La investigación judicial por el incendio del llamado geriátrico clandestino del barrio Nuevo Horizonte de Santa Fe sumó un gravísimo planteo cuando el abogado Santiago Banegas cuestionó la inacción estatal ante las denuncias previas y exigió determinar si la única imputada operaba respaldada por una red de trata de personas. El letrado advirtió que la pesquisa federal debe esclarecer la vulnerabilidad extrema y la apropiación de recursos económicos de los adultos mayores alojados en el establecimiento siniestrado el pasado 27 de julio.
La causa federal por trata de personas
La denuncia presentada ante la Justicia Federal abrió una nueva etapa en la investigación por el denominado geriátrico clandestino de barrio Nuevo Horizonte. Detrás de la discusión sobre la posible existencia de una red de explotación, la pesquisa apunta a determinar el accionar de quienes tenían la obligación de proteger a los residentes.
El doctor Santiago Banegas explicó, durante una entrevista con el programa Santa Fe Policiales, que la presentación judicial se concentra inicialmente en dos presuntas víctimas. La misma fue acompañada por evidencias reunidas durante una investigación periodística, además de solicitar nuevas medidas para que sean producidas por la Fiscalía Federal. El abogado sostuvo que los hechos conocidos reúnen características compatibles con el delito de trata de personas, poniendo especial énfasis en los conceptos de captación y explotación.
Vulnerabilidad y explotación económica
La hipótesis sostiene que algunas de las víctimas habrían llegado al establecimiento tras atravesar situaciones de extrema vulnerabilidad. En uno de los casos incluidos en la denuncia, se produjo una externación hospitalaria y, ante la falta de alternativas, la persona fue derivada al supuesto asilo.
Para el letrado, en esas circunstancias resulta difícil hablar de una decisión libre, y recordó que la legislación sobre trata establece que el consentimiento de la víctima no elimina la responsabilidad penal cuando concurren los demás elementos del delito. La condición de las personas mayores, muchas de ellas con bajos recursos, problemas familiares o ausencia de una red de contención, facilitó un control sobre sus vidas y sus bienes.
En el aspecto económico, la denuncia detalla que al ingresar al establecimiento algunas personas habrían entregado su documentación personal, tarjetas de débito, datos bancarios y claves necesarias para operar con sus cuentas, quedando dichos recursos bajo el control de terceros.
Evidencias documentadas y el antecedente del incendio
A las evidencias documentales se suman fotografías y videos obtenidos durante la investigación periodística, los cuales muestran las condiciones en las que permanecían los residentes. Las imágenes exponen situaciones de hacinamiento, falta de higiene, problemas alimentarios y ausencia de cuidados adecuados que salieron a la luz tras el incendio registrado el 27 de julio.
Aquella jornada, uno de los residentes prendió fuego un colchón, un hecho que funcionó como una señal de auxilio y permitió visibilizar una realidad que, según las denuncias posteriores, se desarrollaba puertas adentro del lugar. Banegas indicó que se busca determinar si lo ocurrido constituyó un fenómeno aislado o si existen otros establecimientos con situaciones semejantes.
El rol del Estado bajo la lupa
La presentación ante la Justicia Federal tiene como propósito que la investigación no quede limitada a lo sucedido el día del siniistro ni exclusivamente a la persona que actualmente se encuentra imputada en la causa provincial. El abogado cuestionó que, frente a indicios vinculados con un delito de competencia federal, la causa no haya sido derivada desde un inicio al Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Asimismo, el planteo cuestiona el rol de los organismos estatales encargados de controlar las condiciones de funcionamiento del establecimiento y de proteger a los residentes. La investigación judicial deberá ahora reconstruir recorridos, identificar eventuales responsables, determinar cómo llegaron las víctimas al lugar, establecer quién administraba sus recursos y comprobar si existió una estructura de captación y explotación.
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