Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner impugnaron la decisión del Tribunal Oral Federal 2 de avanzar con la ejecución de veinte propiedades. Esta medida busca cumplimentar el decomiso ordenado en el marco de la causa Vialidad, que asciende a un monto total de 685.000 millones de pesos. La presentación judicial marca un nuevo capítulo en el proceso de recupero de activos derivados de la sentencia.
La disposición judicial sobre el decomiso de bienes
La disposición que motivó la impugnación fue dictada el pasado 18 de noviembre por el Juez Jorge Gorini, integrante del Tribunal Oral Federal 2. El magistrado había ordenado el inicio de la ejecución de los bienes de los nueve condenados en la causa, de manera solidaria, hasta cubrir la suma exacta de 684.990.350.139,86 pesos.
Según lo establecido en el procedimiento, estos bienes pasarán a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como parte integral del proceso para hacer efectivo el decomiso.
Los argumentos de la defensa de la ex vicepresidenta
En su apelación, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner calificó la medida como una «nueva expresión del derecho creativo», una figura que, según afirmó la ex presidenta, ha sido utilizada para perseguirla y que ahora se extiende a sus hijos.
Los letrados sostuvieron que la totalidad de los bienes pertenecientes a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner poseen «origen lícito», una condición acreditada en fallos firmes previos, y que fueron recibidos legalmente de sus progenitores.
Asimismo, argumentaron que estas circunstancias impiden considerar los activos como instrumento, producto o provecho del delito juzgado, y cuestionaron que el tribunal haya ordenado el desapoderamiento de los hijos de la ex vicepresidenta en contravención a criterios propios del tribunal recientemente dictados.
El planteo de máximo y florencia kirchner
Por su parte, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner también impugnaron la ejecución de los 19 bienes que les fueron cedidos por su madre. En su presentación, advirtieron que esta acción implicaría un «desapoderamiento definitivo de bienes legítimamente adquiridos».
En consecuencia, solicitaron formalmente la suspensión inmediata de las tasaciones, inscripciones registrales y cualquier otro acto tendiente a poner dichos activos bajo la administración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación u otra entidad judicial o administrativa.
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