El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, volvió a defender públicamente el fallo del máximo tribunal sobre la integración del Consejo de la Magistratura. Ante un auditorio de juristas y magistrados, Rosatti señaló la complejidad de la acción judicial cuando el Congreso omite legislar y reafirmó que ningún poder del Estado está por encima de la Constitución Nacional.
Rosatti defendió el rol de la corte ante omisiones legislativas y del ejecutivo
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, afirmó que uno de los desafíos más complejos para la magistratura radica en la intervención ante las omisiones de los otros poderes del Estado. Estas declaraciones se efectuaron durante la ceremonia de entrega de premios de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, un evento en el que el supremo magistrado estuvo acompañado por su titular, Patricia Bermejo. En este marco institucional, Rosatti subrayó que «todos, jueces, legisladores y miembros del Poder Ejecutivo, estamos por debajo de la Constitución». Su alocución incluyó una defensa pública del fallo emitido hace cuatro años respecto a la composición del Consejo de la Magistratura.
El dilema de la intervención judicial frente a la división de poderes
La ceremonia sirvió también para reconocer a Martín Ugalde por su trabajo académico sobre el papel del máximo tribunal ante los vacíos legislativos, un contexto propicio para que Rosatti retomara la discusión sobre la función judicial frente a las obligaciones pendientes del Congreso de la Nación. El juez presidente puntualizó que la Justicia se enfrenta con frecuencia a un dilema institucional: discernir hasta qué punto intervenir sin menoscabar la división de poderes. «Nosotros tenemos siempre este dilema de decir hasta dónde incursionamos cuando hay omisiones del Ejecutivo o del Legislativo», manifestó durante su exposición. Agregó que la cautela busca evitar la acusación de «violentar la división de poderes», calificando la situación como «un tema difícil». En este sentido, comparó dicha intervención con la declaración de inconstitucionalidad de una ley, otro acto que conlleva un desafío de envergadura. «Diría que una de las tareas más complejas es suplir las omisiones de los otros poderes del Estado», concluyó.
La defensa del fallo de 2020 sobre el consejo de la magistratura
Al abordar la cuestión de fondo, Rosatti concentró su disertación en el fallo dictado en 2020 por la Corte Suprema respecto a la composición del Consejo de la Magistratura, el órgano responsable de la selección y eventual sanción de los jueces. A pesar de que el trabajo académico distinguido versaba sobre el caso Halabi, el presidente del Tribunal Superior optó por referirse a esta sentencia en particular. «Tengo otro caso para citar que es el del Consejo de la Magistratura«, expresó. Rememoró que, en aquel momento, la Corte «descalifica la norma aplicable y se pregunta cuál tiene que ser» la que debe regir, y resolvió que el Poder Legislativo debía sancionar una nueva ley para actualizar la conformación del organismo. Se otorgó un plazo perentorio para que el Poder Legislativo avanzara con esta reforma, pero, como indicó el magistrado, dicho mandato «no se cumplió». «¿Qué hacemos si no lo hace? Y no lo hizo», inquirió ante los presentes. Ante esa inacción, Rosatti explicó que el máximo tribunal optó por recurrir a la normativa preexistente. «La Corte fue a buscar lo que había dicho previamente el legislador», justificó, aclarando que el tribunal no tiene la facultad de «inventar el derecho» ni de redactar un articulado legal. La decisión, enfatizó el presidente de la Corte, se fundamentó en la premisa de que «por lo menos, esto lo hizo el legislador. Otro legislador, pero el Poder Legislativo«. Así, el tribunal procuró respetar las competencias del Congreso, al tiempo que garantizó la operatividad del Consejo de la Magistratura.
La fuerza normativa de la constitución nacional como eje de las decisiones
En otro pasaje de su intervención, Rosatti reivindicó enfáticamente el valor jurídico de la Constitución Nacional como marco rector y supremo de todas las decisiones institucionales. A tal efecto, citó a su maestro, el Dr. Germán Videla Campos, para realzar su convicción «en la fuerza normativa» del texto constitucional. «A veces faltan herramientas, faltan instrumentos, a veces falta voluntad para concretar estas herramientas y estos instrumentos», advirtió el magistrado. Frente a estas carencias o inacciones, señaló que el juez tiene el deber de actuar para garantizar la observancia de las reglas fundamentales del sistema republicano. El presidente de la Corte culminó su alocución con una afirmación contundente: «El hombre de derecho, el juez, en un momento determinado debe actuar. Y debe actuar porque todos, jueces, legisladores y Poder Ejecutivo, estamos por debajo de la Constitución».
Figuras destacadas del ámbito jurídico nacional presentes en el encuentro
La actividad congregó a una nutrida representación de referentes del ámbito jurídico nacional. Entre las personalidades presentes, se destacaron la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Ángela Ledesma; el fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; y la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, Agustina Díaz Cordero. Asimismo, participaron el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Andrés Basso; y el titular del Colegio de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra. También asistieron autoridades de diversas entidades de derecho procesal, incluyendo a Marcelo López Alfonsín y Eduardo Oteiza. El cónclave reunió a especialistas de todo el país y se desarrolló en un clima de intenso debate académico, donde el rol de la Corte Suprema ante las omisiones legislativas y ejecutivas ocupó nuevamente el centro de la escena.
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