El Gobierno nacional intimó al Reino Unido a frenar el proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte y le otorgó un plazo de 14 días para suspender los trabajos. El canciller Pablo Quirno advirtió que, en caso de incumplimiento, la Argentina activará el procedimiento de arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales ante un tribunal internacional. La estrategia oficial también apunta a endurecer las sanciones en el Congreso contra las empresas y financieras que participen en la explotación de hidrocarburos sin autorización argentina en el área en disputa.
Conflicto en el Atlántico Sur: la Argentina inicia un arbitraje contra el Reino Unido por el proyecto Sea Lion
El canciller Pablo Quirno confirmó que la Argentina inició el procedimiento de arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) debido al proyecto hidrocarburífero Sea Lion, impulsado en la Cuenca Malvinas Norte.
La estrategia diplomática y legal busca frenar el avance de las operaciones autorizadas por el Reino Unido en el área en disputa. El Gobierno argentino sostiene que dichas actividades no pueden desarrollarse de manera unilateral mientras persista la controversia de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Un plazo de 14 días y la amenaza de acudir al Tribunal Internacional
Pablo Quirno explicó que la intimación remitida a Londres establece un plazo de 14 días para que se suspendan las acciones destinadas a poner en marcha el proyecto Sea Lion.
«Si el Reino Unido no toma la decisión de suspender la explotación en las Islas Malvinas, nosotros vamos a ir al Tribunal Internacional de Derecho del Mar», advirtió el canciller. Según detalló, la intención del Ejecutivo es solicitar medidas provisionales para congelar las tareas mientras avanza el proceso internacional.
Los detalles del proyecto Sea Lion y la postura oficial
Sea Lion es una iniciativa impulsada por el consorcio integrado por las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en la Cuenca Malvinas Norte.
La administración argentina argumenta que la zona forma parte de la plataforma continental sobre la cual ejerce derechos soberanos, por lo que cuestiona enfáticamente las licencias otorgadas por las autoridades británicas. Aunque la proyección oficial ubica la extracción del primer barril para 2028, las acciones legales se activaron de manera anticipada para obstaculizar el inicio de la explotación.
Presión sobre empresas y financistas
En paralelo a la vía arbitrajista, la Cancillería busca encarecer los costos de participación para las compañías proveedoras, inversores y entidades financieras vinculadas al proyecto.
«Van a tener que decidir entre operar bajo licencias ilegítimas en Malvinas u operar en la Argentina», planteó Pablo Quirno al referirse a las firmas interesadas en intervenir en Sea Lion. Asimismo, el Gobierno remitió al Congreso un proyecto legislativo para endurecer las sanciones contra aquellas compañías que operen sin autorización argentina en las islas y sus espacios marítimos circundantes.
Los argumentos legales ante las Naciones Unidas
La postura oficial se sustenta, entre otros antecedentes, en las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La primera de ellas reconoció formalmente la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, al tiempo que la segunda instó a ambas partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales durante el proceso de negociación. En la misma línea, el Poder Ejecutivo instruyó a los equipos jurídicos de la Cancillería para activar el mecanismo arbitral del Anexo VII de la Convención sobre el Derecho del Mar.
El vínculo con Chile y los controles comerciales
En el plano regional, el Gobierno monitorea de cerca una ronda comercial llevada adelante en Punta Arenas entre empresarios chilenos y representantes vinculados a las Islas Malvinas.
Pablo Quirno destacó que la relación con la administración de José Antonio Kast se mantiene fluida y recordó el compromiso asumido por Chile de no brindar apoyo logístico para la explotación de recursos naturales en las islas. No obstante, la Cancillería argentina cuestionó recientemente la realización de vuelos entre Malvinas y Punta Arenas que, según denunció, carecían del aval argentino.
«Tenemos acuerdos vigentes con Chile y, obviamente, esperamos que Chile respete esos tratados, como nosotros también los respetamos», concluyó el canciller, al ratificar que Buenos Aires continuará supervisando rigurosamente los movimientos comerciales y logísticos en la región.
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