La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó 12 de las 13 leyes solicitadas por el Ejecutivo provincial para reforzar la política de seguridad impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, según destacó el legislador oficialista Martín Rosúa. El paquete normativo, convalidado tras el respaldo a diez nuevas herramientas legales, incluye medidas clave contra el crimen organizado como el juicio en ausencia, mayores restricciones para presos de alto perfil y facultades para allanamientos urgentes. Estas modificaciones buscan dotar al Estado de mayor agilidad investigativa y frenar el accionar de bandas delictivas en el territorio provincial, especialmente en Rosario.
Las nuevas herramientas legislativas para la seguridad
El diputado provincial de Unidos por el radicalismo, Martín Rosúa, destacó que la Cámara de Diputados acompañó la reforma de la ley de seguridad, dándole al Gobierno el jueves pasado 10 de las 11 herramientas que necesitaba para seguir bajando los índices delictivos y continuar combatiendo al crimen organizado. «Y si se suman las dos leyes aprobadas en la semana previa, suman 12 de 13 herramientas. Como dice el gobernador Maximiliano Pullaro, tenemos que ser conscientes de que las bandas delictivas no desaparecieron ni descansan en su organización. Por eso tenemos que generar todo el tiempo las modificaciones y actualizaciones a la legislación para permitir que el Estado tenga las herramientas necesarias para que la pelea sea más equitativa», remarcó el legislador.
Ejes centrales de la reforma
Al subrayar la importancia de dotar al Ejecutivo de mejores recursos para la prevención, Martín Rosúa valoró la implementación de la ley de inteligencia para anticiparse a los hechos delictivos, la incorporación del juicio en ausencia para evitar que las personas prófugas queden impunes y el endurecimiento de las restricciones para los presos de alto perfil. En ese sentido, apuntó que «estamos hablando de cortar con el preso de alto perfil que manda a matar desde la cárcel».
El artículo 57 Bis y el régimen para internos de alta peligrosidad
El legislador mencionó la incorporación de un artículo específico (57 Bis) que establece que cuando un interno, «por medio de sus visitantes, de los visitantes de otro interno, de sus comunicaciones reglamentarias, de correspondencia física o electrónica, de comunicaciones no autorizadas o por cualquier otro medio, realice actos que representen una amenaza grave a la seguridad pública», será pasible de medidas estrictas. Estas incluyen el aislamiento pleno en celda individual con derecho solo a 2 horas de patio (también individual) por día; la suspensión total de visitas y comunicaciones —con derecho únicamente a correspondencia epistolar, que será abierta y visada por personal penitenciario—; y el retiro de artículos de ocio y entretenimiento, habilitando únicamente el material de lectura autorizado.
Procedimientos de investigación más ágiles
Martín Rosúa también destacó la incorporación de la posibilidad de que el fiscal tome declaración informativa como una herramienta para agilizar los procedimientos investigativos. La normativa señala que «el fiscal podrá tomar simple declaración informativa a la persona que apareciera verosímilmente vinculada a un hecho delictivo y aún no existieran elementos suficientes para formalizar la imputación». Asimismo, se estipula que, en caso de que la persona renuncie a declarar sin asistencia letrada, dicha declaración podrá utilizarse exclusivamente para orientar la investigación.
Tecnología y allanamientos urgentes
Por otro lado, el diputado resaltó que la nueva legislación permitirá utilizar «información y tecnología para anticipar delitos, con controles judiciales sobre las medidas que afecten la privacidad». En la misma línea, valoró la habilitación de «allanamientos urgentes sin orden judicial previa» para situaciones excepcionales, tales como la sospecha fundada de acopio de armas donde la demora pueda hacer desaparecer la evidencia, aclarando que «la medida queda sujeta a control judicial posterior».
Finalmente, sobre el juicio en ausencia o rebeldía, Martín Rosúa concluyó que se trata de un mecanismo para evitar que una fuga paralice indefinidamente una causa, el cual cuenta con la intervención de un defensor, requisitos de notificación y la posibilidad de revisión. «Son herramientas para resolver problemas concretos, no una discusión abstracta sobre mano dura o garantismo», sentenció el diputado.
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