El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, defendió el proyecto de ley del Poder Ejecutivo Provincial que reforma el Código Procesal Penal, sumando once cambios para fortalecer la seguridad pública. El funcionario aseguró que estas nuevas herramientas respetan el «piso de garantías constitucionales» y desestimó las críticas, atribuyéndolas a «confusiones» o «poca lectura» del texto. Esta iniciativa marca el segundo paquete de reformas en seguridad impulsado por la gestión de Maximiliano Pullaro en la provincia.
Defensa y Argumentos sobre la Reforma Penal en Santa Fe
El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, defendió en rueda de prensa el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Provincial. La iniciativa busca reformar el Código Procesal Penal y crear «Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública», proponiendo once cambios sobre la actual normativa.
El funcionario aseguró que las modificaciones respetan «el piso de garantías constitucionales» e interpretó que las críticas formuladas desde la oposición o el ámbito de los colegios profesionales se debían a «confusiones» e incluso a «poca lectura» del texto.
Un Segundo Paquete de Reformas
Este proyecto representa el segundo paquete de reformas al proceso penal y a las regulaciones en materia de seguridad desde el inicio del gobierno de Maximiliano Pullaro. La primera serie de cambios, enfocados en la víctima y la urgencia de la situación en Rosario, fue aprobada entre diciembre de 2023 y a lo largo de 2024, con un alto consenso legislativo.
«Estudio Profundo» y Respeto por las Garantías
Cococcioni afirmó que «en cada uno de estos proyectos hubo un estudio en profundidad de los antecedentes, de su necesidad». Al abordar las objeciones, señaló: «Yo he escuchado muchas declaraciones, por supuesto hay gente que uno respeta, que conoce y algunos, claro, que son amigos. Pero una cosa es la amistad y otra cosa es lo que es necesario para la seguridad de los santafesinos».
El ministro enfatizó la existencia de «un piso de garantías constitucionales indiscutido, que se respeta en todo el proyecto». Y añadió: «De ese piso para arriba el legislador puede oscilar en el nivel de severidad de las normas», pero insistió en que «lo que no podemos es perforar el piso». Reafirmó que «se respetan esas garantías constitucionales en cada uno de los institutos» y se refirió a las críticas de «gente a la que le tengo mucho respeto, algunos son colegas, amigos, pero que no se han matado mucho estudiando el proyecto tampoco».
Nuevas Figuras y Medidas Coercitivas
El funcionario puso como ejemplo el «procedimiento por decreto penal», explicando que «existe en la Ordenanza Alemana, que fue la base de nuestro Código Procesal Penal«. Subrayó: «Nosotros copiamos el modelo acusatorio de los alemanes. Bueno, agarren la Ordenanza Alemana y van a ver procedimiento por decreto o mandato penal».
En cuanto a las medidas coercitivas por orden fiscal, Cococcioni argumentó que «hoy ya existen porque el fiscal te puede tener detenido por un mes». Y cuestionó: «¿Eso no es una medida coercitiva por orden fiscal? ¿Cómo esto que rige no es inconstitucional y lo mismo ahora en un nuevo proyecto sí?».
Para ilustrar el caso del «derribo por orden fiscal», mencionó la reciente decisión judicial que permitió a una topadora demoler una edificación ruinosa en Zazpe y Zavalla, utilizada por narcotraficantes. Con los escombros aún sobre el piso, el ministro reflexionó: «¿Qué podría haber pasado si hubiera existido la más mínima demora?». Y se respondió: «Por suerte, se habló, se trabajó para agilizar, pero ¿qué pasa si la agenda judicial está saturada y la audiencia de derribo te la posponen? El día que un alacrán pique un chico, después nos vamos a señalar para ver quién tuvo la culpa de la demora», expuso a modo de ejemplo. Sostuvo que los fiscales deben contar con la herramienta legal para demoler sin dilaciones los «búnkeres» de drogas, describiendo esta facultad como «puramente cautelar».
Declaraciones Informativas y Argumentos del Ministro
Sobre la cuestión de la declaración informativa a cargo de ciudadanos ante la policía, sin que medie orden judicial, acusación de un fiscal o presencia de un abogado defensor, el ministro explicó: «En los primeros momentos de la investigación, todavía no se sabe si una persona va a resultar imputada o no. Le toman declaración testimonial bajo juramento de decir verdad. Después resulta que es imputado. ¡Ah, pero ya declaró bajo juramento y el imputado no puede declarar bajo juramento! Entonces, ¿qué hacemos?».
Finalmente, Cococcioni concluyó que «son cosas que se estudian y contemplan dentro de lo que la técnica procesal penal permite». Afirmó: «Yo puedo ser más duro, más blando, moverme en función de las necesidades político-criminales, pero decir que todo es inconstitucional me parece, por lo menos, una expresión un tanto simplista y además una generalización».
El ministro manifestó que el proyecto plantea «once reformas estructurales que nosotros estamos dispuestos a explicar», e invitó al debate en la Legislatura: «Serán los legisladores los que analicen esto. Si a nosotros nos convocan, nosotros vamos a ir y vamos a dar los argumentos de por qué necesitamos esta herramienta».
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