El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Juan Malvasio, dio a conocer este lunes 13 de abril su resolución respecto del acuerdo de juicio abreviado que le presentaron los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, y los defensores Franco Azziani Cánepa y Andrés Bacigalupo, que asistieron al exsubsecretario de Presupuesto y Finanzas de Entre Ríos, Luis Erbes, quien fue procesado e imputado por cuatro hechos cometidos en el contexto del legajo que se conoció como Causa Coimas; Relevamiento Catastrales, por el nombre de la empresa investigada; y la causa del Paraguayo, por la nacionalidad del empresario Diego Armando Cardona Herreros, que sigue vinculado al proceso junto con el exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri.
En la resolución se señaló que Erbes participó en las distintas contrataciones que fueron reseñadas con la empresa Relevamientos Catastrales SA “con un claro propósito de favorecerla, con el único objetivo de obtener un beneficio patrimonial junto a otros funcionarios públicos”.
Erbes, alias Ruso, de 62 años, con estudios universitarios, contador, reconoció en una audiencia que se realizó el 31 de marzo, que fue el autor de cuatro hechos que se subsumieron en las calificaciones legales de Cohecho pasivo en calidad de autor, primer hecho; Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de participe primario, segundo hecho; Fraude a la administración pública, en calidad de participe primario y Cohecho pasivo, en calidad de autor, en concurso ideal; Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de participe primario; Fraude a la administración pública, en calidad de participe primario y Cohecho pasivo, en calidad de autor, todas en concurso ideal, tercer hecho; y Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de participe primario; Fraude a la administración pública, en calidad de participe primario y Cohecho pasivo, en calidad de autor, también en concurso ideal, cuarto hecho. Todos los hechos fueron reunidos bajos las reglas del Concurso Real.
ÁNIMO DE LUCRO
Este lunes, el juez homologó el acuerdo que consistió en la condena a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua. Asimismo, deberá cumplir con normas de conducta por el plazo de tres años, entre las que se encuentra que deberá realizar trabajos no remunerados en una institución de bien público que designe la OMA por plazo 96 horas anuales. En la resolución se consignó que “al estar plenamente acreditado que los hechos atribuidos fueron cometidos con ánimo de lucro se impondrá la imposición de pena de multa para el imputado por la suma de $360.000”.
El juez evaluó los innumerables mensajes de Whatsapp y correos electrónicos que se obtuvieron del secuestro de los celulares y dispositivos electrónicos de los imputados. Así, consideró que “esto es demostrativo que tanto el imputado Erbes como los demás funcionarios públicos que fueron mencionados, planificaron la licitación pública previo a la formalización de la misma con el responsable de la firma Relevamientos Catastrales, confeccionando los requisitos a medida a fin de que pueda ser adjudicataria. Lo afirmado se fortalece con la prueba recolectada a lo largo de la Investigación Penal y que fuera valorada por la fiscal, al leer otro correo electrónico…”.
El juez consideró a aquella evidencia como “prueba irrefutable que no hace más que confirmar que el retorno (dádiva) que percibió el imputado Erbes, fue por su intervención indispensable para que Relevamientos Catastrales sea la empresa adjudicataria de las contrataciones en los procesos licitatorios, vinculados a la provisión de software para la administración pública, causándole dicho accionar un perjuicio patrimonial al Estado Provincial”.
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