Tras la emisión de la resolución ministerial correspondiente, el Gobierno Provincial ha comenzado a instrumentar el cobro del resarcimiento por las pintadas amenazantes registradas en las escuelas de la Provincia.
En diálogo con El Litoral, Georgina Orciani, secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad, explicó que la medida busca «devolverle al Estado lo que el Estado erogó para poder cuidar a todos los santafesinos».
«Y eso es así —amplió la funcionaria— porque estamos en presencia de un delito; no es un juego o una broma. Es una intimidación pública que intenta amedrentar y quebrar la paz social. Por lo tanto, el desafío de toda la Policía de la Provincia y del Ministerio de Justicia es cuidar a los santafesinos y esto tiene un costo; tiene una consecuencia económica. Y como sabemos, todos los argentinos reaccionamos y repensamos nuestro accionar cuando lo que nos duele es el bolsillo», expresó Orciani.
Según sostuvo, el objetivo es «el recupero de ese dinero, y que aquel irresponsable que comete un delito y que alerta a toda la sociedad y hace que el Estado tenga que gastar recursos, los devuelva».
Desafíos en la identificación de responsables
Consultada sobre la dificultad para identificar a los responsables de las amenazas, Orciani indicó que los escenarios son diversos. «En algunos casos es el propio autor el que por distintos mecanismos, particularmente a través del habla, lo expresa. En otros, se requiere una actividad investigativa más profunda», detalló. La secretaria agregó que este es «un fenómeno que incluso excede las fronteras de la Provincia, y que se viene reflejando en todo el país».
«Son nuevas formas de cometer un delito; antes, lo normal era el llamado de amenaza de bomba y se podía rastrear rápidamente de dónde provenía. Hoy la situación es más compleja porque también los mecanismos de intimidación son distintos. En algunos casos tenemos pintadas, en otros son correos electrónicos; en algunos son mensajes por debajo de una puerta… En todos esos escenarios, las tareas investigativas son divergentes», explicó la funcionaria.
Alto nivel de esclarecimiento y perfil de los autores
Respecto al porcentaje de casos esclarecidos, Georgina Orciani afirmó: «De las 158 intervenciones que tenemos contabilizadas desde el 16 al 21 de abril, hemos tenido un alto nivel de identificación. Para ejemplificar, de las 78 llamadas registradas este martes en toda la Provincia (37 en Región Zona Sur y 41 en Región Norte) se lograron esclarecer 20 casos. Los niveles de investigación son muy altos y rápidos».
Estos avances, según la secretaria, permiten «avanzar en lo que es la acción final: el recupero del dinero invertido en los operativos, el resguardo del patrimonio del Estado (los edificios escolares) pero sobre todo, desacelerar y desalentar los llamados que se vienen haciendo». Al ser consultada sobre si los responsables identificados eran siempre alumnos de las escuelas, Orciani respondió afirmativamente: «Sí sí. Concurren a las instituciones que intentan amedrentar».
Caso Universidad Católica y sanciones educativas
En relación a las amenazas vía correo electrónico en la Universidad Católica, Orciani informó: «Por la proximidad en el tiempo (fueron este martes), el hecho está en plena tarea investigativa. Se está tratando de identificar el origen del correo electrónico».
Más allá del resarcimiento económico, la sanción en el ámbito educativo recae sobre el Ministerio de Educación, de acuerdo con su normativa. No obstante, Orciani aclaró: «Recordemos que esto no es una cuestión meramente administrativa. Ese alumno, si es un menor punible, termina con una causa penal y el registro en su legajo».
Desacelerar las amenazas
A pesar de las medidas implementadas, las amenazas continúan multiplicándose. Al respecto, Georgina Orciani reflexionó: «Yo creo que esto es un fenómeno que atraviesa a todo el país y que el fervor de las redes sociales y la factibilidad de la viralización es un hecho. Por lo tanto, tenemos que seguir siendo muy consecuentes en el mensaje y tenemos que darle tiempo».
La secretaria recordó que «el protocolo se anunció el viernes y se materializó este martes». Se espera que «cuando efectivamente llegue la primera notificación del cobro del resarcimiento, se va a ver el efecto». Sin embargo, subrayó la necesidad de «seguir trabajando con el Ministerio de Educación en la necesidad de diálogo porque esto no se puede resolver solamente desde lo coercitivo o lo sancionatorio. Demanda un trabajo y un abordaje conjunto con las escuelas, familias y con todo el aparato gubernamental».
Concluyó reiterando que, a pesar del alto nivel de esclarecimiento, «no se logra aún con este nivel de identificaciones desacelerar los llamados», insistiendo en que es un fenómeno ligado a los «retos de las redes sociales».
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