Este viernes serán imputados en Tribunales de Santa Fe seis efectivos policiales –cinco del Comando Radioeléctrico y uno del Cuerpo Guardia de Infantería– por la muerte de Mauro Daniel González. El hombre falleció en enero pasado, bajo custodia en un calabozo de la Comisaría 8va, luego de un violento procedimiento en el barrio Yapeyú.
Audiencia imputativa para seis efectivos por la muerte de Mauro González
La sede de los tribunales de la ciudad de Santa Fe será este viernes el escenario de la audiencia imputativa a los seis miembros de las fuerzas de seguridad detenidos por la muerte de Mauro Daniel González, quien falleció en enero de este año mientras se encontraba bajo custodia policial.
La Oficina de Gestión Judicial (OGJ) programó la audiencia para las 16.30 horas, la cual estará a cargo de la jueza Cecilia Labanca. En este marco, el fiscal Ezequiel Hernández expondrá formalmente las imputaciones a los uniformados que fueron aprehendidos durante la presente semana.
Las detenciones y la pretensión fiscal
El pasado miércoles, el fiscal a cargo de la Unidad de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó la detención de cinco integrantes del Comando Radioeléctrico y un agente del Cuerpo Guardia de Infantería. Los seis efectivos estarían directamente vinculados con la muerte en custodia de González.
Tras las imputaciones, la fiscalía solicitará que se fije una audiencia de medidas cautelares para los primeros días de la próxima semana. La pretensión fiscal es que los uniformados queden en prisión preventiva.
El deceso en Comisaría 8va
El fallecimiento de Mauro Daniel González ocurrió en el interior de un calabozo de la Comisaría 8va (actual Estación Policial Norte) en la madrugada del pasado 18 de enero.
La investigación de este caso se rige bajo el Protocolo de Minnesota, una herramienta diseñada específicamente para indagar muertes ocurridas bajo responsabilidad estatal. El objetivo es determinar si existió un uso desmedido de la fuerza o negligencias graves en el deber de cuidado.
La reconstrucción de los hechos
La reconstrucción que presentará la fiscalía sitúa el inicio del conflicto en la tarde del 17 de enero, en el barrio Yapeyú. Tras un llamado al 911 por presuntos disturbios, una cantidad desproporcionada de móviles policiales —se estima entre ocho y nueve patrulleros— acudió al lugar para reducir a González delante de sus padres y vecinos.
Según la querella, representada por el abogado Rodolfo Mingarini, la aprehensión fue violenta e ilegal desde su origen. La parte acusadora denuncia que uno de los efectivos le habría provocado la fractura de una costilla a González al arrojarse sobre él durante el procedimiento.
Testigos y registros de cámaras de seguridad se perfilan como piezas fundamentales para reconstruir lo ocurrido aquel día. La querella sostiene, además, que durante el trayecto en el patrullero hasta la dependencia policial, los efectivos realizaron diversas paradas, prolongando el traslado. En ese tiempo, la salud del aprehendido se habría deteriorado.
Desenlace fatal en custodia
Cuando González fue entregado formalmente a la Comisaría 8va, cerca de las 20 horas, «no respondía, no podía sostenerse en pie y las imágenes muestran que estaba prácticamente desvanecido», indicó Mingarini.
De acuerdo con el expediente, el fiscal de turno había dispuesto que el aprehendido fuera liberado, instrucción que fue comunicada a la seccional a las 22.40 de ese 17 de enero. Sin embargo, el hombre permaneció encerrado hasta la madrugada del 18, cuando los guardias acudieron a notificarle su liberación y descubrieron que ya no presentaba signos vitales.
La querella sostiene que «la muerte de Mauro empezó en la calle» y que existieron múltiples oportunidades perdidas para evitar el fatal desenlace, especialmente dada la cercanía del Hospital José María Cullen durante los traslados previos. La audiencia de este viernes marcará el inicio formal del proceso judicial contra los policías, en un contexto donde también se evalúan los antecedentes de violencia de algunos de los detenidos y la deficiencia de los exámenes médicos policiales realizados a la víctima antes de su ingreso al calabozo.
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