El presidente Javier Milei dio a conocer este jueves por la noche, en cadena nacional, un proyecto de reforma a la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) que tiene como eje central la prohibición de la emisión monetaria hacia el Tesoro Nacional. Esta medida, clave para la estrategia económica del Gobierno, busca fortalecer la independencia del organismo, contener la inflación y evitar el financiamiento del déficit fiscal.
El gobierno de Milei impulsa la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central
El presidente Javier Milei presentó, a través de cadena nacional, el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). La iniciativa, que buscará ingresar al Congreso por el Senado para iniciar su tratamiento legislativo, es considerada una de las principales apuestas económicas del Gobierno para el segundo semestre del año. Los ejes centrales de la modificación buscan reforzar la independencia del organismo, prohibir el financiamiento del déficit fiscal a través de emisión monetaria y redefinir sus objetivos.
La elaboración de la propuesta recae en el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo; el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Desde la Casa Rosada, se enfatiza que esta reforma es estructural, diseñada para blindar el programa económico y prevenir que futuras administraciones recurran al Banco Central para financiar el gasto público.
La prohibición de emisión monetaria al Tesoro Nacional
La «columna vertebral» del proyecto de reforma es la prohibición de la emisión monetaria directa hacia el Tesoro Nacional. Esta medida representa un cambio sustancial respecto a las facultades actuales del Banco Central.
El artículo 20 de la actual Carta Orgánica del BCRA, reformulada en su momento por la entonces titular de la entidad, Mercedes Marcó del Pont, establece que el organismo podrá conceder adelantos transitorios al Gobierno nacional hasta un monto equivalente al doce por ciento (12%) de la base monetaria. Esta base se compone de la circulación monetaria más los depósitos a la vista de las entidades financieras en el Banco Central de la República Argentina, ya sean en cuentas corrientes o especiales.
Adicionalmente, el mismo artículo habilita adelantos de un diez por ciento (10%) extra sobre los recursos en efectivo obtenidos por el Gobierno en los últimos doce meses, con la condición de que este monto sea reintegrado dentro de los doce meses siguientes a su otorgamiento. La normativa es clara al precisar: «Si cualquiera de estos adelantos quedase impago después de vencido aquel plazo, no podrá volver a usarse esta facultad hasta que las cantidades adeudadas hayan sido reintegradas», detalla el texto.
Emisión cero: conexión con la inflación y los riesgos económicos
La administración libertaria, fundamentada en la premisa de que la inflación es «siempre y en todo lugar un fenómeno monetario», asigna a la reforma de la Carta Orgánica un rol determinante en la contención del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La teoría económica que sustenta esta visión postula que una menor emisión de dinero y, consecuentemente, una menor cantidad de pesos en circulación, propiciaría una senda descendente de la inflación. El presidente Milei, durante su exposición en AmCham, ratificó la intención del Gobierno de reducir la liquidez del mercado para lograr la convergencia de la tasa inflacionaria.
No obstante, la propuesta introduce una complejidad con impacto directo en el esquema económico. La prohibición de emisión monetaria hacia el Estado implicaría que el fisco debería ceñirse estrictamente a sus ingresos genuinos. A pesar de haber cerrado el primer semestre con superávit fiscal, el Gobierno podría enfrentar la necesidad de profundizar los ajustes y recortes en diversas áreas para sostener el principio de no emisión, lo que implicaría continuar con la política de «motosierra» en el sector público.
En este contexto, la implementación de la reforma de la Carta Orgánica y sus efectos sobre la población serán un factor crucial, especialmente en la perspectiva de las elecciones de 2027 y una eventual aspiración de reelección del presidente Javier Milei.
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