Las primeras audiencias imputativas, derivadas de los allanamientos concretados el 6 de marzo en la ciudad de San Javier, posibilitaron formalizar acusaciones contra 17 personas. Todos los imputados estarían vinculados a tres organizaciones dedicadas a la venta minorista de estupefacientes.
En el marco de la investigación, dos de las aprehensiones se ejecutaron dentro de establecimientos carcelarios y policiales, mientras que otras tres personas continúan prófugas.
Las pesquisas se tramitan ante la Unidad Fiscal Especial en Microtráfico (UFEMI) del Ministerio Público de la Acusación (MPA), bajo la dirección de los fiscales Diego Vigo y Arturo Haidar, en colaboración con el fiscal de San Javier, Pablo Lipowy. La Policía de Investigaciones (PDI) de San Javier fue la encargada de ejecutar los procedimientos, tras recibir las órdenes judiciales correspondientes.
Durante los allanamientos, se logró el secuestro de cocaína, marihuana, balanzas de precisión y otros elementos asociados al fraccionamiento y la comercialización de drogas.
Las investigaciones revelaron la existencia de tres estructuras criminales que, aunque independientes, presentaban características similares: todas estaban lideradas por mujeres, integradas por miembros del núcleo familiar y abastecidas con estupefacientes que eran trasladados por vía terrestre desde la ciudad de Santa Fe.
Actualmente, de las tres causas abiertas, en una ya se dispuso la prisión preventiva de los principales acusados. En otra, la audiencia cautelar está prevista para el viernes, y la restante aguarda que la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) fije fecha de tratamiento durante esta semana.
Venta de droga dirigida desde prisión
La primera investigación se focalizó en una organización que, según la fiscalía, operó desde principios de 2024 hasta la actualidad en el barrio Los Reubicados de San Javier. La estructura era encabezada por Natalia Soledad Duarte, quien ya se encuentra detenida en la Cárcel de Mujeres de Santa Fe por otra causa relacionada con drogas. A pesar de su encierro, Duarte habría continuado dirigiendo el negocio ilegal.
Su pareja, Walter Miguel Bianco, era el encargado de trasladar los estupefacientes desde la capital provincial, utilizando un Chevrolet Prisma blanco. Además, se ocupaba de reclutar colaboradores para la venta y la protección del circuito. Bianco realizó esta tarea hasta su detención, y actualmente cumple prisión en la alcaidía de la Unidad Regional VII desde el año pasado. Su rol fue posteriormente suplantado por otra persona de confianza de Duarte, quien permanece prófugo.
Dentro del grupo también participaban los hijos de Duarte. Ivón Ayelén Costanzo se dedicaba a la venta de droga, tanto desde su vivienda como bajo la modalidad de delivery, además de gestionar los cobros en efectivo o mediante transferencias a billeteras virtuales. Sus hermanos, Abigail Nailen Costanzo y Gustavo Emanuel Costanzo, cumplían funciones de vigilancia en los puntos de venta.
Durante los allanamientos en dos viviendas del barrio se procedió al secuestro de:
- 384 gramos de marihuana
- 7,6 gramos de cocaína
- Una balanza digital
- Recortes para fraccionamiento
La audiencia fue presidida por el juez Sergio Carraro, quien dispuso la prisión preventiva de los principales imputados. Esta medida fue consentida por los defensores Ramiro Carrasco y Martín Peón, ante la contundencia de la evidencia recolectada durante dos años de investigación.
Otra familia bajo sospecha en Los Reubicados
La segunda causa también se desarrolla en el barrio Los Reubicados. La principal imputada es Julieta Agostina E., señalada como la persona que dirigía el grupo desde su domicilio particular. De acuerdo con la acusación, la organización se dedicaba a la adquisición, traslado, almacenamiento y posterior venta de estupefacientes, que igualmente eran transportados desde Santa Fe.
Su hermano, Sergio Alfredo E., habría brindado protección armada y apoyo logístico a la banda. Otros dos hombres que participaban activamente en la venta de la droga se encuentran prófugos.
En los allanamientos de esta pesquisa se secuestraron:
- 37,4 gramos de marihuana en la vivienda de la principal imputada
- Pequeñas cantidades de cocaína fraccionada en el domicilio de su hermano
Esta investigación se inició en junio de 2025 (sic) a raíz de un episodio de disparos en la casa de la mujer. Dicho incidente derivó en un procedimiento policial que permitió incautar cocaína y, posteriormente, abrir la causa por microtráfico.
En este expediente también figuran otras personas vinculadas como colaboradoras en la venta o en el traslado de la droga. Se trata de dos parejas –Romina Raquel K. y Antonio Ramón P.; y Mauricio José K. y Zaida Yamila G.–, y de Lucas Martín F., quien era el encargado de manejar el vehículo utilizado para la compra de la droga en Santa Fe.
La audiencia imputativa fue presidida por el juez Leandro Lazzarini. La discusión sobre las medidas cautelares fue programada para esta semana.
Cocaína secuestrada en un automóvil en barrio San Antonio
La tercera investigación se concentra en una vivienda del barrio San Antonio. La fiscalía sostiene que Mónica Itatí L. lideraba este grupo delictivo junto a su pareja, Marcelo Simón L., mientras que su hijo, Rodrigo Fabián E., cumplía tareas de abastecimiento.
En el allanamiento, se secuestraron 28,6 gramos de cocaína dentro de un Peugeot 307 estacionado frente al domicilio. También se incautó una balanza digital utilizada para el fraccionamiento de la sustancia.
El resto de la estructura estaba integrado por familiares cercanos: otro hijo de la mujer, Ayrton Leonel E., y su pareja, Evelyn Estefanía L., quienes cumplían funciones de vigilancia en los puntos de venta.
En este caso, la audiencia imputativa fue dirigida por el juez José García Troiano, quien dispuso medidas alternativas a la prisión preventiva para dos de los acusados. La decisión se basó en que no poseen antecedentes penales y tienen a cargo un hijo pequeño. La audiencia para debatir las medidas cautelares de los principales imputados quedó fijada para el viernes 20 de marzo.
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