Seis efectivos de la Policía de Santa Fe fueron detenidos en el marco de la investigación por la muerte de Mauro Daniel González, de 35 años. La medida judicial fue solicitada por la Unidad Fiscal de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación, a cargo del doctor Ezequiel Hernández, y representa el avance más significativo en la causa. Cinco de los arrestados pertenecen al Comando Radioeléctrico y el restante al Cuerpo Guardia de Infantería.
El fallecimiento bajo custodia policial
El deceso de Mauro Daniel González ocurrió en la madrugada del 18 de enero, mientras permanecía alojado en un calabozo de la Comisaría 8va, ubicada en el norte de la capital provincial. La reconstrucción del expediente indica que el entonces fiscal de turno había ordenado su libertad, una decisión que fue comunicada a la seccional policial alrededor de las 22.40 horas del día anterior. No obstante, esta disposición nunca llegó a concretarse. Ya en la madrugada del 18 de enero, cuando el personal policial se dirigió a notificarlo para efectivizar su liberación, el detenido no respondía a los estímulos, constatándose su muerte dentro de la celda.
Inicialmente, la causa pasó por la Fiscalía de Homicidios antes de ser remitida a la Unidad Fiscal de Violencia Institucional, donde se ordenó la aplicación del Protocolo de Minnesota para investigar muertes ocurridas bajo custodia estatal.
Un procedimiento bajo la lupa
La investigación se originó en la tarde del 17 de enero, cuando Mauro Daniel González fue aprehendido por personal del Comando Radioeléctrico frente a su vivienda de barrio Yapeyú. Esta intervención se produjo tras un llamado al sistema 911 que alertaba sobre un supuesto desorden en la vía pública.
Sin embargo, dicho procedimiento es actualmente uno de los principales focos de la pesquisa judicial. La querella, integrada por la familia de González y con el respaldo institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, sostiene desde el primer día que se trató de un caso de violencia institucional. Atribuye la muerte a la brutalidad desplegada durante el procedimiento policial, argumentando que la detención fue ilegal y estuvo acompañada por una violencia desmedida.
Testigos afirmaron haber observado golpes durante la reducción del hombre. Además, cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, habrían registrado distintos momentos del procedimiento. Fotografías y videos aportados por vecinos también forman parte del expediente.
Tras ser trasladado a distintas dependencias, González fue examinado por un médico policial, quien dejó constancia de lesiones que demandarían aproximadamente siete días de recuperación. Posteriormente, quedó alojado en la Seccional 8ª.
La investigación y la audiencia imputativa
Mientras la autopsia y otras pericias continúan incorporándose al expediente, la querella insiste en que el análisis no debe limitarse al momento del fallecimiento, sino abarcar toda la secuencia: la detención, el traslado, la asistencia médica recibida y las eventuales omisiones de quienes tenían el deber de garantizar la integridad física del detenido.
En este contexto se produjo la detención de los seis policías, quienes serán llevados el viernes a audiencia imputativa. En esta instancia, el fiscal Hernández les comunicará formalmente los delitos que les atribuye y expondrá los elementos de prueba reunidos durante la investigación. La causa ingresa así en una etapa decisiva. Más allá de las responsabilidades penales individuales que deberá determinar la Justicia, el expediente vuelve a colocar bajo examen el funcionamiento de los mecanismos de control sobre las fuerzas de seguridad y el tratamiento de las personas privadas de su libertad.
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