El Ministerio de Seguridad de Santa Fe informó que solo el viernes último se recibieron 65 denuncias o incidencias vinculadas a amenazas en diferentes escuelas de la provincia. La información fue revelada en conferencia de prensa este lunes por el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni.
Acompañando al ministro Cococcioni estuvieron su par de Educación, José Goity, y la subsecretaria de Salud Mental, Liliana Olguín. Los funcionarios ratificaron la firme postura adoptada por el Gobierno provincial frente a esta problemática: las leyendas que plantean situaciones amenazantes, surgidas de retos a través de redes sociales, «son hechos intimidatorios y constituyen delitos; no son broma, implican consecuencias».
Llamado a la responsabilidad colectiva
El ministro Goity detalló el accionar de su cartera: «Desde Educación estamos en contacto permanente con todas las áreas regionales y supervisores, brindando pautas respecto de cómo abordar esta problemática y las consecuencias que esto genera». Subrayó la seriedad del asunto: «Este tipo de amenazas no son una broma; implican un delito tipificado en el Código Penal de la Nación y trae consecuencias, no solo para los estudiantes sino para la propia familia».
Goity advirtió que «esto es una responsabilidad colectiva. Es un fenómeno global, nacional, pero es una responsabilidad social y colectiva». En este contexto, hizo un llamado directo a las familias para «el acompañamiento y seguimiento. Todos tenemos que involucrarnos. Esto parece una broma, pero está muy lejos de serlo», reiteró.
La seriedad de las «huellas» legales
En la misma línea, el ministro Cococcioni enfatizó que el Estado toma estas amenazas «con la mayor seriedad». En este marco, ratificó que el pasado viernes se registraron «65 incidencias de amenazas en todo el territorio, lo que genera una doble intervención». Explicó el procedimiento: «Cuando estamos en presencia de un hecho con apariencia delictiva, se trabaja con el MPA y se realizan todos los procedimientos pertinentes, ya sea con eventuales detenciones o secuestro de materiales».
El funcionario destacó la delicadeza de los casos que involucran a menores: «Muchas veces se resguarda la información porque estamos en presencia de menores de edad. Pero aún así, estamos ante la presencia de hechos delictivos; aquí hay delito y aun cuando sean personas no punibles, una investigación o causa penal en el marco del Código Procesal Penal Juvenil deja huellas para la persona que no son agradables». Ejemplificó que «lo que se plantea como broma después genera problemas a la hora de obtener un certificado de buena conducta o para viajar al exterior».
Insistió en que «hay consecuencias que tal vez no son advertidas al inicio (de la broma) pero son sufridas después por la familia a cargo y por los propios menores. Por eso suele aparecer, después del hecho, un fuerte arrepentimiento. Esa actitud reflexiva debiera tener lugar de manera colectiva, más allá de la actuación que deriva de la ley penal juvenil».
Recursos y búsqueda de resarcimiento
El ministro Cococcioni insistió en la necesidad de prevenir este tipo de situaciones, ya que demandan al Estado una erogación importante de recursos. «Esto implica recursos en un doble sentido: primero, porque cuesta recursos económicos; y segundo, porque indirectamente se afecta a la seguridad, ya que se resta patrullaje de lugares que lo necesitan».
Sobre esta base, el ministro reveló que, por orden del gobernador, se ha instruido al Área Legal y Técnica para que, en coordinación con Fiscalía de Estado, interponga acciones de resarcimiento de los daños en aquellos casos en que las personas identificadas sean punibles o no. «Para que tengamos idea, un operativo básico y elemental por despliegue policial, teniendo en cuenta combustible, movilidad y horas del personal, cuesta entre 5 y 6 millones de pesos», ejemplificó. Sentenció: «No podemos permitir que esto lo paguen todos los santafesinos; vamos a perseguir el cobro a quienes sean responsables en cada uno de esos casos».
A propósito de lo sucedido en la ciudad de San Cristóbal y consultado sobre la posibilidad de que se realicen «ciberpatrullajes» en Santa Fe, Cococcioni sostuvo que «en principio, aquí no se da ese debate porque ya hay actividades de inteligencia reguladas en tres leyes distintas». Concluyó que «estos dispositivos se tienen que ir adaptando a los nuevos desafíos de la realidad. Seguramente habrá que refinar algunas herramientas para llegar a estos desafíos que hace algunos meses no estaban en la agenda de un plan de gobierno».
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