En un comunicado, la Fatap advierte que el cambio en el transporte urbano de pasajeros de la capital entrerriana sienta un precedente “grave y riesgoso” a nivel nacional. Por su parte los usuarios del nuevo servicio disfrutan de colectivos 0 Km, con aire acondicionado y respeto a los horarios establecidos.
La eliminación de los subsidios al interior del país por parte del gobierno nacional agudizó la crisis del sistema que rige en las principales capitales provinciales y, a criterio de este periodista, la propuesta del gobierno municipal de Paraná aparece como una respuesta seria y con consenso absolutamente amplio de los sectores institucionales, políticos como también de los demás actores sociales involucrados.
Si bien resulta prematuro considerar como exitoso al nuevo transporte sería importante que quienes fracasaron o prestaron deficientemente el servicio tampoco se adelanten a considerarlo como algo grave y riesgoso a nivel no ya local sino nacional.
En relación a los recientes cuestionamientos expresados por la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), sería importante aclarar a la sociedad que el proceso de licitación y adjudicación de la concesión del transporte urbano en Paraná fue público, transparente y con condiciones claras previamente analizadas por autoridades del Municipio, Concejo Deliberante y audiencias públicas.
Asimismo, las críticas a las presuntas “nuevas arquitecturas regulatorias” que cuestiona Fatap como también a una “rotura de igualdad entre oferentes”, omiten reconocer que las reglas, obligaciones y criterios de evaluación estaban claramente establecidas en los pliegos desde el llamado a licitación y fueron aplicadas de manera equitativa entre todos los oferentes.
La igualdad no se rompe por el hecho de cambiar concesionario si el proceso de selección fue abierto y competitivo; esto es justamente la base de una licitación pública. Todos los participantes presentaron sus ofertas en igualdad de condiciones, y en igualdad de condiciones se mantuvieron a lo largo de todo el proceso, habiendo incluso uno de los oferentes retirado su propia presentación.
Según Fatap, desde el punto de vista jurídico, resulta inadmisible trasladar el costo de la carga salarial al prestador saliente, pero ¿qué empresa seria no prevería en su gestión el orden financiero para atender sus compromisos con los empleados a su cargo, máxime sabiendo que tiene un contrato de concesión con fecha cierta de finalización? ¿por qué debería una autoridad de cualquier jurisdicción asumir el compromiso que en realidad corresponde al empleador? ¿por qué debería una nueva empresa asumir los pasivos de otra si no existe traspaso ni continuidad, sino una nueva concesión?
Es fácil ser financieramente irresponsable si luego se pretende trasladar los déficits a terceros y/o que los mismos sean solventados por los propios paranaenses a través del pago de sus impuestos, o bien por medio de incrementos de tarifa para atender el cuidado del patrimonio de las empresas salientes.
Es fundamental precisar que no se produjo un traspaso del servicio anterior. Se trata del inicio de una nueva concesión, no de la continuidad automática de la anterior, razón por la cual no corresponde trasladar pasivos laborales de un sistema que finalizó hacia uno que comienza bajo nuevas condiciones contractuales conocidas por todos los oferentes.
Parecería que la posición de Fatap refleja más una cuestión política que una defensa genuina de intereses empresariales del sector en su conjunto. No expresa una posición sectorial homogénea ni generalizada, por lo que cabe rechazar ampliamente cualquier intento de distorsionar o politizar procesos legítimos, transparentes e históricos orientados al bien común.
Una gestión estructuralmente deficitaria, como la que estuvo vigente hasta diciembre del 2025, no protege derechos: los pone en riesgo.
La verdadera competitividad y sustentabilidad del sistema se construyen con eficiencia operativa, equilibrio financiero y responsabilidad tanto empresarial como de las autoridades, no con la acumulación de déficits que terminan afectando tanto a trabajadores como a usuarios.
Por ello, no corresponde a la autoridad ni a empresas entrantes –y mucho menos a los usuarios– que asuman las irresponsabilidades y negligencias resultantes de una prestación que no supo ser administrada por quienes en su momento fueron concesionarios.
El nuevo sistema, ya en funcionamiento, ha cumplido con las condiciones establecidas en el pliego de licitación, las cuales se enfocaron siempre en contar con un servicio de calidad que la ciudad y los paranaenses merecen.
El tiempo dirá si la alternativa puesta en marcha es una solución a la crisis del sistema o algo grave y riesgo a nivel nacional.
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