunamente El Litoral. Las causas de este incremento multifactorial incluyen la eliminación del Fondo Compensador del Transporte para el interior del país, la caída nominal de pasajeros que abonan tarifa plena, la inflación, las paritarias del sector y, ahora, el imparable precio del gasoil.
El impacto también se extiende al sistema de colectivos interurbanos en la provincia de Santa Fe, que tuvo una actualización tarifaria de alrededor del 28% a mediados de 2025.
El transporte en «escenario crítico»
La Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) expresó su «máxima preocupación» ante la escalada del precio del gasoil. «El ritmo de incrementos es insostenible. Estamos frente a un escenario crítico que pone en jaque la continuidad de los servicios», señalaron desde la entidad.
Advirtieron que el conflicto en Medio Oriente presiona al alza el precio del petróleo, generando un efecto en cadena que se traslada a los valores locales del combustible. Además, el incremento no solo impacta en el gasoil, sino que repercute en otros insumos esenciales para la actividad, como neumáticos, lubricantes y repuestos, profundizando la presión sobre los costos operativos del sector.
La ATAP alertó que esta situación «no solo pone en riesgo la sostenibilidad del transporte, sino también el entramado productivo que se articula en torno a la actividad. De continuar esta tendencia, podrían verse afectadas las frecuencias y la normal prestación del servicio».
La «caída de los ingresos» y el cambio de paradigma
Alejandro Clérico, presidente de la ATAP, profundizó en la crisis que atraviesan los sistemas de colectivos. Para él, la «caída de los ingresos para sostener el servicio es una cuestión medular». Si bien la situación compleja afecta particularmente al transporte interurbano, los servicios urbanos de nuestra ciudad también transitan realidades similares.
El escenario, que tiene raíces en la pandemia por el coronavirus, se complejiza por varias aristas: el precio del boleto pleno y la cuestión de los subsidios. «Hubo una quita de subsidios a nivel nacional, y hay subsidios provinciales no actualizados», explicó Clérico.
El referente de ATAP señaló que, lamentablemente, al aumentar el boleto, disminuye la cantidad de pasajeros transportados. A veces, la actualización tarifaria es la única herramienta para el sostenimiento de los servicios. Clérico explicó que hace algunos años cambió el paradigma tarifario: «El pasajero que pagaba el boleto entero antes era el que ‘ayudaba’ a solventar la falta de ingreso respecto de aquel que viajaba gratis. La ecuación era de un 60-40». Esto significaba que el 60% pagaba la tarifa completa y un 40% viajaba gratis, aproximadamente. «Hoy esa ecuación cambió: el 40% de los pasajeros viaja con algún tipo de gratuidad (Boleto Educativo Gratuito, personas con discapacidad) y es cada vez menor el número de pasajeros que abonan el boleto entero», detalló.
Respecto al Boleto Educativo Gratuito (BEG), una política pública provincial, Clérico aclaró que las empresas concesionarias absorben el 50% de su costo, mientras que la provincia cubre el 50% restante.
El atraso tarifario y el alto costo de mantener el sistema son importantes, considerando que la mayoría de los insumos están dolarizados. «Hoy una unidad 0 km de doble piso para utilizar en la provincia oscila los 600.000 dólares. Y a esto hay que sumarle el mantenimiento, porque recorre miles de kilómetros», agregó.
Posibles consecuencias para los servicios en Santa Fe
A todo este contexto se suman los fuertes incrementos del gasoil, que es el «insumo madre» para que un micro pueda circular por las rutas de Santa Fe prestando un servicio público.
Consultado sobre las posibles consecuencias si la situación no cambia, Alejandro Clérico fue claro y prudente: «De no cambiar este contexto, particularmente en los ingresos necesarios para sostener los servicios, es probable que sea imposible la prestación normal, tal como el régimen de concesiones lo establece».
Frente a la falta de ingresos necesarios para que la actividad resulte sustentable, sumado al aumento del combustible, todo esto podría derivar en una inevitable crisis financiera de las actuales prestadoras. Esto se traduciría en menos frecuencias, afectando directamente la movilidad de los santafesinos. «Ojalá Dios quiera que no ocurra, podríamos enfrentarnos a la imposibilidad material de prestar todos los servicios interurbanos que uno debería o quisiera prestar, o la imposibilidad de renovar el parque automotor, etcétera», advirtió.
El referente de ATAP recalcó que desde el sector «se está trabajando con el gobierno provincial». Afirmó que «la provincia nos ha recibido y escuchado, es un actor fundamental en la solución de este problema. Se está trabajando en conjunto con ellos partiendo de la premisa de que esto es un servicio público que hay que sostener».
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