Santa Fe: prorrogan el contrato de Aguas Santafesinas y prometen una nueva ley de saneamiento
El objetivo es mantener el marco legal que rige la prestación del servicio sanitario en el territorio provincial.

Mediante el decreto provincial 2.773, el gobernador Maximiliano Pullaro ratificó el Contrato de Vinculación Transitorio que une a la Provincia de Santa Fe con la Empresa Aguas Santafesinas SA (ASSA).

Esta medida, firmada también por el ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico, se inscribe en una serie de decisorios similares que se vienen dictando desde el año 2007 y que fueron prorrogados en 2009, 2012, 2017, 2022 y 2024. El objetivo es mantener el marco legal que rige la prestación del servicio sanitario en el territorio provincial.

La cláusula clave que vincula el contrato a una futura Ley del Servicio Sanitario

La novedad más relevante que introduce el reciente decreto 2.773 es el establecimiento de un plazo de vigencia supeditado a la sanción de una nueva normativa. Específicamente, se prorroga la validez del contrato «hasta la sanción e implementación de la nueva Ley del Servicio Sanitario».

Hasta la fecha, y de conocimiento público, solo se ha presentado el título de esta futura norma, que se perfila como una promesa legislativa. Asimismo, como en anteriores prórrogas, el decreto aprueba las «Pautas Complementarias» como Anexo I, de aplicación inmediata y sin modificar lo dispuesto en la Ley N° 11.220 y normativas concordantes.

La instrucción a Aguas Santafesinas SA para modificar su estatuto social

El decreto, emanado del Poder Ejecutivo Provincial, instruye de forma directa al Directorio de Aguas Santafesinas SA a convocar a una Asamblea General Extraordinaria. El propósito de esta convocatoria, enmarcada en la Ley Nacional N° 19.550 (Ley General de Sociedades), es reformar el Artículo 3º del Estatuto Social de la empresa, el cual refiere al plazo de duración de la sociedad.

La redacción propuesta para el nuevo Artículo 3° es la siguiente: «La Sociedad extenderá su plazo de duración por veinte (20) años desde el momento de su vencimiento, prorrogable en la medida necesaria hasta la expiración de la totalidad de las obligaciones emergentes del contrato de vinculación o cualquier otro vínculo que celebre con la Provincia de Santa Fe, incluyendo sus prórrogas».

Maximiliano Pullaro, gobernador de la provincia de Santa Fe. Créditos: Luis Cetraro

El recorrido histórico de Aguas Santafesinas SA y la «mayoría de edad» de su vínculo transitorio

El vínculo legal que hoy sustenta la relación entre el Estado provincial y ASSA se originó en 2007, tras la reestatización del servicio. Desde entonces, diversos gobiernos provinciales, con distintas orientaciones políticas, han dictado decretos para prorrogar este contrato de vinculación transitorio, que este año cumple 18 años de vigencia.

La historia de la empresa se remonta a la privatización de la antigua Dirección Provincial de Obras Sanitarias (Dipos). Las decisiones políticas más trascendentales sobre la compañía fueron tomadas durante los gobiernos peronistas de Carlos Reutemann y Jorge Obeid.

Fue en la década de los ’90 cuando el grupo de origen francés Lyonnaise des Eaux (posteriormente adquirido por Suez) ganó las licitaciones internacionales para la privatización. Menos de diez años después, durante el segundo mandato de Obeid en 2006, el contrato, originalmente previsto para un siglo, cesó y el servicio volvió a la gestión estatal, dando lugar al primer contrato de vinculación transitoria en 2007.

La deuda legislativa y la falta de consenso político en torno a la ley del servicio

La provisoriedad que caracteriza la prestación del servicio sanitario en Santa Fe se arrastra desde 2007. La Ley N° 11.220, que actualmente rige, fue diseñada en un contexto donde se concebía la prestación del servicio a cargo de operadores privados, lo que la torna anacrónica para el esquema actual de gestión estatal.

Planta potabilizadora de la ciudad de Santa Fe. Crédito: Fernando Nicola

La ausencia de una nueva normativa integral por parte de la Legislatura santafesina se atribuye fundamentalmente a la falta de un acuerdo político transversal. Este consenso no se alcanzó ni durante los gobiernos del Frente Progresista, Cívico y Social (que incluía a parte del actual oficialismo) ni en la administración peronista anterior, lo que ha generado una «deuda» legislativa en esta materia.

El debate nacional por la privatización de AySA y sus implicancias para Santa Fe

La propuesta de una nueva ley del servicio sanitario en Santa Fe se enmarca en un contexto nacional de intenso debate sobre la gestión de servicios públicos. Actualmente, el gobierno federal ha manifestado su intención de privatizar Aguas y Saneamientos Argentinos SA (AySA), la empresa de agua potable y cloacas más grande del país, que también había sido reestatizada después del colapso de la Convertibilidad (y luego de que Santa Fe ya hubiera reestatizado su servicio).

Existe una diferencia sustancial entre ambos casos, más allá de las convicciones ideológicas de cada administración. Mientras ASSA en Santa Fe enfrenta una necesidad imperiosa de inversiones en sus sistemas de distribución y recolección, especialmente en las ciudades de Santa Fe y Rosario, AySA ya concretó la vasta mayoría de sus inversiones durante las gestiones del kirchnerismo, aunque en beneficio exclusivo de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, con fondos nacionales aportados por todos los argentinos.

Las urgentes inversiones necesarias en Santa Fe y la expectativa por obras nacionales

Las dos ciudades más pobladas de la Provincia de Santa Fe, Rosario y la capital provincial, Santa Fe, esperan que se concreten las promesas preelectorales del gobierno nacional relativas a la finalización de obras hídricas fundamentales. Estas obras, comprometidas por el Estado nacional en sus plantas potabilizadoras, son críticas para multiplicar la capacidad de producción y adecuarse a la creciente demanda de la población.

La urgencia de estas inversiones contrasta con la situación de AySA, que ya ha realizado gran parte de su modernización y expansión, poniendo de manifiesto la asimetría en la distribución de recursos y esfuerzos de infraestructura a nivel federal.


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