Un ex encargado de una tradicional confitería de Esperanza, imputado por sustraer cerca de 20 millones de pesos mediante la manipulación del sistema informático, accedió a medidas alternativas a la prisión preventiva en Tribunales de Santa Fe. El acuerdo incluye una reparación económica para la víctima y el avance del caso hacia un juicio abreviado.
La libertad tras un acuerdo millonario
Un empleado gastronómico, imputado por desviar una suma cercana a los 20 millones de pesos de una tradicional confitería ubicada en la ciudad de Esperanza, recuperó la libertad el pasado viernes 24 de abril. La medida se concretó luego de que el hombre se comprometiera a restituir el monto defraudado, en el marco de un acuerdo de juicio abreviado. La audiencia tuvo lugar en los Tribunales de Santa Fe, bajo la dirección del juez penal Nicolás Falkenberg.
El inicio de la investigación y la aprehensión
El expediente se remonta al 11 de abril, cuando el ahora imputado, identificado como E.D.D. y de 35 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, se presentó en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) del departamento Las Colonias, donde fue aprehendido. Su detención se produjo como resultado de una investigación iniciada a partir de la denuncia formulada por el propietario del comercio gastronómico, quien advirtió serias irregularidades en el manejo de la caja del negocio.
La mecánica de la defraudación
Según la tesis fiscal, sostenida por el fiscal Alejandro Benítez, E.D.D. habría manipulado el sistema informático de la confitería durante aproximadamente un año, específicamente entre enero de 2025 y enero de 2026. En su rol de encargado de turno, el imputado tenía acceso privilegiado al control del flujo de dinero. Esta posición le habría permitido eliminar registros de ventas, comúnmente denominados «borrar mesas», para luego apropiarse del efectivo correspondiente al momento del cierre de caja. La maniobra, de acuerdo con la acusación, generó un perjuicio económico cercano a los 20 millones de pesos. No obstante, la defensa, a cargo de los abogados Alejo Almirón Petrone y Clemente Rodríguez, sostuvo desde el inicio del proceso que el monto real sería inferior al estimado por el Ministerio Público de la Acusación.
El proceso judicial y las medidas alternativas
En la audiencia imputativa, celebrada el 17 de abril, el fiscal Benítez presentó diversas pruebas, incluyendo la denuncia de la víctima, testimonios, informes financieros, extractos de movimientos de cuentas bancarias y billeteras virtuales, además del resultado de un allanamiento ejecutado en el domicilio del acusado. Inicialmente, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva, por lo que E.D.D. permaneció detenido una semana más. Sin embargo, en la audiencia del 24 de abril, las partes arribaron a un acuerdo que posibilitó sustituir la medida de coerción por alternativas a la privación de la libertad. El juez Falkenberg evaluó las condiciones pactadas, que incluyen la fijación de domicilio en la provincia de Entre Ríos, la obligación de firmar mensualmente en la comisaría de la localidad de Bovril, la prohibición de portar armas y consumir estupefacientes, y una restricción de acercamiento y contacto con el lugar del hecho, la víctima y los testigos. Un factor determinante para la concesión de la libertad fue el compromiso asumido por el imputado de efectuar una reparación económica total de 20 millones de pesos, monto reclamado por el damnificado.
Hacia la condena condicional
Los defensores Alejo Almirón Petrone y Clemente Rodríguez explicaron que el acuerdo de juicio abreviado ya fue presentado y rubricado por las partes, restando aún su tratamiento formal en una audiencia próxima. En este marco, el dinero ya entregado por E.D.D. opera como un adelanto de la reparación acordada. De prosperar el trámite, el imputado podría recibir una condena de un año de prisión de ejecución condicional por el delito de defraudación por administración fraudulenta, lo que evitaría el cumplimiento efectivo de la pena en un establecimiento carcelario. El caso, que generó una fuerte repercusión en la ciudad de Esperanza al involucrar a un tradicional comercio gastronómico, transita ahora su etapa final, a la espera de la audiencia donde se definirá la admisibilidad del acuerdo y la eventual sentencia.
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