Un edificio en construcción ubicado en Suipacha y 9 de Julio, en pleno centro de la ciudad de Santa Fe, cumple 32 años paralizado y genera graves problemas de salubridad y seguridad para los vecinos. Ante esta situación, el concejal Lucas Simoniello realizó un acto simbólico en la vía pública para exigir a los propietarios una solución definitiva y ofreció condonar una deuda de 26 millones de pesos en concepto de Tasa General de Inmuebles (TGI) a cambio de reactivar la obra. El inmueble es una de las tantas «caries urbanas» registradas en el ejido municipal que afectan la higiene y la convivencia en los barrios santafesinos.
Un símbolo del abandono en pleno centro
En una intervención simbólica en la vía pública, el concejal Lucas Simoniello pegó una carta abierta con su firma y la de varios adherentes sobre los carteles publicitarios del ingreso de un edificio paralizado ubicado en pleno centro, en la intersección de Suipacha y 9 de Julio. La misiva, acompañada por el reparto de panfletos, estuvo dirigida directamente a los propietarios de esta locación.
Se trata de una torre de una decena de pisos cuya construcción quedó detenida en 1994, es decir, hace 32 años. Desde entonces, los trabajos nunca se retomaron y la estructura quedó detenida en el tiempo: con los balcones pintarrajeados y afectada por el olor nauseabundo de las heces de cientos de palomas que hicieron nidos en su interior.
Los reclamos de los vecinos y los riesgos sanitarios
«Esta caries urbana frenó la construcción de viviendas, comprometió la seguridad de la zona y afectó la higiene de la cuadra. Acá podrían vivir familias, abrir comercios o espacios de recreación», expresa un fragmento de la carta abierta. Lo derruido y sombrío del lugar contrasta fuertemente con la modernidad y el tránsito incesante que lo rodea.
Por definición, una caries urbana es un inmueble que quedó en estado de abandono por motivos judiciales o inmobiliarios. Esta situación genera permanentes inconvenientes para quienes viven en las inmediaciones: acumulación de agua —un foco propicio para el mosquito Aedes Aegypti—, yuyos, basura y la presencia de ratas u otras alimañas, además de servir como un eventual escondite para la delincuencia.
Una deuda millonaria y tres décadas de conflicto
Según detalló Simoniello a la prensa, los propietarios de este inmueble adeudan 26 millones de pesos de TGI al Estado municipal. Tal como informó El Litoral días atrás, en la actualidad hay 383 inmuebles reportados en estado de abandono en todo el ejido urbano de Santa Fe.
Si bien la carta reconoce la existencia de un proceso judicial complejo contra la EPE que explica gran parte de la paralización y los conflictos del denominado «Edificio Sol III», el edil enfatizó que, tras 32 años, la situación no puede prolongarse indefinidamente.
«Llegó el momento de dar el siguiente paso: terminar el edificio, ponerlo en condiciones y devolverlo a la vida urbana», exhortó, y abrió la puerta a una alternativa: «Estoy dispuesto a impulsar la condonación de las deudas municipales que sea necesaria pero, como contrapartida, que exista un compromiso concreto de terminar y poner en uso el edificio en lo inmediato».
El impacto en la cuadra y el pedido de un plan
Durante la intervención, el concejal de «Unidos» señaló que algunos vecinos colindantes debieron cerrar sus establecimientos comerciales debido a la presencia de ratas que provenían del edificio abandonado, al que catalogó como un «palomar potenciado».
Ante este escenario, convocó a los vecinos y propietarios a presentar públicamente un plan de recuperación del inmueble que permita definir su situación jurídica, los obstáculos pendientes, las obras necesarias y los plazos de ejecución. El objetivo es que el lugar vuelva a contar con residencias, comercios o actividad cultural que mejoren todo el entorno barrial.
La ordenanza vigente y el rol del Estado
Por último, el edil aludió a la ordenanza N° 13.133, que extrema las sanciones sobre los dueños de estas locaciones y otorga más facultades al Estado municipal para intervenir mediante desmalezamiento y tareas de saneamiento, cuyos costos corren por cuenta de los titulares dominiales, previa autorización judicial.
«El Estado local, con autorización judicial, puede ingresar y limpiarlo, pero cobrándole el costo del servicio al dueño, que es el que tiene la responsabilidad de hacerlo», explicó Simoniello, al tiempo que cuestionó la falta de acción frente a los inmuebles que acumulan grandes deudas de TGI. Para el concejal, replicar la recuperación de espacios públicos como el ex Molino Franchino, La Belgrano o La Redonda en estos edificios privados es clave para que los barrios de la ciudad vivan mejor.
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