La jueza de Garantías de Paraná decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles 12 en horario a definir para dar a conocer su resolución respecto del pedido del fiscal, Gonzalo Badano, de disponer la apertura y acceder a información de los celulares y computadoras de dos empresarios que están mencionados en la causa que investiga el presunto delito de Fraude a la Administración Pública por un supuesto “plan sistemático de direccionamiento de contrataciones públicas, concebido y ejecutado desde el Departamento I Suministros Dirección Provincial de Vialidad (DPV)” en el período 2019-2025.
Fiscalía pretende la apertura de los celulares de Jorge Luis Elmer y Horacio Alfredo Fernández. Solicitó que se la habilite por el período comprendido entre los 30 días antes de la primera contratación identificada, hasta el día del secuestro de los celulares y dispositivos informáticos. Así, el período a peritar en uno de los casos es el que va desde el 25 de mayo de 2021 hasta el 11 de agosto de 2026, día en el que se realizaron seis allanamientos; en tanto que en el otro es el que va desde el 13 de marzo de 2021 hasta el 11 de agosto de este año. La defensa cuestionó la legitimidad del procedimiento que contempló a sus asistidos.
El defensor público, Fernando Callejo, que asiste a dos empresarios, se opuso porque entendió que no hay razones para una medida que implica una invasión al derecho a la intimidad; señaló que Fiscalía contará con la información que pretende obtener de los sospechados puesto que podría surgir del celular de uno de los principales imputados, cuyo celular es peritado y se espera el informe del contenido; y realizó serios cuestionamientos a los allanamientos en los que se secuestraron los celulares y computadoras que se pretende abrir. La causa comenzó con la denuncia del actual director de Vialidad, Exequiel Matías Donda.
Nuevos hechos
El fiscal informó en la audiencia la modificación del hecho y dio lectura a la nueva formulación. También precisó que el viernes se recibieron nuevas contrataciones a investigar y presumió que podrían seguir apareciendo más. Badano sostuvo su pedido de apertura de los dispositivos en una serie de mensajes entre funcionarios de la DPV y empresarios de distintas firmas, que entendió, aportan evidencia del supuesto “plan sistemático de direccionamiento de contrataciones públicas” en el organismo.
También consideró que de aquellas comunicaciones surge un esquema de trabajo en el que los funcionarios brindaban información privilegiada a los empresario, que acordaban los precios a ofrecer para así coordinar qué ítems de las licitaciones preferían obtener. El fiscal refirió que se acordaban sobreprecios de entre el 20% y el 30%, que era el monto de las supuestas dádivas.
Badano refirió una situación en la que se acordó, según surgiría de los mensajes entre un funcionario y un empresario, un “descuento del 8%” en la próxima coima o dádiva porque hubo una licitación anterior que no “salió bien”. Asimismo refirió otra en la que un funcionario, que fue removido del cargo en 2024, le pedía a otro empresario si podía tener en cuenta la presunta parte que no le habrían cancelado antes de su apartamiento del cargo.
También refirió, en el hecho general que tiene a más sospechados, que había licitaciones por repuestos en las que los que accedían los adquirían en reconocidas firmas locales como monotributistas.
Allanamientos
Por su parte, Callejo pidió la devolución del celular de un empresario de 82 años que no fue parte del pedido del fiscal pero sí su casa y negocio fueron allanados y no se encontraron elementos vinculados a la pesquisa. También sostuvo que Fiscalía yerra cuando considera que la firma Elmer Repuestos, que está comprendida en el período que se imputa, y la firma Elmer SRL, que se dio de alta en 2025 en un período que estaría fuera del investigado, no son la misma razón social.
Respecto de los allanamientos del 11 de agosto, Callejo cuestionó que el que se realizó en la firma Elmer SRL no comenzó a las 7:30, cuando se paralizó la actividad y se incomunicó a los propietarios, sino a las 10:30 con testigos que se trasladaron del que se estaba realizando en Entre Ríos Vial Agro SRL, de Emilio Darío Schonhals. En este sentido advirtió que se trató de testigos que no serían imparciales, puesto que habrían surgido de un grupo de estudiantes que estaban en Paraná por un supuesto convenio con la fuerza.
