Uno de los adultos mayores alojados en la residencia clandestina de barrio Nuevo Horizonte, en la ciudad de Santa Fe, pretende incorporarse formalmente a la causa judicial y declarar como damnificado por las graves deficiencias en su cuidado. A través de su abogado, Martín Risso Patrón, el sobreviviente del incendio registrado el pasado 27 de julio denunció que nunca fue convocado por la Justicia para relatar los tormentos padecidos puertas adentro del establecimiento ilegal.
Un giro clave en la causa por el geriátrico clandestino
La investigación en torno a la residencia clandestina ubicada en barrio Nuevo Horizonte sumó un movimiento judicial que podría resultar determinante para esclarecer las maniobras ocurridas puertas adentro del establecimiento. Uno de los adultos mayores que permaneció alojado en el lugar busca constituirse como querellante para declarar formalmente como víctima.
El letrado Martín Risso Patrón confirmó, en declaraciones al programa Santa Fe Policiales, que ya cuenta con el poder legal otorgado por el damnificado y que avanzará con su presentación formal en el expediente. El planteo adquiere relevancia dado que, según indicó la defensa, su cliente nunca fue convocado a prestar declaración pese a haber permanecido en el mismo predio donde, el 27 de julio, otro residente prendió fuego un colchón en un episodio que derivó en la intervención de las autoridades.
Aquel suceso permitió desenterrar las condiciones de precariedad en las que vivían siete adultos mayores y personas con discapacidad. Desde entonces, la fiscalía acumuló denuncias por falta de alimentación, deficiencias edilicias y de higiene, presunta sobremedicación, retención de documentación personal y manejo irregular de tarjetas de cobro y recursos económicos.
La hipótesis de trata de personas
Para el abogado patrocinante, los elementos recolectados hasta el momento encuadran de manera directa en la figura penal de trata de personas, una hipótesis que ya fue formalmente presentada ante la Justicia Federal.
«Hay una captación, un acogimiento, un aprovechamiento económico, todo en un marco de vulnerabilidad que agrava la figura», sostuvo el letrado, al cuestionar la teoría de una supuesta permanencia voluntaria de los internos. En esa línea, remarcó que su representado carecía de otra alternativa habitacional.
El testimonio incorporará además un capítulo vinculado al manejo financiero. El damnificado aseguró que se tramitó un subsidio municipal utilizando su documentación personal, una ayuda económica sobre la cual recibió avisos de acreditación que, según afirma, nunca percibió en su poder.
Entre los detalles que grafican el cuadro de situación, el abogado mencionó las precarias condiciones alimentarias. Su cliente le relató que durante su estadía en el geriátrico pedía que le compraran «un kilo de mandarinas», ya que no consumía frutas, carne ni verduras. Actualmente, el estado de salud del hombre evidenció mejoras que le permiten mantener conversaciones fluidas, algo que las familias señalaban como dificultoso durante su alojamiento en la residencia.
Reclamos por falta de escucha estatal
El segundo eje planteado por la querella apunta al funcionamiento de los organismos de control. Risso Patrón recordó que familiares del damnificado realizaron presentaciones antes y después de que el caso tomara estado público, e incluso detalló haber participado de una declaración testimonial de dos horas que fue incorporada al expediente.
Sin embargo, advirtió sobre una sensación de inmovilidad institucional. «Desde el Estado se largan mensajes de que si usted se entera de algo denuncie, y resulta que cuando la gente va a denunciar no son escuchados», cuestionó.
La representación legal busca evitar que la causa se reduzca a un episodio aislado y apunta a reconstruir la totalidad de la red: determinar cómo ingresaron los residentes, quién administraba sus ingresos y qué controles omitieron las áreas competentes, mientras la Justicia continúa evaluando las pruebas reunidas a dos meses del inicio del expediente.
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