A dos meses del incendio que dejó al descubierto un geriátrico clandestino en el barrio Nuevo Horizonte de la ciudad de Santa Fe, el caso escaló a la Justicia Federal tras una denuncia penal presentada para investigar una presunta red de trata de personas y explotación económica de adultos mayores en situación de vulnerabilidad. La presentación fue realizada por el periodista Pablo Benito con el patrocinio del abogado Santiago Banegas, y apunta a determinar si detrás del funcionamiento irregular del establecimiento operaba un mecanismo sistemático de captación, retención de documentos y desapoderamiento de haberes previsionales de las víctimas.
Una nueva vía judicial
A dos meses del incendio que dejó al descubierto las condiciones en las que vivían siete adultos mayores y personas con discapacidad en una vivienda de barrio Nuevo Horizonte, la causa sumó un nuevo capítulo en el fuero federal. La investigación se abrió bajo una acusación que podría modificar sustancialmente la calificación legal: trata de personas.
La presentación formal fue efectuada el viernes por el periodista santafesino Pablo Benito, quien contó con el patrocinio letrado del abogado Dr. Santiago Banegas.
De acuerdo con lo explicado por el denunciante en el programa Santa Fe Policiales, emitido por CYD Litoral, el objetivo es determinar si detrás del funcionamiento irregular del establecimiento existió un engranaje de captación, alojamiento y explotación económica de personas mayores en situación de extrema vulnerabilidad.
El caso salió a la luz el 27 de julio, jornada en la que uno de los residentes encendió un colchón. Aquel foco ígneo permitió advertir la operatoria del lugar, que operaba al margen de los registros municipales y sin ningún tipo de habilitación. En el procedimiento, siete personas fueron rescatadas y derivadas para recibir asistencia estatal.
Posteriormente, las declaraciones recabadas expusieron cuadros de desatención vinculados a la falta de alimentos, medicamentos e higiene, además de la retención de documentación personal y tarjetas destinadas al cobro de jubilaciones y pensiones. En paralelo, la Justicia provincial inició actuaciones por abandono de persona y otros delitos conexos, mientras la pesquisa actual apunta ahora a la hipótesis federal.
La hipótesis de captación
Para el denunciante, el eje central radica en esclarecer qué sucedió antes de que las víctimas ingresaran al inmueble y quiénes participaron en dichas maniobras.
El planteo judicial surge a partir de antecedentes que describirían un sistema de captación focalizado en personas en situación de vulnerabilidad que habían sido externadas de centros de salud.
Según el testimonio expuesto, una vez consumado el ingreso al geriátrico, se exigía a los residentes o a sus familiares la entrega de documentos, tarjetas bancarias y claves personales. El fin de esta presunta maniobra era apoderarse del control de los haberes previsionales y de otros recursos económicos de los afectados.
Será tarea de la Justicia federal analizar la viabilidad de estos elementos para establecer si los hechos se encuadran en la figura penal señalada y determinar eventuales responsabilidades.
Antecedentes y actuación institucional
La gravedad del expediente se sustenta también en los avisos previos que se habían radicado meses antes del siniestro. En este sentido, El Litoral había publicado oportunamente el testimonio de la hija de uno de los internos, quien ratificó haber presentado tres denuncias entre abril y mayo, además de aportar notas manuscritas donde los propios residentes rogaban auxilio y pedían dejar el lugar.
A estos elementos se suman los cuestionamientos por presuntos malos tratos, retención de papeles y el manejo irregular del dinero de las víctimas.
Como correlato de estas irregularidades, la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) lleva adelante una investigación sobre el desempeño de los fiscales Roberto Olcese y Manuel Cecchini, ante la presunta falta de respuestas oportunas frente a las denuncias previas sobre el geriátrico clandestino.
La causa trasciende así los límites de la vivienda de barrio Nuevo Horizonte para indagar en la cadena de responsabilidades institucionales, los avisos recibidos por distintas dependencias y los motivos que permitieron el funcionamiento prolongado de un establecimiento completamente fuera de la ley.
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