El diputado nacional Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, confirmó a El Litoral de Santa Fe que la Comisión Investigadora creada para analizar el caso de los medicamentos contaminados no interferirá con la investigación judicial en curso.
Su objetivo, aclaró, es determinar la responsabilidad política de quienes, por acción u omisión, pudieron estar involucrados en los hechos, ya sea por complicidad o negligencia. Mayoraz destacó el compromiso de la Comisión de identificar las fallas en el sistema de control de medicamentos y aseguró que se brindará un espacio de participación activa a los familiares de las víctimas en la labor parlamentaria.
Consenso político ante la crisis sanitaria
El acuerdo parlamentario para la creación de la Comisión Investigadora refleja la gravedad de la situación que ha afectado la confianza en el sistema de salud. Diputados de diferentes bloques políticos, como Silvana Giudici (Pro), Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria), Pablo Juliano (Democracia para Siempre) y Cristian Castillo (Izquierda), consensuaron un dictamen único.
El trabajo legislativo apunta a que los 31 diputados integrantes de la Comisión arriben a conclusiones que permitan conocer la verdad y sirvan de base para la construcción de un sistema de trazabilidad de medicamentos transparente y seguro, blindado contra la infiltración del narcotráfico en la industria farmacéutica.
El rol de El Litoral en la visibilización del caso
La investigación periodística de El Litoral, iniciada a fines de mayo, puso en evidencia el alcance de la catástrofe sanitaria. A pesar de la inicial apatía social y el silencio mediático y político, el reclamo de los familiares de las víctimas logró instalar el tema en la agenda pública.
El diario de Santa Fe, desde el 1° de junio, se propuso que esta tragedia no quedara como una simple anécdota, sino que marcara un antes y un después en los protocolos y políticas sanitarias, tal como ocurrió con la Tragedia de Cromañón o la de Once. La decisión editorial de priorizar el caso y destinar recursos a la investigación periodística resultó fundamental para visibilizar la problemática y contribuir a la búsqueda de soluciones que protejan la salud pública.
Objetivos y atribuciones de la Comisión Investigadora
La Comisión Investigadora se abocará a relevar los casos confirmados, probables y sospechosos, analizando la actuación de organismos nacionales como el Ministerio de Salud y la ANMAT.
Se determinarán las causas y responsabilidades por el uso de fentanilo contaminado o adulterado, tanto en el sistema público como en el privado. Se verificará la habilitación y el cumplimiento normativo de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo S.A., y se evaluará el sistema de trazabilidad de medicamentos, identificando sus fallas.
La Comisión también examinará la responsabilidad del Estado, laboratorios y privados en la cadena de producción y distribución, e indagará sobre posibles irregularidades, destrucción de pruebas e interacción interjurisdiccional. Se coordinará con el Observatorio de Víctimas el seguimiento de los afectados.
Para llevar adelante su tarea, la Comisión podrá solicitar informes y documentación, convocar a funcionarios y terceros a declarar, recibir denuncias y pruebas, requerir peritajes y colaborar con organismos internacionales. Las reuniones serán públicas, salvo en casos de reserva.
Elaboración y destino del informe final
El informe final de la Comisión será público e incluirá una descripción de lo actuado, las debilidades detectadas y las recomendaciones correspondientes. Se remitirá al Poder Ejecutivo, la Procuración General, la Auditoría General y a las autoridades judiciales. En caso de detectarse delitos o mal desempeño, la Comisión impulsará las denuncias penales o los procesos de remoción correspondientes.
