Un incendio en un geriátrico del barrio Nuevo Horizonte de Santa Fe puso al descubierto graves denuncias de maltrato y negligencia contra sus residentes, que según los primeros informes habrían sido ignoradas por meses. El hecho motivó una rápida intervención judicial, que busca esclarecer responsabilidades y determinar las causas de lo sucedido en el establecimiento.
Las alertas previas al incendio en el hogar de Nuevo Horizonte
Mucho antes de que las llamas expusieran públicamente la crítica situación dentro de un hogar de tránsito clandestino en barrio Nuevo Horizonte, existían ya denuncias formales, cartas desesperadas y presentaciones ante diversos organismos del Estado. Estos documentos, a los que El Litoral tuvo acceso, advertían sobre una realidad que, de acuerdo con su contenido, podía derivar en un desenlace de mayor gravedad. La cronología de estos sucesos adquiere hoy otra dimensión tras el incendio que motivó la intervención judicial y la detención de un empleado del establecimiento.
La documentación permite reconstruir una serie de hechos que comenzaron a materializarse meses antes del siniestro. El primer antecedente data del 2 de marzo de 2026, cuando se presentó una actuación ante la Superintendencia de Servicios de Salud. Este documento, que luego fue incorporado como prueba en la causa, constituyó una de las primeras advertencias.
La primera denuncia penal y el presunto desvío de fondos
Más de un mes después, el 22 de abril, una joven santafesina, cuya identidad El Litoral preserva como D.E.R.D., radicó una denuncia penal en el Centro de Denuncias Centro, sito en calle Las Heras 2883. La actuación quedó registrada bajo el número D-0100500311-0140520-20260422-1.
En su declaración, D.E.R.D. relató haber descubierto extracciones de dinero de la cuenta donde su padre cobraba la pensión por discapacidad, señalando como responsable a la mujer que administraba el hogar donde él residía desde el año anterior. La denunciante reconstruyó cómo su padre, afectado por el mal de Parkinson, había sido internado inicialmente en el Nuevo Hospital Iturraspe y luego derivado al Hospital Protomédico «Dr. Manuel Rodríguez» de Recreo.
Según su relato, durante la internación, una trabajadora social le explicó que, debido a la imposibilidad de la familia de afrontar un cuidado permanente, el paciente sería trasladado al hogar de Nuevo Horizonte. Fue en ese momento cuando, siempre de acuerdo con la denuncia, les solicitaron la entrega del DNI, la tarjeta donde se acreditaba la pensión y el PIN bancario del paciente. La joven sostuvo que el pedido le pareció extraño, pero lo aceptó ante la insistencia de la asistente social y la administradora, quienes argumentaron la necesidad de esos datos para concretar el traslado. Pocos días después de su llegada al establecimiento, el padre debió ser internado nuevamente en el Hospital Cullen por un cuadro de neumonía.
«Mi papá lloraba»: El testimonio de la denunciante
En diálogo con este medio, la denunciante aseguró que cada vez que visitaban el establecimiento encontraban a su padre «cada vez más delgado y deteriorado». Contó que él les decía que «casi no recibía comida, que muchas veces no le daban la medicación» y que «lloraba mientras les pedía ayuda». Estos dichos constan en las denuncias presentadas.
Asimismo, describió otra escena que la impactó. Declaró que, durante una visita, su madre encontró a un hombre mayor «acostado en un rincón del patio, pidiendo que alguien lo llevara al médico» porque, según él, nadie lo atendía. La denuncia también sostiene que el establecimiento carecía de médicos y enfermeros permanentes, no garantizaba condiciones mínimas de higiene ni alimentación, y que la administradora cobraba mensualmente la pensión del padre de la denunciante.
Como respaldo de sus dichos, D.E.R.D. puso a disposición de la Fiscalía fotografías, conversaciones de WhatsApp, actuaciones administrativas y otra documentación vinculada al caso.
El dramático pedido de auxilio de Luis César Arriola
Tres semanas después de la primera denuncia, el 15 de mayo, la denunciante acudió primero a la Defensoría del Pueblo. Según consta en la presentación judicial, allí le recomendaron radicar una nueva denuncia para posibilitar la intervención de la Secretaría Provincial de Adultos Mayores. Ese mismo día, regresó al Centro de Denuncias Centro y presentó una segunda denuncia, registrada bajo el número D-0100500311-0156168-20260515-9.
En esta ocasión, además de fotografías y conversaciones, aportó una carta manuscrita por uno de los propios residentes. La denunciante relató que el 7 de mayo, mientras celebraba el cumpleaños de su padre junto a su madre, recibió una hoja doblada que él guardaba. Era una carta escrita por Luis César Arriola, otro de los hombres alojados en el establecimiento.
En el texto, Arriola describía una situación desesperante: afirmaba no recibir asistencia médica ni medicamentos, padecía hambre, sufría agresiones físicas y psicológicas, y su problema de visión empeoraba rápidamente. Pedía que la situación fuera denunciada ante la Policía o el Ministerio Público de la Acusación, y rogaba ser sacado de allí antes de quedarse ciego. La segunda denuncia agrega que, semanas antes de escribir esa carta, Arriola ya había expresado verbalmente la necesidad de atención médica urgente, la cual no le era provista.
El incendio, un desenlace visible
Meses más tarde, el incendio que consumió parcialmente el hogar clandestino fue el suceso que hizo que su nombre trascendiera en la provincia. Hubo evacuaciones, intervención policial y una investigación judicial que culminó con la detención de un empleado del lugar. La Justicia ahora intenta determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades penales.
La documentación a la que accedió El Litoral deja en claro que el incendio no fue el inicio de la historia, sino el momento en que la situación dejó de ser invisible para la opinión pública y los organismos que no habían intervenido hasta entonces.
La investigación sobre la inacción estatal y una presunta red
Mientras la causa penal busca establecer la responsabilidad de quienes administraban el establecimiento, surge inevitablemente otra línea de análisis: la actuación de los organismos públicos frente a las reiteradas denuncias. Los documentos demuestran que las advertencias llegaron a distintas dependencias estatales: el 2 de marzo de 2026 se registró una presentación ante la Superintendencia de Servicios de Salud; el 22 de abril, la primera denuncia penal en el Centro de Denuncias Centro; y el 15 de mayo, una consulta en la Defensoría del Pueblo seguida de la segunda denuncia penal, que incluyó material fotográfico, conversaciones y la carta de Luis César Arriola.
Es decir, al momento del incendio, ya existían denuncias penales, actuaciones administrativas, evidencia fotográfica y el testimonio escrito de un residente describiendo las precarias condiciones internas. La línea investigativa de El Litoral apunta a que funcionarios del Estado ya estaban al tanto de lo que ocurría. Esta investigación sugiere la existencia de otros tres establecimientos similares, uno de ellos en Santo Tomé, todos regenteados por M.L.M., de 51 años. Se indaga, además, sobre una presunta «red» en distintos organismos públicos que habría permitido a esta mujer manejar el dinero de los adultos mayores sin autorización de los titulares ni de sus familiares.
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