La Justicia de Venado Tuerto condenó a dos mujeres a tres años de prisión condicional por integrar una red de juego clandestino de casino online en la región sur de Santa Fe, tras homologar acuerdos abreviados. Simultáneamente, una tercera imputada, domiciliada en Santa Isabel, quedó con prisión preventiva por 30 días mientras avanza la investigación que también abarca Villa Cañás.
Condenas por apuestas clandestinas y una prisión preventiva en la región
La justicia de la ciudad de Venado Tuerto condenó a dos mujeres a tres años de prisión de ejecución condicional por su participación en una red de apuestas ilegales que operaba mediante casinos online. En el mismo proceso, una tercera imputada permanecerá bajo prisión preventiva durante 30 días. La investigación, instruida por la fiscal Mayra Vuletic, abarca un amplio territorio que incluye Venado Tuerto, Villa Cañás y Santa Isabel.
Según la hipótesis del Ministerio Público de la Acusación, las involucradas cumplían diversas funciones dentro de una estructura dedicada a la venta de créditos virtuales, la recaudación de dinero y la transferencia de ganancias hacia niveles jerárquicos superiores que, hasta el momento, no han sido identificados por la fiscalía.
Condena para Carla Celeste Giménez
Carla Celeste Giménez, de 30 años y oriunda de Villa Cañás, recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional. La condena se dictó tras la homologación de un acuerdo abreviado por parte de la Justicia. Giménez fue responsabilizada como autora del delito de explotación, administración, operación y organización de juego clandestino, y como coautora de amenazas calificadas por ser coactivas.
De acuerdo con la acusación, Giménez, en colaboración con otra persona, intimidó a través de redes sociales a una mujer identificada como Mariana P. Se le exigió el pago de un millón de pesos por una deuda generada por créditos otorgados para apostar en plataformas de casino online. Los hechos incluyeron una presentación en el domicilio de la víctima, en Villa Cañás, con amenazas de incendiar la vivienda si la deuda no era saldada. Estos episodios se produjeron el 20 y 21 de junio pasado.
En la causa específica por juego clandestino, se le atribuyó a Giménez la función de «cajera» dentro de la organización, encargada de ofrecer fichas y cargas, y de recibir las ganancias para luego distribuirlas hacia los niveles jerárquicos superiores.
Como parte del acuerdo, el tribunal impuso a Giménez un conjunto de reglas de conducta por tres años: fijar residencia y notificar cualquier cambio de domicilio, someterse al control de la Agencia de Medidas No Privativas de la Libertad, abstenerse de vincularse con sitios de apuestas no homologados por la provincia, mantener prohibición de acercamiento respecto de la víctima y su grupo familiar, y no cometer nuevos delitos. Tras la homologación, se dispuso su inmediata libertad.
Rodríguez, condenada por su rol como «cajera»
También fue condenada Zulma Mónica Rodríguez, de 54 años y domiciliada en Venado Tuerto. Recibió idéntica pena de tres años de prisión condicional como coautora del delito de explotación, administración, operación y organización de juego clandestino.
Según la investigación, Rodríguez cumplió funciones de «cajera» en la misma estructura de apuestas ilegales. La causa se inició a partir de una denuncia anónima realizada en mayo pasado. El tribunal le impuso reglas de conducta similares a las de Giménez y ordenó su inmediata libertad tras la homologación del acuerdo.
Prisión preventiva para P.B.H.
Distinta fue la situación de P.B.H., domiciliada en Santa Isabel, para quien la Justicia dispuso prisión preventiva por 30 días.
Según la fiscalía, P.B.H. cumplió un rol de financiamiento dentro de la estructura, realizando transferencias de importantes sumas de dinero a Giménez, quien oficiaba de «cajera» en la red. A esto se sumó un segundo hecho: durante un allanamiento realizado en su domicilio el 24 de julio, la imputada inutilizó su teléfono celular arrojándolo al piso, con el objetivo de impedir el acceso a la información allí contenida, un elemento que la fiscalía considera clave como prueba.
Por estos hechos, P.B.H. fue imputada como coautora de explotación, administración, operación y organización de juego clandestino y como autora del delito de violación de medios de prueba.
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