Un nuevo proyecto de ordenanza ingresado al Concejo de Santa Fe propone que los futuros aumentos de la tarifa del colectivo requieran la autorización final del cuerpo legislativo. Esta iniciativa busca modificar una potestad actualmente exclusiva del Ejecutivo municipal, reabriendo la vieja discusión política sobre las «facultades delegadas» en la ciudad.
¿Quién define el precio del boleto? Una discusión histórica en el Concejo
La posibilidad de que el Concejo de Santa Fe vuelva a tener la última palabra en cada aumento del boleto de colectivo reabrió una discusión política de larga data en calle Salta 2943. Hace al menos 15 años que se debate sobre las facultades del Poder Legislativo local (el Concejo) frente a las del Poder Ejecutivo capitalino (la Municipalidad). Ahora, un sector de la oposición propuso que cualquier nueva suba del pasaje de colectivos necesite la aprobación final de los concejales. Actualmente, esto no ocurre. El último incremento, por ejemplo, fue formalizado por decreto N° 00048/2026 del intendente Juan Pablo Poletti el 19 de mayo, según informó El Litoral.
Así se define hoy un aumento del boleto
Pero, ¿cómo se aprueba actualmente cada actualización de la tarifa de este servicio esencial para los vecinos de Santa Fe? El proceso comienza cuando los empresarios del transporte envían una carta formal a la Municipalidad pidiendo una redeterminación tarifaria.
La Subsecretaría de Control, Transporte y Movilidad municipal es la encargada de analizar la evolución de los costos desde la última vez que se autorizó un aumento. Se busca verificar si hubo incrementos en las variables esenciales que componen la estructura de costos del sistema.
Estas variables se analizan mediante una fórmula polinómica, que está establecida en la Ordenanza N° 11.580, la cual regula el servicio de colectivos en Santa Fe ciudad. Esta fórmula tiene en cuenta aspectos como la variación del valor de las unidades nuevas, el precio del gasoil, el salario de convenio de la UTA (según los acuerdos paritarios), los índices de variación de precios (IPC) y los subsidios otorgados en el período entre una redeterminación y otra.
Si el cálculo arroja que la variación total de los costos superó el 5% con relación al último valor, entonces se dan las condiciones para autorizar un aumento. En este punto interviene el Órgano de Control de Transporte, que debe emitir el dictamen correspondiente.
El artículo «de la discordia»
Todo este procedimiento está detallado en el artículo 16 de la Ordenanza N° 11.580. Este artículo establece de manera taxativa que el Ejecutivo «podrá proceder a la redeterminación de las tarifas» (es decir, tiene esa potestad), siempre y cuando el cálculo de variables no supere el 5% con relación a la anterior suba.
Hoy, el Concejo, que es un órgano colegiado de cogobierno junto con el municipio en Santa Fe, no tiene injerencia técnico-jurídica directa en una redeterminación tarifaria. El nuevo proyecto busca «restituir» esa facultad al Concejo, ya que más de una vez se consideró que había sido «delegada» al Ejecutivo. Como se mencionó, esta discusión no es nueva en la política local y ha sido producto de las tensiones lógicas entre oficialismo y oposición a lo largo del tiempo en calle Salta 2943.
¿Qué propone el nuevo proyecto?
El proyecto en cuestión es impulsado por la concejala Violeta Quiroz, del bloque Mesas de Trabajo, y cuenta con la coautoría de los ediles justicialistas Jorgelina Mudallel y Jorge Fernández, ambos del Bloque PJ. Los tres son parte del arco opositor del Concejo.
En concreto, la iniciativa propone modificar el artículo 16 de la ordenanza, pero sin alterar la fórmula ya explicada que se usa para determinar los incrementos de variables como combustibles, acuerdos paritarios, inflación y subsidios.
Lo novedoso es la incorporación de dos puntos clave. El primero establece: «Una vez efectuado el cálculo correspondiente, el Ejecutivo deberá remitir al Concejo el estudio técnico, económico y financiero que fundamente la redeterminación tarifaria propuesta, acompañado de toda la documentación respaldatoria».
Y el segundo punto, fundamental, agrega: «La nueva tarifa (redeterminada) sólo podrá entrar en vigencia previa aprobación del Concejo mediante la sanción de la correspondiente ordenanza». Esto, como se explicó, es lo que no sucede actualmente: el Concejo no tiene injerencia al momento de disponer una suba del boleto.
El impacto en la economía familiar y el control democrático
En los fundamentos del proyecto, la concejala Violeta Quiroz, junto a Fernández y Mudallel, explican que buscan «fortalecer el control institucional» y la «legitimidad democrática» sobre una decisión que «impacta directamente sobre miles de vecinos de Santa Fe».
Argumentan que los recientes aumentos del boleto de colectivo han generado «una profunda afectación sobre las economías familiares». Además, señalan que cada actualización tarifaria «fue aplicada mediante decisiones administrativas (decretos) por el Ejecutivo, sin la necesaria intervención del Cuerpo Legislativo».
Para los impulsores, el valor del boleto «no constituye una cuestión meramente técnica o matemática». Consideran que «detrás de cada aumento existen definiciones políticas, económicas y sociales que deben ser debatidas públicamente por los representantes elegidos democráticamente por la ciudadanía», es decir, los concejales.
La modificación busca «recuperar herramientas de control democrático sobre políticas públicas que afectan de forma directa a los santafesinos» y «fortalecer el rol institucional del Concejo, promoviendo una mayor participación y transparencia en las decisiones vinculadas al transporte público», concluyen.
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