La Sala V de la Cámara del Crimen confirmó el procesamiento de dos médicos anestesistas, Delfina Lanusse y Hernán Boveri, imputados por el robo y uso ilegal de propofol. La medida judicial, dictada en Buenos Aires, llega tras la muerte por sobredosis de un colega, Alejandro Salazar, y acreditó el consumo compartido del fármaco y su fácil manipulación en el Hospital Italiano.
Confirmación de procesamiento para anestesistas
La investigación judicial en torno a la causa conocida como «Propofest» sumó un paso judicial decisivo. La Sala V de la Cámara del Crimen confirmó, por mayoría, el procesamiento de los médicos anestesistas Delfina «Fini» Lanusse y Hernán Boveri. Ambos profesionales se encuentran imputados por el robo y la utilización ilegal de medicamentos de uso estrictamente profesional. Con esta medida, Lanusse y Boveri continuarán formalmente procesados mientras el expediente penal sigue su curso.
El dictamen de la Cámara
El dictamen judicial llevó las firmas de los camaristas Ignacio Rodríguez Varela y Mariano Scotto, junto con la disidencia del juez Rodolfo Pociello Argerich. El documento emitido por la Cámara sostuvo que los testimonios y los elementos probatorios reunidos hasta el momento en la causa «permiten tener por acreditado el vínculo amoroso de los imputados y su consumo de propofol», desestimando así los planteos iniciales de las defensas.
La maniobra delictiva se reveló a partir de una serie de auditorías internas y denuncias cruzadas. Si bien el juez Pociello Argerich argumentó en su disidencia que los testimonios no lograban probar de forma directa que la totalidad de los lotes de medicamentos sustraídos provinieran de las estanterías del Hospital Italiano, los demás magistrados ponderaron como un elemento clave la declaración testimonial de una colega de Lanusse. Esta testigo expuso detalladamente ante los investigadores las circunstancias bajo las cuales un grupo de amigas y colegas médicas de la imputada decidieron romper el silencio y poner los hechos en conocimiento de las máximas autoridades de la institución de salud.
Acceso institucional y manipulación de sustancias
Los integrantes del tribunal recordaron que la comercialización y venta al público general de sustancias anestésicas como el propofol se encuentra estrictamente prohibida por las regulaciones sanitarias vigentes. Al desempeñarse como médicos residentes y anestesistas dentro del Hospital Italiano, tanto Lanusse como Boveri poseían una posición de privilegio: tenían acceso diario y directo al fármaco, gozaban de la facultad de solicitarlo en la farmacia interna de la institución y podían disponer de él sin levantar sospechas iniciales. El fallo acreditó de forma fehaciente que, en simultáneo con el consumo personal que realizaban, los procesados «tuvieron oportunidad cierta de manipularla en ocasión de su trabajo pues les era dispensada y confiada para realizar su labor».
El origen de la investigación
La causa judicial cobró estado público tras el trágico fallecimiento del anestesiólogo Alejandro Salazar, quien se desempeñaba en el Hospital Rivadavia y fue hallado sin vida en el interior de su departamento particular a raíz de una sobredosis de sustancias. Fue en ese marco de investigación derivado que las miradas de los pesquisas se posaron sobre las actividades de Lanusse y Boveri, quienes terminaron imputados por robo de fentanilo y propofol y fueron formalmente citados a prestar declaración indagatoria.
La estrategia de los imputados
Durante la instancia de las indagatorias ante los magistrados, los profesionales médicos adoptaron estrategias procesales bien diferenciadas:
- Hernán Boveri: El anestesista optó por ampararse en sus derechos constitucionales y se negó a prestar declaración ante el tribunal.
- Delfina «Fini» Lanusse: La médica residente decidió realizar un descargo de manera verbal —que luego lo ratificaría por escrito— en el cual hizo alusión a complejas cuestiones de índole personal e intentó posicionarse bajo el rol de víctima. El tribunal evaluó que dicho descargo careció de elementos sustanciales o evidencias que modificaran el eje central de las acusaciones del expediente.
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