La Municipalidad de Santa Fe confirmó que el hogar donde el lunes pasado se produjo un incendio y del que fueron rescatados siete adultos mayores, operaba de forma completamente irregular, sin ninguna habilitación oficial. Mientras la justicia avanza en la investigación por las responsabilidades de los administradores del establecimiento de José Gollán al 10100, las personas rescatadas continúan recibiendo atención médica y social, alojadas transitoriamente en dependencias municipales.
Hugo Marchetti, secretario de políticas sociales de la Municipalidad, explicó a los medios que los adultos mayores «se encuentran descansando y alojados en el parador municipal, en el Centro Integral, donde nos han manifestado que están bien y en condiciones normales». De los siete rescatados, seis fueron trasladados al Parador Municipal Beata Clara, mientras que uno debió ser derivado al Hospital Iturraspe por inhalación de humo durante el siniestro. Marchetti señaló que «actualmente están siendo asistidos en la Casa Beata Clara mientras realizamos entrevistas tanto con ellos como con sus familiares para evaluar cada situación en particular, porque algunos tienen redes familiares y otros están absolutamente solos».
Un hogar que funcionaba en la clandestinidad
Uno de los puntos que mayor preocupación generó en las autoridades es que el establecimiento nunca había sido detectado por los organismos de control. Según detalló Marchetti, la Municipalidad no tenía registro alguno del lugar, ni como hogar de tránsito ni como residencia geriátrica. «Este lugar está bajo investigación y nosotros no tenemos ningún registro de ese espacio. Funcionaba fuera de la ley», sentenció el funcionario.
Marchetti precisó que las residencias destinadas al alojamiento de personas mayores deben integrar registros compartidos entre la Municipalidad, el Ministerio de Salud provincial y la Dirección de Adultos Mayores, situación que no ocurría en este caso. Aclaró que la existencia del lugar fue conocida por el estado recién después del incendio y la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Ministerio Público de la Acusación (MPA). «Tomamos conocimiento de este lugar a partir de las noticias y de la intervención de la PDI y la fiscalía», indicó.
Detalles de la investigación judicial
El incendio terminó exponiendo una situación aún más grave que el propio siniestro. La causa, a cargo del fiscal Manuel Cechini, investiga presuntos delitos como abandono de persona, estafas mediante la retención de tarjetas bancarias y documentación personal, además de otros hechos que podrían sumarse con el avance de la investigación.
La principal sospechosa, la propietaria del lugar, continúa prófuga y acumula antecedentes judiciales. Anteriormente, ya había sido imputada por administrar otros hogares clandestinos para adultos mayores donde, según la acusación, retenía la documentación y las tarjetas con las que los residentes cobraban jubilaciones y pensiones para apropiarse de esos ingresos. Ahora, los investigadores buscan determinar si esa misma modalidad se repetía en el establecimiento incendiado en la zona de José Gollán al 10100.
Los testimonios incorporados al expediente describen un escenario de extrema vulnerabilidad. Los siete adultos mayores denunciaron condiciones de abandono, maltratos físicos y psicológicos, falta de alimentación durante varios días y la retención de su documentación y medios de cobro previsional. Incluso, uno de los residentes confesó haber iniciado el incendio para pedir ayuda y denunciar la crítica situación que atravesaban. En paralelo, un hombre de 45 años que se presentó como encargado del lugar permanece detenido, mientras se mantiene la búsqueda de la propietaria.
Sin vinculación previa con la Municipalidad
Consultado sobre la supuesta responsable del hogar, el secretario Marchetti aseguró que la Municipalidad no tenía antecedentes sobre su actividad. «No tenemos conocimiento de esa persona», sostuvo. El funcionario también aclaró que, si bien uno de los adultos mayores había utilizado anteriormente el parador municipal, no existen registros de que trabajadores sociales municipales hayan derivado residentes hacia ese establecimiento irregular.
Finalmente, Marchetti remarcó que la intervención de los equipos municipales comenzó recién después del incendio y enfatizó que «el trabajo de los asistentes sociales es profesional y depende exclusivamente de la Dirección de Acción Social».
Cómo denunciar otros hogares irregulares
A partir de este lamentable caso, la Municipalidad insistió en la necesidad de que los vecinos denuncien cualquier residencia para personas mayores que funcione sin habilitación o genere sospechas. «Nosotros actuamos cuando tenemos denuncias o certezas de que estos lugares existen. Seguramente este hecho va a sensibilizar a la población para detectar situaciones similares», expresó Marchetti.
Las denuncias pueden realizarse a través de la línea gratuita 0800 777 5000 de la Municipalidad o de manera presencial en el Centro Observatorio de Personas Mayores, que funciona en la Dirección de Derechos Ciudadanos. Mientras tanto, los siete adultos mayores permanecen bajo la asistencia integral del estado. Equipos de salud, trabajadores sociales y profesionales municipales continúan evaluando la situación médica, social y familiar de cada uno para definir las alternativas de alojamiento y cuidado más adecuadas, mientras la justicia intenta reconstruir el funcionamiento del establecimiento clandestino y determinar si existen otras víctimas vinculadas a la misma organización.
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