Testigos ¿fantasmas?
El defensor también alertó que intentó comunicarse con los tres que fueron trasladados del allanamiento en la firma de Schonhals, a la de Elmer; constando que se trató de dos chicas de Oro Verde y un varón de La Pampa. Adicionó que con una de las mujeres no pudo contactarse porque el celular no corresponde a un abonado en servicio y la otra no atiende las llamadas. Del varón dijo que no se pudo saber quién es porque no se dio información.
Callejo cuestionó que a su asistido no se le permitió solicitar la asistencia de un abogado, circunstancias en la que al pedido de que aporte la clave de su celular, lo hizo sin que se le informara que podía negarse.
Así, argumentó que el pedido de Fiscalía no se entiende puesto que ya pudo acceder al aparato en las circunstancias que cuestionó y añadió que se está a la espera del informe sobre el contenido del celular de Ignacio Difiori, que hasta diciembre de 2024, cuando se lo apartó, fue jefe del Departamento I Suministros y máxima autoridad del área. Además sostuvo que de aquel informe puede acceder a la información que pretende obtener con la apertura de los celulares de sus asistidos, de los que adujo que no hay evidencia que los relacione con el ardid que se investiga y menos con una presunta asociación ilícita.
Los funcionarios
Se investiga un supuesto “plan sistemático de direccionamiento de contrataciones públicas, concebido y ejecutado desde el Departamento I Suministros de la Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos, desplegado de modo continuo y con reparto estable de roles desde, al menos, el mes de septiembre de 2019 y hasta 2025, mediante el cual funcionarios públicos de esa repartición, en connivencia con un grupo recurrente de proveedores, sustrajeron los procedimientos de contratación a las reglas de la Ley de Contabilidad Pública Nº 5140 y su decreto reglamentario, fijaron artificialmente los precios por encima de los valores de mercado y acordaron el pago de dádivas con los empresarios” que habría ocasionado “un perjuicio patrimonial a la administración pública provincial cuya cuantía total se encuentra en proceso de determinación”.
La acusación, si bien incipiente, sostiene que “la ejecución del plan contó con el acuerdo y participación de los siguientes funcionarios: Ignacio Difiori, jefe del Departamento I Suministros y máxima autoridad del área, dio curso a los procedimientos, impartió directivas sobre su trámite, determinó a quiénes invitar y adjudicar, transmitió a los oferentes el presupuesto y el tope de cotización, acordó y percibió las dádivas”.
Julián Gervasoni, jefe del Departamento II Gestión de Contrataciones, a quien se imputa que “participó en las decisiones sobre las contrataciones y la selección de oferentes, direccionó las invitaciones hacia proveedores de su confianza, comunicó a éstos los montos presupuestados y los topes de cotización, acordó y percibió el pago de dádivas”.
Raúl Caraballo, jefe del Departamento II Técnico, y Natalia González, 2ª Jefa del Departamento II Técnico, quienes “desde su rol técnico confeccionaron y actualizaron los presupuestos oficiales por encima de los valores de mercado”.
Lado privado
Del lado privado, la acusación menciona “un núcleo recurrente de proveedores se encontraba compuesto por Gustavo Meynet, de Agrovial Paraná; Hernán Acevedo, de HA Repuestos (N de la R: accedió voluntariamente a la apertura de su celular); Emilio Darío Schonhals, de Entre Ríos Vial Agro SRL; Horacio Fernández, de Equivial Sudamericana SA; Roberto González, de Arcrosa SA: Miguel Elmer y Jorge Elmer, de Elmer Repuestos; Diego Gómez, de la Cooperativa de Trabajo del Centro Ltda. y Daniel Forlin, quienes se beneficiaron con las adjudicaciones direccionadas al adjudicárseles precios mayores a los de mercado, y en algunos casos acompañaron ofertas destinadas a simulares la competencia, se distribuyeron los ítems de la contratación y acordaron el pago de dádivas con los funcionarios”.
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