El primer sábado de abril comenzó de manera violenta en Concordia. A las 6 de la mañana, la policía recibió un llamado que alertaba sobre una mujer herida en la habitación de una casa que compartía con su pareja. Cuando llegaron al lugar, ubicado en calles Sargento Cabral y 53, encontraron a la mujer en un charco de sangre. Tenía golpes y heridas de arma blanca. Luego de realizar un operativo cerrojo, encontraron al presunto autor, su pareja, en una vivienda ubicada en la misma zona en donde todo ocurrió. Lo detuvieron y quedó a disposición de la Justicia.
Desde ese día María, de 58 años, pelea por su vida en el hospital Delicia Concepción Masvernat. Ingresó en el nosocomio con múltiples heridas de gravedad: traumatismos punzocortantes en la región occipital, cervical y torácica, además de lesiones en la zona escapular y trapecio derecho. Está bajo sedación y con respirador.
En tanto, el agresor, de apellido Estigard, de 38 años, fue imputado por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género en grado de tentativa, según consideró la fiscal de la causa, Evelina Espinosa. Luego dictaron 90 días de prisión preventiva, que el acusado tendrá que cumplir en la Unidad Penal 3 de Concordia.
ANTECEDENTES
Horas después del hecho, los familiares de María comenzaron a publicar mensajes en las redes sociales. Para ellos, lamentablemente no era una novedad lo que ocurrió, sino que era un episodio “esperable”. Karen, la hija mayor de la mujer, es una de las que se manifestó frente a tribunales y la que se animó a romper el silencio. Entre lágrimas relató que su madre “vivía un calvario” y reclamó que “nunca tuvo respuestas ni contención”.
“Mi mamá sufrió antes otros momentos muy violentos. En noviembre del año pasado hubo un episodio muy feo y yo la acompañé a hacer la denuncia en la Jefatura de Policía. En ese momento pusieron una restricción que venció este mes y ahora pasó esto tan grave y feo”, contó a Mirador Entre Ríos.
Luego de hacer la denuncia, la mujer debió ser asistida por el servicio de Salud Mental del hospital, ya que sufría episodios de pánico. “Mi mamá estaba convencida de que él la iba a matar, ella sabía de lo que era capaz. Lamentablemente ahora cayó esa restricción y ella, no sé cómo o si antes de esto, volvió a relacionarse con él, que se acercaba para amenazarla y pedirle plata para mantener sus vicios. Todo lo que hacía era muy violento”, explicó.
Al referirse al último acto de violencia, narró: “Me enteré por mi hermano, que me llamó y dijo que habían matado a mamá. No había tenido diálogo con ella en el último tiempo porque se alejó cuando volvió a relacionarse con ese hombre. Todo es muy triste. Mi mamá está muy grave”.
A pesar de la lluvia, durante el día de la audiencia la hija de la mujer se hizo presente en tribunales junto con sus familiares y amigos. “Vamos a pedir justicia, queremos que pague por esto que hizo. También queremos que entiendan que deben mejorar el sistema, no puede ser que un tipo que tenía denuncias pueda acercarse las veces que quiera y no asistan a las víctimas. Ahora mi mamá lucha por su vida, pero vamos a pedir que ajusten lo que haya que ajustar para que nadie más sufra esto”, aseguró.
RETROCESO
Al igual que a la familia, el caso recordó a otras víctimas de violencia de género lo difícil que es lograr una protección completa tras la denuncia. En diálogo con Mirador Entre Ríos, Daniela Barboza, integrante de la Asamblea de mujeres, lesbianas, travestis, trans y nb+ de Concordia contó cómo ven la situación y por qué todavía es necesario mucho trabajo.
Al ser consultada acerca de lo que hacen la justicia y el Estado y si resulta suficiente, remarcó: “No. Nosotras siempre denunciamos la falta de políticas públicas y, en este momento, el desguace en materia de abordaje de violencia de género. La gravedad de este retroceso es tal que herramientas que en algún momento fueron clave, hoy ya no cumplen su función. Un ejemplo claro es el gabinete de asistencia, si bien existió como un espacio fundamental para apoyar y contener a las mujeres al momento de denunciar, hoy su trabajo es mínimo, prácticamente nulo. No contamos con esos espacios de contención donde las víctimas sepan a dónde ir, especialmente cuando están con sus hijos. Y esto no lo decimos solo nosotras, lo reconoce su propio fiscal de la Unidad de Violencia de Género y Abuso Sexual de la ciudad, quien admite que las herramientas son escasas y que no llegan a cubrir la demanda. El propio sistema admite hoy que sus recursos son insuficientes para resolver esta problemática que nos atraviesa”.
Luego se refirió a por qué sigue habiendo casos, a pesar del trabajo realizado durante los últimos años. “Hay que decir las cosas como son: Hoy el Estado no trabaja para generar conciencia. Esa tarea la cargamos nosotras. Somos los movimientos feministas los que sostenemos la lucha a puro pulmón para que nos escuchen; somos nosotras las que ponemos el cuerpo para acompañar a las víctimas y las que quedamos junto a las familias recogiendo los pedazos cuando el Estado llega tarde y la violencia se vuelve irreversible. Ayudamos a las mujeres a transitar el sistema para intentar evitar más muertes, pero la desidia estatal nos vuelve a arrojar a la violencia. Por eso lo decimos con esta claridad: el Estado es responsable de cada muerta y no es solo una cuestión de presupuesto; es, por sobre todo, una cuestión ideológica. La misoginia es su clave de funcionamiento y, desde esa lógica, nos dejan expuestas, solas, en la primera línea de fuego”.
OBSTÁCULOS EN LA JUSTICIA
La mujer también se refirió a los “obstáculos” que encuentra una mujer que decide denunciar a un agresor. “El primer obstáculo es el miedo, el miedo a que no cambie nada o a que la represalia sea peor. Pero a ese miedo se le suma una pared invisible pero real, la falta de autonomía económica. Muchas mujeres no denuncian porque no tienen a dónde ir con sus hijos ni cómo sostenerse, y el Estado no les ofrece una alternativa habitacional o económica real. Después viene el abandono. El sistema las obliga a transitar una ‘ruta crítica’ que suele empezar en comisarías sin perspectiva de género, donde se las cuestiona, y sigue en una justicia que es muy, muy lenta. En esa espera, lo que encuentran es una absoluta soledad y una falta de territorialidad. El Estado no llega a los barrios, espera que la víctima, rota y con miedo, llegue a él. Esa lentitud, sumada a herramientas que son solo un papel –como restricciones que nadie controla–, es lo que hace que terminemos teniendo muertas a pesar de las reiteradas denuncias”, explicó.
RECLAMO
Las familias de víctimas y las agrupaciones que trabajan con mujeres agredidas siguen reclamando lo mismo, que haya políticas claras de actuación. Mientras la policía trabaja y la Justicia aplica las herramientas que tiene, los casos siguen en aumento y parece importar poco.
