El Poder Ejecutivo de Santa Fe, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, remitió a la Legislatura un proyecto de ley que propone once reformas sustanciales a seis normas clave en materia de seguridad. La iniciativa, que modifica el Código de Procedimiento Penal, la Ley Penitenciaria, la de Inteligencia y la de Recompensas, busca endurecer los métodos contra el crimen organizado y ya genera debate en el ámbito político santafesino.
El ambicioso proyecto de seguridad de Santa Fe llega al Gabinete
El proyecto de ley que propone once reformas significativas en materia de seguridad pública para la provincia de Santa Fe será presentado en la reunión de gabinete de este lunes. El encuentro, que se realizará en la ciudad capital, será encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro.
La propuesta del Poder Ejecutivo ingresó el pasado jueves a la Legislatura provincial a través de la Cámara de Diputados. Previamente, la semana anterior, los ministros de Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Gobierno, Fabián Bastía, habían expuesto los lineamientos generales de la iniciativa a un grupo de legisladores oficialistas.
A pesar de su reciente ingreso, el texto ya genera un intenso debate en el seno de Unidos, la coalición gobernante. Fuentes consultadas por El Litoral anticiparon que el proyecto «saldrá con muchos cambios», principalmente debido a la intención de la Casa Gris de introducir modificaciones al actual Código de Procedimiento Penal (CPP), entre otras normativas, que endurecen los métodos y procedimientos aplicados.
Más allá de las enmiendas al CPP, la iniciativa sugiere modificaciones al régimen penitenciario, al sistema de inteligencia, al programa de recompensas y una ampliación de las facultades policiales para situaciones específicas. En sus considerandos, el proyecto subraya que «no todos los contextos delictivos son equivalentes», por lo que busca «introducir herramientas específicas para supuestos de criminalidad organizada, violencia estructural y situaciones de urgencia operativa».
Cambios en la Declaración Informativa e Interrogatorio Policial
El mensaje del Poder Ejecutivo propone reformas a la «declaración informativa e interrogatorio policial». Se restituye la figura de la declaración informativa para agilizar la recolección de datos en las fases iniciales de la investigación penal. El objetivo es evitar la declaración bajo juramento de personas que, en etapas posteriores, podrían ser imputadas, en momentos donde aún es prematuro definir su rol procesal. Asimismo, la reforma busca «eliminar la presencia del defensor como condición ineludible para la declaración del imputado».
Juicio Penal en Rebeldía
Se amplía la posibilidad del juicio penal en rebeldía, bajo la premisa de que «no se viola el derecho de defensa, si la persona es debidamente notificada de la causa en su contra, quedando a su criterio la posibilidad de comparecer a defenderse o no hacerlo, debiendo soportar en este último caso las consecuencias de su contumacia». El proyecto contempla la revisabilidad de la condena en rebeldía y regula la aparición tardía del imputado, en caso de invocar motivos atendibles para justificar su incomparecencia.
Flexibilización de la Validación Probatoria
Se regulan expresamente nuevos supuestos de admisibilidad de pruebas en un proceso, funcionando como excepción a la regla de exclusión y a su efecto extensivo. Esta medida busca otorgar mayor flexibilidad en la aceptación de pruebas en un juicio, superando posibles criterios dispares de los tribunales.
Allanamiento Automático por Secuestro de Armas en Vía Pública
Se incorpora el secuestro de armas de fuego y otros materiales controlados en la vía pública como supuesto de allanamiento sin orden judicial previa. El fundamento es que aguardar la indicación judicial «da lugar a ocultamiento y consiguiente pérdida de la evidencia».
Derribo de Inmuebles por Orden Fiscal
Se introducen supuestos excepcionales que facultan a la Fiscalía a ordenar, por su propia autoridad, la inactivación física de inmuebles utilizados para microtráfico y otros delitos. Según el proyecto, «se pretende desjudicializar el accionar estatal en casos de extrema obviedad, donde median razones de seguridad y salubridad que no admiten demora ni litigiosidad posible al respecto».
Medidas Coercitivas por Decreto Fiscal
La iniciativa busca «optimizar la capacidad de respuesta del sistema penal mediante el uso racional y proporcional de medidas coercitivas», priorizando un criterio diferido para aquellas que no implican privación de libertad. La Fiscalía «podría imponer medidas coercitivas no privativas de libertad mediante decreto fundado, configurando una herramienta menos gravosa desde el punto de vista de los derechos individuales». El proyecto aclara que «no se afecta el derecho de defensa, sino que reconfigura temporalmente su ejercicio».
Procedimiento por Decreto Penal
Se incorpora un procedimiento por decreto o mandato penal para casos contravencionales y de criminalidad de bajo impacto, con la salvedad de que no aplicará para penas que impliquen privación efectiva de la libertad.
Régimen Agravado para Internos de Alto Perfil
Se establece un régimen agravado para internos de alto perfil que ordenen delitos graves desde la cárcel. Estos serán sometidos a medidas de aislamiento extremo y se suspenderán los privilegios de visita física, garantizándose solo el contacto familiar a través de correspondencia epistolar sujeta a fiscalización.
Fortalecimiento de las Actividades de Inteligencia
El proyecto incorpora expresamente las actividades de espionaje digital y electrónico al repertorio de fuentes del sistema de inteligencia. «La medida pretende fortalecer las capacidades estatales anticipatorias en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la seguridad colectiva», argumenta el texto.
Ampliación del Programa de Recompensas
Se amplía el programa de recompensas, facultando a los órganos ejecutivos a realizar ofrecimientos fuera del marco investigativo y con propósitos preventivos o de seguridad pública.
Zonas de Intervención Policial Especial
Como derivación de la facultad genérica de demora en averiguación de antecedentes, se propone que los órganos ejecutivos puedan intervenir policialmente una zona determinada en función de los indicadores de criminalidad. Esto podría habilitar facultades de excepción dentro de dicha área para la regulación del espacio público y la circulación de personas, reforzando las prohibiciones con una norma contravencional específica.
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