Tras la grave denuncia penal por presunta trata de personas en un geriátrico de la ciudad de Santa Fe, el Concejo Municipal impulsa la creación de una Comisión Investigadora para deslindar responsabilidades políticas y auditar las fallas en los controles del Ejecutivo local. Se trata de la primera iniciativa de este tipo en casi dos décadas, un hito institucional que busca revisar las habilitaciones del establecimiento y el desempeño de los organismos de fiscalización tras un caso que sacudió a la comunidad.
El Concejo impulsa una comisión investigadora por el caso del geriátrico
Tras la conmoción generada en la ciudad por el grave incidente en un establecimiento geriátrico, el Concejo Municipal puso en marcha una propuesta para crear una comisión investigadora. El objetivo principal es determinar las responsabilidades políticas en el ámbito local y fiscalizar los mecanismos de control que debió aplicar la Municipalidad.
La iniciativa busca garantizar la transparencia institucional y responder a la preocupación de los vecinos santafesinos ante hechos de extrema gravedad que afectan a los adultos mayores.
Cómo estará integrada la comisión
De aprobarse el proyecto en el recinto legislativo, el cuerpo deliberativo contará con una representación plural.
Estará integrada por concejales de los distintos bloques políticos que conforman el cuerpo, garantizando así el pluralismo necesario para llevar adelante las indagatorias y el seguimiento de las actuaciones administrativas.
Los ejes de la investigación y el control municipal
El plan de trabajo de la comisión contempla diversos puntos clave para esclarecer lo sucedido en la ciudad. Entre las principales medidas, el cuerpo fiscalizará la revisión de los expedientes de habilitación y funcionamiento de los establecimientos involucrados.
Asimismo, los ediles evaluarán el desempeño y los mecanismos de inspección, control y fiscalización del Ejecutivo municipal para detectar posibles omisiones, negligencias o vacíos en los circuitos de control administrativo. En paralelo, se recopilarán antecedentes sobre el trato dispensado a los residentes y la presunta administración irregular de sus recursos.
Como corolario de su labor, la comisión emitirá un informe final detallado que permitiría determinar responsabilidades políticas y proponer herramientas normativas orientadas a impedir que hechos de semejante gravedad vuelvan a repetir en la ciudad.
La denuncia penal federal y el encuadre legal
Los fundamentos del proyecto presentado en el Concejo se apoyan en la gravedad de los hechos denunciados en el fuero federal, donde la causa fue tipificada bajo la figura de trata de personas.
La presentación judicial detalla los requisitos legales del delito, previsto en los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal y en la ley n.° 26364, advirtiendo sobre un mecanismo coordinado de captación, traslado, recepción y acogimiento de personas adultas mayores y enfermas que se encontraban en situación de vulnerabilidad.
A esto se suma la investigación sobre un presunto control patrimonial mediante la retención de documentos nacionales de identidad, tarjetas bancarias y claves personales (PIN) de las pensiones. Según la hipótesis que investiga la Justicia Federal, esta situación habría condicionado el alojamiento de los residentes a la apropiación de sus haberes previsionales, configurando una finalidad de explotación bajo la modalidad de reducción a servidumbre.
El escrito judicial señala además la pérdida de autodeterminación, el aislamiento, la falta de asistencia médica adecuada, el manejo arbitrario de fármacos y el sometimiento patrimonial de las víctimas, advirtiendo incluso sobre la posible participación de agentes estatales en una red de presión.
Un antecedente histórico en la ciudad
De conseguir el aval de los ediles, la conformación de esta comisión investigadora marcará un hito institucional en la capital provincial, tratándose de la primera iniciativa de esta naturaleza en casi dos décadas.
El antecedente inmediato en el Concejo Municipal se remonta al año 2007, cuando se llevó adelante un procedimiento similar para indagar la responsabilidad política del entonces intendente Martín Balbarrey. Aquel proceso derivó en su destitución y abrió paso a una transición en el municipio con la asunción de Mario Barletta.
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