Un reciente estudio elaborado conjuntamente por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) reveló que el incremento de las tarifas de los servicios públicos, impulsado por la disminución de las ayudas estatales a los hogares, representa un tercio del superávit fiscal.
Este análisis pone de manifiesto la correlación directa entre la política tarifaria y las cuentas públicas.
La contundente baja en el gasto público por subsidios
El Estado Nacional ha registrado una significativa disminución en el gasto destinado a subsidios para la energía eléctrica, a nivel mayorista, y para el gas natural en su punto de ingreso a los gasoductos. Según el Reporte de Tarifas y Subsidios, este gasto experimentó una baja de 47 puntos en 2025 respecto de 2024, alcanzando solo el 63% en comparación con el período anterior.
En sus consideraciones generales, que se centran en los consumos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el informe destaca que «los subsidios a la energía y el transporte representaron el 6,4% de los gastos primarios de la Administración Nacional acumulados al mes de noviembre».
El mismo documento especifica que «la reducción de subsidios en once meses fue de $ 0,87 billones mientras que el superávit se incrementó en $ 3,1 billones en el mismo periodo». Esta afirmación permite concluir que «más de un tercio de la mejora en el superávit se explica por la reducción de subsidios, principalmente a la energía». A cierre del ejercicio, los subsidios nominales totalizaron $ 6,7 billones, mientras que en moneda constante de diciembre ascendieron a $ 7,4 billones, según las precisiones del informe.
El trabajo detalla una merma en las transferencias de recursos del tesoro nacional a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) y al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARSA), con reducciones del -15% y -18% respectivamente.
Estas transferencias, cabe recordar, históricamente han contribuido a abaratar el costo de la energía eléctrica y el gas natural por redes para los usuarios residenciales. Adicionalmente, se constató «una reducción del 43%» en los subsidios destinados al agua potable y cloacas, así como al transporte público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su conurbano bonaerense. En perspectiva, los subsidios actuales son 77% más bajos que el pico registrado entre junio de 2021 y el mismo mes de 2022.
La nueva política de subsidios: de la segmentación a la focalización
El Gobierno nacional ha delineado un cambio de paradigma en la política de subsidios, redefiniendo los criterios para sus beneficiarios en los próximos dos años. El propósito central es profundizar los recortes, especialmente en segmentos de la clase media, mediante el abandono del esquema de «segmentación de la demanda».
A partir de enero de 2026, se implementará la «focalización» de las ayudas estatales, un proceso que será gradual y se extenderá hasta parte de 2027. La actual clasificación de usuarios residenciales en niveles N1 (ingresos altos), N2 (ingresos bajos) y N3 (ingresos medios) se modificará con el fin de que los usuarios asuman una proporción mayor del costo real de los servicios.
Actualmente, el promedio de los hogares cubre solo el 60% de los costos de generación, transporte y distribución de la energía eléctrica; la administración busca elevar este porcentaje al 85%. La meta es que los usuarios sin subsidios cubran el 100% de dichos costos, mientras que aquellos con algún tipo de ayuda se acerquen progresivamente a esos valores.
Para acceder o mantener los subsidios, se establecerán límites estrictos, como no superar los 3,6 millones de pesos (equivalente a tres canastas básicas) por grupo familiar, y no poseer más de una propiedad, entre otros requisitos.
El impacto regional: el escenario en Santa Fe
El informe de la UBA y el CONICET dedica un apartado específico a la Provincia de Santa Fe, detallando la composición tarifaria para los distintos segmentos de usuarios residenciales. Para los usuarios N1, el costo de los kilovatios consumidos representa el 28% de sus tarifas finales, mientras que el 37% se destina al pago de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y el 35% a impuestos de diversa índole, principalmente el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
En contraste, los hogares clasificados como N2, de menores ingresos, destinan solo el 13% de sus boletas al consumo de kilovatios. Este segmento, que abonará el 39% en impuestos, posiblemente mantenga su nivel de subsidios, aunque resta definir el futuro del 48% correspondiente al costo fijo del servicio de distribución (Valor Agregado de Distribución o VAD), que aumenta con consumos superiores a 240 y 400 kw/h.
Por último, el sector N3, que comprende a los usuarios de ingresos medios, se perfila como el más afectado por la reconfiguración de subsidios. Para ellos, el insumo energético representa el 24% de la tarifa, mientras que la EPE capta el 38% y un porcentaje similar se destina a impuestos.
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