La jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, resolvió este miércoles 15 de octubre revocar la sentencia de su par de Garantías, Paola Firpo, y ordenó abrir los celulares de los cinco policías que son investigados por el presunto cobro de adicionales de custodia de transporte blindado (traslado de valores de banco Bersa), supuestamente ocurridos entre enero y mayo de este año. Se presume un perjuicio al erario público de más de 27 millones de pesos.
En la audiencia que se realizó el lunes 15 de septiembre, la jueza Paola Firpo, rechazó el pedido del fiscal Gonzalo Badano, de permitir abrir los celulares de los sospechados porque entendió que la indeterminación del hecho imputado y de la medida solicitada –dijo que la investigación iba “a la pesca” y pretende obtener evidencia para imputar de los celulares porque no realizó otras medidas– y la intromisión en la intimidad de las personas no lo permitían en ese momento, dejando abierta la posibilidad de que, con más evidencia, se volviera a solicitar y se habilitara.
Firpo expresó en aquella resolución que le quedaba “muy claro” que lo que pretendía Fiscalía con el pedido era, “en esta instancia, sin tener una investigación clara”, sin que se determine “hacia quien va dirigida” ni por qué se imputa a cinco efectivos cuando del hecho se desprende que habría otras responsabilidades, “ir a la pesca para después formular la acusación”.
EL CASO
La investigación se realiza “a fin de investigar las presuntas irregularidades, cometidas entre los meses de enero a mayo de 2025, en la liquidación, cobertura, cargas y cobros del servicio adicional de custodia de transporte blindado (traslado de valores Bersa), llevadas a cabo por el jefe de la División de Policía Adicional de la Dirección General de Operaciones y Seguridad Pública, comisario Inspector Fernando Oscar Urquia; sargento ayudante Vanesa Marina Paola Bértoli; numeraria de la Sección Cobradores de la División de Policía Adicional; cabo primero Julia Evangelina Sangoy; numeraria de la Sección Cobradores de la División de Policía Adicional; cabo primero Mauricio Javier Colignon; de la División Arquitectura de la Dirección General de Administración y Logística; y por el segundo jefe de la División de Despacho de la Dirección General de Personal, oficial inspector Walter Ramón Broder, todos dependientes de la Policía de Entre Ríos”.
En la audiencia de este miércoles, el fiscal reiteró conceptos que alegó en las dos audiencias anteriores y se apoyó en una planilla –que exhibió en una pantalla– con evidencia de cargo que utilizó para sostener la necesidad de abrir los celulares para determinar una serie de relaciones y situaciones que le permitirían precisar el hecho y las presuntas responsabilidades.
Badano cuestionó la resolución de Firpo por arbitraria y falta de fundamentación. Criticó que no respondió a los planteos de la acusación y alegó que el rechazo del pedido le causaba un gravamen irreparable a su pesquisa. El 15 de septiembre, el fiscal solicitó que se permitiera la apertura de los celulares de los imputados por el período que va del 15 de diciembre de 2024 a mayo de 2025, limitando la intervención a los mensajes de Whatsapp y a las aplicaciones que contaran con servicio de mensajería, solamente para la información pertinente para la investigación. Sólo la defensa de Urquía, Bértoli y Sangoy, a cargo de Eduardo Gerard, se opuso al pedido del fiscal y argumentó –además de que se trata de una medida invasiva de la intimidad de las personas–, que hay medidas de prueba solicitada que se realizó y resta su análisis por parte de Fiscalía y la correspondiente notificación a las defensas de los resultados. Los defensores de Broder y Colignon, Fernando Quinodoz y Hernán Saín, respectivamente, no se opusieron, pero pidieron límites a la pretensión fiscal.
La prueba pendiente era un informe del análisis de los celulares secuestrados y peritados, del jefe de Adicionales y del de la División Adicionales, que en el Decreto 143 determina que la comunicación entre la fuerza y el Bersa para la coordinación del servicio, se realice por Whatsapp, que fue autorizada por Firpo. En este punto, Fiscalía argumentó que esta habilitación era contradictoria con la negativa a abrir los celulares puntualizados. Gerard y Quinodoz, que estuvieron en la audiencia, respondieron que no era contradictorio porque se trataba de dos celulares de uso oficial, pero en el caso de los de sus defendidos significaba meterse “en la vida de una persona”, en referencia a la importancia del celular en la existencia de las personas.
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