Según la defensa de uno de los acusados, se realizó la pericia a un testigo del cual se había informado que estaba bajo tratamiento médico. También porque es familiar de aquel y no se le informó que podía abstenerse de declarar. Fiscalía lo rechazó. Dijo que la entrevista fue legal y que estuvo asistido por un abogado aun cuando no estaba imputado.
La defensa de uno de los imputados que queda de los 32 iniciales que comenzaron a ser investigados en el legajo que pretende esclarecer la presunta sustracción de alrededor 50.000.000 millones de dólares –a valores actualizados- de la Legislatura provincial, durante la década 2008-2018, mediante la celebración de contratos de locación de obra en las Cámaras de Senadores y Diputados de la provincia, pidió la exclusión de una pericia caligráfica a un testigo que informó que estaba bajo tratamiento psiquiátrico.
También precisó que el testigo también informó que es familiar en segundo grado, es cuñado, de uno de los imputados. Así, la defesa destacó que no fue informado del derecho a abstenerse de declarar contra un familiar, aunque aclaró que este no era el motivo fundamental del pedido de exclusión. La jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, dará a conocer su resolución al final de la audiencia de remisión de la causa a juicio.
Para ordenar el proceso, la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, fijó una regla estricta: las oposiciones respecto a la pertinencia de las pruebas se deben realizar de manera individual, concreta y particular. Bajo esta dinámica, las defensas vienen jugando su partido; de hecho, cada vez que se mencionan informes informáticos, los abogados plantan sus reservas. El motivo es que aún está pendiente de resolución un recurso de queja extraordinaria presentado ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
¿Informal?
La defensa sostuvo el pedido en los informes de los profesionales de la salud mental que abordaron al testigo –que es uno de los contratados cuyo contrato se investiga- que diagnosticaron un severo cuadro que le impediría estar en un debate. Recordó que en el momento de una “entrevista informal” que mantuvo en Fiscalía informó que estaba bajo tratamiento psiquiátrico ambulatorio, pero que en ese momento no tenía “el papel” que lo acreditaba.
La defensa entiende que el testigo debe ser excluido del debate en esta instancia, en tanto que los fiscales entienden que debe llegar al juicio y el Tribunal corroborar la situación y resolver sobre si procede su exclusión.
Fiscalía entendió que el pedido “es extemporáneo, por anticipatorio”, defendió que no fue ilegal, que el cuerpo de escritura para corroborar que la firma en un contrato a su nombre era de su puño y letra, aun cuando había reconocido que sí lo era, se realizó con la presencia de un abogado, incluso cuando no está imputado, y que fue una medida que se realizó tomado recaudos.
Prueba mutilada
En la jornada también se abordó la incorporación de una profusa evidencia y los testigos que declararán en relación a aquella. Se trató de los contratos y de información solicitada a las Cámaras de Diputados y Senadores y a organismos de recaudación, para tener información sobre la situación patrimonial e impositiva de los imputados.
Las defensas se opusieron. Se señaló que Fiscalía introduce a través de aquellos informes a personas que no están vinculadas al legajo o que resolvieron su situación con salidas alternativas al debate y pidieron el desglosamiento de cada uno. Fiscalía respondió que los informes “vienen a paquete cerrado” y que era correcto diferenciar a las personas que no están sometidas al proceso. La jueza le ordenó que debe proceder a diferenciar a los imputados de los no imputados.
Otro punto de debate se originó con los contratos en sí. Fiscalía pretende introducirlos sin más, en tanto que las defensas entienden que solos no son una prueba completa sino una “mutilada”. Recordaron que vienen solicitando que se incorpores los expedientes de cada contrato porque con aquella documentación se puede reconstruir el proceso, que termina en el contrato y así conocer quiénes tomaron parte en él. Las defensas se opusieron a la introducción que instó Fiscalía.
Dinámica compleja
La complejidad de la documental, su abundancia y las interpretaciones que hacen las partes de aquella le dan densidad a la discusión. En este sentido se puede observar a una jueza muy dispuesta a llevar el debate con severidad y dinámica. Sin embargo, en algunas ocasiones aquel deseo bienintencionado no opera así y una defensa lo dejó en claro.
Fue cuando se planteó una oposición y la jueza interrumpió el fundamento que comenzaba a desarrollar el defensor, que se molestó visiblemente y le señaló a la jueza que no dejaba hablar a las defensas.
En la jornada también se instó la incorporación de informes de ATER sobre la situación patrimonial de los imputados, algunas pericias contables y se difirió la discusión de la incorporación de evidencia de la que Fiscalía pidió tiempo para “chequear”. En este sentido fue notable, e incluso la jueza lo exteriorizó con un gesto de disimulado fastidio, la demora que generó Fiscalía en el debate por el tiempo que le insumía bajar los archivos con los informes que pretendía incorporar.
Lo que viene
Se prevé que el Ministerio Público Fiscal culmine con la presentación de su andamiaje probatorio en las próximas horas. De no mediar imprevistos, la semana que viene será el turno de las defensas, quienes comenzarán a poner sobre la mesa y agregar sus propias evidencias para intentar derribar la hipótesis acusatoria. El camino al juicio oral más impactante de los últimos años en la provincia sigue sumando capítulos de alta tensión jurídica.
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