La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe ha manifestado formalmente su honda preocupación por la significativa deuda que el Gobierno Nacional mantiene con la provincia en concepto de subsidios al transporte público de pasajeros, tanto urbano como interurbano.
El pronunciamiento fue impulsado por el senador por el departamento La Capital, Julio Francisco Garibaldi, y no solo exige la regularización de los pagos, sino que también incluye un pedido al Poder Ejecutivo Provincial para que destine fondos propios a los sistemas de transporte en el departamento mencionado, buscando paliar la crítica situación.
La minuta, aprobada por unanimidad, es contundente: «La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe solicita al Poder Ejecutivo Nacional que proceda a la regularización de los subsidios adeudados al sistema de transporte público urbano e interurbano, así como a la implementación de un esquema de financiamiento federal, equitativo y sostenible». Además, el cuerpo legislativo «vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial profundice y refuerce las medidas para garantizar la adecuada frecuencia y calidad del servicio, procurando reducir el impacto en el costo del boleto para los usuarios, en la Ciudad de Santa Fe y en los corredores interurbanos que la vinculan con las localidades de Monte Vera, Laguna Paiva, Arroyo Aguiar, Nelson, Candioti, Emilia y Llambi Campbell«.
En los fundamentos de la iniciativa, el legislador Garibaldi subraya que el proyecto tiene por objeto «poner de manifiesto la situación crítica que atraviesa el sistema de transporte público en la Provincia de Santa Fe, como consecuencia de los sistemáticos incumplimientos en el pago de subsidios por parte del Estado Nacional«. El legislador socialista enfatiza que la reducción en la frecuencia de los servicios interurbanos se ha convertido en un problema cotidiano para cientos de usuarios. Atribuye esta situación a causas coyunturales e inmediatas, como el aumento del combustible y otros costos operativos, pero también a una causa estructural: la desfinanciación del sistema por parte del Estado Nacional.
La disparidad
El senador Garibaldi describe un esquema de distribución de recursos «marcadamente desigual». Según expuso, «desde el año 2024, Santa Fe aportó aproximadamente $ 706.761 millones en concepto de impuesto a los combustibles y de ese total, solo retornaron $ 133.000 millones, es decir, el 19%». En contraste, «en el mismo período, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) recibió más de $ 1,6 billones en subsidios al transporte, mientras que Santa Fe no recibió nada». Este desequilibrio, concluye, evidencia la existencia de «dos sistemas de transporte en un mismo país: uno en el AMBA, subsidiado, con tarifas accesibles y alta frecuencia; otro en el interior, con costos crecientes y menor regularidad, a costa de los usuarios».
Para ilustrar esta asimetría, el legislador compara el costo del boleto. «A partir de abril de 2026, un boleto de colectivo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Microcentro/Constitución) a Tigre, distantes a más de 12 km, cuesta aproximadamente entre $ 900 y $ 1100 con SUBE registrada. Mientras que el boleto entre Santa Fe y Monte Vera supera los $ 2.700, es decir, casi el triple para trayectos similares».
Impacto
Como resultado de esta crítica situación, el servicio de transporte que conecta las localidades de Monte Vera y Laguna Paiva con la Ciudad de Santa Fe ha readecuado sus horarios, reduciendo drásticamente su frecuencia. La problemática de Monte Vera y Laguna Paiva no es un caso aislado, sino que se enmarca en una cuestión más amplia que afecta al sistema de transporte en todo el departamento La Capital.
La Ciudad de Santa Fe también sufre las consecuencias. En los últimos días, la empresa prestadora del servicio urbano redujo su flota en un 5%, lo que se traduce en 12 unidades menos prestando servicio en la capital provincial, en un intento por mitigar los costos de combustible. Estas empresas, además, reclaman $ 1.000 millones en concepto de «atributos sociales» (descuentos SUBE) correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo, que la Secretaría de Transporte de la Nación aún no ha transferido.
Las consecuencias de esta asimetría son tangibles: aumento del costo del boleto, reducción de la frecuencia y deterioro del servicio. Esto impacta directamente en el derecho humano a la movilidad en condiciones de accesibilidad, calidad y equidad; agrava las desigualdades territoriales, al implicar que vivir en el interior signifique pagar más por menos; y genera problemáticas urbanas y ambientales, al fomentar un mayor uso del vehículo particular, incrementando el tráfico, deteriorando la infraestructura vial y aumentando las emisiones contaminantes.
Los fundamentos del proyecto también reconocen las medidas implementadas por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, que ha destinado recursos significativos para evitar el colapso del sistema y sostener políticas como el Boleto Educativo Gratuito y el Boleto Rural. Sin embargo, se advierte que «ninguna provincia puede, por sí sola, reemplazar al Estado Nacional en una competencia que le es propia».
«Aquí radica el punto central de este proyecto. Lo que está en discusión es el modelo de país que se construye cuando el Estado Nacional decide suspender políticas en áreas estratégicas como el transporte. Cuando el Estado se retira, alguien paga el costo», y las consecuencias recaen en los usuarios, con boletos más caros y servicios reducidos.
El planteo no responde a una lógica de confrontación, sino a una exigencia de equidad. «No se reclama un privilegio para Santa Fe, sino un trato justo. No puede hablarse de federalismo si las políticas públicas más sensibles se concentran en una sola región. El transporte público es una herramienta de igualdad y de desarrollo», concluye la minuta. Es urgente que la Nación pague los subsidios adeudados y «asuma la responsabilidad de garantizar un esquema federal, equitativo y sostenible de financiamiento del transporte público». Al mismo tiempo, se impulsa al Gobierno Provincial a continuar fortaleciendo las medidas de contención, en la medida de sus posibilidades, para proteger a los usuarios y garantizar la prestación del servicio.
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