La Justicia de Santa Fe identificó a los jóvenes y menores de edad implicados en las amenazas de tiroteos que generaron alarma en escuelas del sur provincial.
Desde el Ministerio Público de la Acusación Circunscripción N°3 habrían logrado identificar a un número significativo de jóvenes presuntamente involucrados en las amenazas de tiroteos que generaron alarma en escuelas del sur-sur santafesino. Los episodios que encendieron las alarmas en la comunidad educativa se registraron específicamente en Venado Tuerto, Elortondo, Murphy, Firmat y Rufino.
Diferenciación de los implicados y las medidas judiciales
De acuerdo con fuentes confiables, los implicados tienen entre 16 y 18 años de edad, por lo que serán imputados bajo el sistema de responsabilidad penal juvenil. Paralelamente, también se detectaron menores inimputables –aquellos menores de 16 años–, quienes serán sometidos a otro tipo de intervención judicial.
Los adolescentes considerados punibles serán convocados a audiencias imputativas, donde la Justicia podría disponer la aplicación de medidas cautelares. Por su parte, los menores no punibles deberán comparecer ante el juez de menores para la imposición de medidas socioeducativas adecuadas a su situación.
Acciones de la justicia y seguimiento integral
En todos los casos, la Justicia habría solicitado el seguimiento de los jóvenes a través de distintas áreas del Estado provincial, lo que incluye la intervención sobre el núcleo familiar, en busca de un abordaje integral de la problemática.
Asimismo, se habrían realizado allanamientos y requisas en domicilios vinculados a los sospechosos, con el objetivo de secuestrar elementos considerados relevantes para el avance de la investigación.
Figuras penales y posibles condenas
Las actuaciones judiciales se encuadran, en principio, en las figuras penales de intimidación pública y amenazas agravadas. Según lo establecido por el Código Penal, quienes generen temor público o alteraciones del orden mediante este tipo de amenazas pueden enfrentar penas de entre 2 y 6 años de prisión.
En los casos agravados, como puede ser el uso de armas o la utilización del anonimato, las sanciones previstas pueden elevarse a un rango de entre 3 y 6 años de prisión. Sin embargo, la acumulación de delitos podría derivar en condenas que alcancen hasta los 12 años de prisión, dependiendo de la calificación final que determine la Justicia.
Conmoción en la comunidad y el rol de las redes
Los hechos provocaron una fuerte conmoción en las comunidades afectadas, generando especial preocupación entre familias, docentes y estudiantes. Las amenazas obligaron a activar protocolos de seguridad en las instituciones educativas y propiciaron un clima de temor en el ámbito escolar.
Desde diversos sectores se ha remarcado la necesidad de reforzar no solo los mecanismos de prevención, sino también las políticas de contención y acompañamiento destinadas a los jóvenes. En este contexto, el uso de redes sociales aparece como un factor clave en la propagación de este tipo de conductas que alteran la tranquilidad social.
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