Un nuevo informe elaborado por el Centro de Estudios SEMBRAR y legisladores provinciales revela mediante la comparación de imágenes satelitales entre 2019 y 2025 que decenas de familias volvieron a instalarse en reservorios y sectores fuera de las defensas de la ciudad de Santa Fe, terrenos que habían sido liberados tras procesos de relocalización durante la década pasada. La investigación advierte sobre el crecimiento de asentamientos informales en zonas de riesgo hídrico como Padre Atilio Rosso, Barranquitas Sur y el Bajo Judiciales, evidenciando las dificultades para sostener esos espacios libres de ocupaciones.
El retroceso en los reservorios: de espacios libres a nuevas ocupaciones
Hay lugares en la ciudad que fueron planificados exclusivamente para contener el agua. Reservorios, bajos, bordes de ríos y terrenos que, ante una crecida o una lluvia extraordinaria, cumplen una función vital para evitar que el agua avance sobre las zonas habitadas. Durante la década pasada, varios de estos espacios fueron liberados de viviendas mediante un intenso trabajo de relocalización. Sin embargo, la comparación entre las imágenes satelitales de 2019 y 2025 expone un escenario completamente diferente: los mismos territorios que años atrás aparecían despejados vuelven a exhibir techos, construcciones y asentamientos en el oeste, el noreste y la zona costera.
Esta situación forma parte del informe «Hacia una Santa Fe resiliente. Avances y retrocesos en asentamientos de riesgo hídrico», elaborado por SEMBRAR Centro de Estudios y el equipo del diputado José Corral, con la coordinación del exconcejal Carlos Pereira. El trabajo repasa las políticas de reubicación y releva la situación actual en zonas vulnerables.
El panorama en Padre Atilio Rosso y Barranquitas
Uno de los casos más claros se registra en Padre Atilio Rosso. A partir de 2012, la Municipalidad trabajó junto al Movimiento Los Sin Techo para relocalizar a unas 80 familias que habitaban dentro del reservorio, elevando los terrenos y ejecutando infraestructura básica. La imagen de 2019 mostraba el sector completamente libre, pero el informe señala que desde 2020 comenzaron nuevas ocupaciones y actualmente más de 60 familias viven allí en condiciones precarias.
Una situación similar se produjo en Barranquitas Sur, donde un proceso iniciado en 2016 permitió trasladar a cerca de 50 familias y consolidar una calle-costanera. Tras quedar sin construcciones en 2019, el relevamiento 2025 estima que unas 60 familias se encuentran nuevamente asentadas en el reservorio.
Por su parte, en Pro Mejoras Barranquitas la relocalización de unas 60 familias comenzó en 2017. No obstante, a partir de 2020 se retomó la ocupación irregular y hoy más de 50 familias viven en el lugar, incluyendo nuevas edificaciones en manzanas que ya habían sido elevadas.
El impacto en el noreste y la costa
El cambio también se observa en los reservorios del noreste, en el sector de Bajo Judiciales. Tras las relocalizaciones concretadas en la década pasada y en Playa Norte, en 2019 solo permanecía una construcción precaria en el área. Para 2025, el informe identifica unos 15 asentamientos en plena zona de riesgo.
Fuera del anillo de defensas del oeste, en el valle de inundación del río Salado y en las tierras del ex Frigorífico Municipal, las familias relocalizadas al barrio Jesuitas dejaron el lugar libre hacia 2019. Sin embargo, el proceso se reinició y hoy unas 40 familias residen allí de forma irregular.
En el distrito costero de Alto Verde, las ocupaciones avanzaron hacia el este por fuera de la defensa —con más de 30 familias en riesgo— y también dentro del anillo, afectando la capacidad del canal y reservorio próximo a la estación de bombeo. En Colastiné, el fenómeno adquiere otro Matiz: el informe detecta unas 25 construcciones por fuera del anillo sobre la costa del río Colastiné, abarcando tanto viviendas precarias como residencias de fin de semana de gran porte con piletas, ubicadas aproximadamente entre Las Macluras y Los Algarrobos, además de algunas intrusiones hacia la laguna Setúbal.
El desafío municipal ante el riesgo hídrico
El relevamiento destaca que Santa Fe realizó importantes obras estructurales que redujeron drásticamente las posibilidades de sufrir inundaciones masivas como las de 2003 y 2007. La contradicción radica en la dificultad de sostener los territorios libres de nuevas ocupaciones tras las experiencias exitosas de reubicación.
Las autoridades locales manejan datos contundentes. Un relevamiento municipal indica que unas 1.300 familias residen en áreas de riesgo hídrico —lo que representa un universo aproximado de 4.500 personas considerando un promedio de 3,5 integrantes por hogar—. Ante este escenario, el secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica de la Municipalidad, Eduardo Rudi, explicó que no todas las familias requerirán evacuación frente a una crecida, sino asistencia para sostener su cotidianidad en sectores que pueden quedar aislados. El funcionario describió la particularidad territorial santafesina como un esquema «70/30: 70% de isla y 30% de parte continental o áreas seguras», donde confluyen factores sociales, ambientales y la pobreza.
Como parte de las respuestas a esta problemática, la Municipalidad y la Provincia impulsan el traslado de 53 familias que habitan la zona de reservorios de Barranquitas Sur. Asimismo, recientemente se anunció la ejecución del primer kilómetro de la futura Costanera del Salado, un proyecto destinado a transformar el borde oeste y generar nuevas conexiones urbanas.
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